Presidencia y Sanidad buscan un perfil técnico y conocedor de la casa para gestionar el Servicio Canario de Salud (SCS) en los seis meses que quedan de legislatura. La salida de Conrado Domínguez vuelve a dejar a la Consejería de Sanidad al pie de los caballos en un momento clave para el departamento por los varios frentes que tiene abiertos, lo que también dificulta elegir a un sucesor que dé continuidad a la gestión llevada a cabo hasta ahora y que sirva de transición hasta la configuración del nuevo Gobierno que salga de las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Las preferencias están entre los actuales cargos públicos de la Consejería o un gerente de alguno de los hospitales canarios, con el fin de que pueda ponerse al día de inmediato y tenga experiencia en gestión sanitaria.
El pacto afronta una nueva crisis interna en Sanidad a seis meses de las elecciones
El Gobierno no quiere que se dilate en el tiempo el nombramiento por la premura de los asuntos a gestionar y por eso el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, adelantó que la previsión es que la designación vaya al Consejo de Gobierno de la próxima semana. Torres indicó que es "previsible" que haya un nombre cerrado para el próximo jueves, subrayando que la decisión se tomará de forma "colegiada" pues al presidente solo le compete el nombramiento de los consejeros de Gobierno, aunque es el que tiene la última palabra como ya la tuvo en las anteriores crisis de la Consejería de Sanidad.
La dimisión del cuarto director que ha tenido el SCS desde que comenzó la legislatura lleva de nuevo la inestabilidad al departamento con mayor presupuesto y personal de la Comunidad Autónoma. Antes de Domínguez pasaron por el puesto Blanca Méndez, Antonio Olivera y Alberto Pazos y ahora, en la recta final de la legislatura, se trastocan los planes de Torres de tener un final de mandato más tranquilo para vender la gestión del pacto de cara al proceso electoral del próximo año. Sin embargo la legislatura termina como empezó, es decir, con una nueva convulsión en Sanidad ya sea por motivos externos -pandemia, colapso de urgencias, listas de espera, falta de personal- o internos debido a causas políticas o de gestión, ahora agravadas con la instrucción judicial que implica al ya exdirector del SCS.
El pacto quiere alejar al nuevo responsable del Servicio Canario de Salud de las cuotas políticas y centrarse en la gestión sanitaria. Sin embargo, los socialistas tinerfeños han solicitado a Torres que la persona elegida para sustituir a Conrado Domínguez sea de Tenerife aunque manteniendo la directriz de que sea un conocedor del SCS, tanto técnico cualificado vinculado al departamento o un gerente hospitalario de la isla. Sobre la mesa está terminar de negociar antes de finalizar el año los procesos de estabilización del personal en el que se juegan su puesto de trabajo hasta 12.000 sanitarios, poner en marcha unos presupuestos récord en 2023 con cerca de 3.800 millones de euros y atajar los crónicos problemas que acumulan las urgencias hospitalarias, obras básicas para mejorar los servicios sanitarios y reducir las listas de espera, además de seguir gestionando el proceso de vacunación y control del Covid.
Respaldo sindical
Desde el ámbito sindical y profesional también se demanda un especialista en el sector sanitario público para coger las riendas del SCS. Los sindicatos mayoritarios -UGT, CCOO y Cemsatse- han solicitado una reunión para la próxima semana con el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ante la inquietud que ha provocado el cese de Domínguez. Las centrales sindicales respaldan la gestión del exdirector del SCS, de hecho también lo hicieron antes de las elecciones autonómicas de 2019 cuando mostraron su apoyo explícito a la gestión de Conrado Domínguez en su etapa al frente del SCS en el equipo del exconsejero José Manuel Baltar. Ahora, y en las postrimerías del año, valoran el talante negociador de Domínguez y los avances logrados para facilitar la estabilización del personal sanitario, que en algunos servicios sufre una temporalidad por encima del 60%.
El presidente del Gobierno no ha aclarado si forzó a Domínguez para que renunciara a su cargo o fue decisión propia. Torres recordó que el pasado jueves hubo "una declaración" en sede judicial del gerente de la empresa RR7, Rayco Rubén González, en la que aportó pruebas de conversaciones vía whatsapp con Domínguez, extremo que éste había negado, a raíz de la cual hubo "una reunión" entre él y el exdirector del SCS "para tratar lo que había manifestado" esta persona. Tras "esas conversaciones" y durante la celebración del Consejo de Gobierno llegó la carta de dimisión de Domínguez, ha abundado Ángel Víctor Torres, quien ha pedido "respetar las decisiones y todos los procesos", del mismo modo que "reconocer" la "labor indudable" del SCS durante la peor fase de la pandemia de covid-19 con Domínguez al frente. El presidente canario ha opinado que "no hay que buscar más cosas" en la salida de Conrado Domínguez y que "más claro" no puede ser.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes que «no» tenía conocimiento personal del expediente del contrato de mascarillas que se investiga judicialmente por una estafa de cuatro millones de euros durante la pandemia del Covid-19, ya que el material nunca se entregó al Gobierno regional.
El presidente Torres ve previsible que el nombramiento vaya la próxima semana al Consejo de Gobierno
El jefe del Ejecutivo expuso que tuvo conocimiento del contrato «en el momento en el que se publica. No había un conocimiento personal de ese expediente». En este sentido, matizó que el Gobierno canario «está personado» en este caso, sobre el que se ha decretado el secreto de sumario, por lo que subrayó que el Ejecutivo está «a disposición de aclarar todo», ya que la voluntad es «recuperar hasta el último euro».
A la espera de testificar
Torres dijo ayer en relación con el caso de las mascarillas que lo que ha habido es «una estafa» porque se pagaron cuatro millones de euros a una empresa y no llegó el material, un expediente por el que dijo que «lamentablemente» tiene que mostrar su «enfado», ya que durante la pandemia se hicieron «muchísimos» contratos para la adquisición de mascarillas y material necesario para afrontar la situación. En este sentido, al ser cuestionado por si se han revisado otros contratos, indicó que la Audiencia de Cuentas en las comunidades autónomas «ha ido requiriendo todos los expedientes y a partir de ahí se han tomado las decisiones que se han adaptado a la legalidad». En su caso está aún a la espera de testificar por escrito ante la Justicia, para lo que ha sido requerido por el juez. | R.A.D.
