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Los alcaldes disparan la obra pública en busca del voto de sus vecinos

La cercanía de los comicios lleva las licitaciones a máximos de los últimos 13 años bajo la amenaza de que la inflación impida inaugurar a tiempo las obras

Varios operarios durante las recientes obras de mejora de una zona de baño de Santa Cruz de Tenerife. | | CARSTEN W. LAURITSEN

Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. El próximo 28 de mayo se renuevan las alcaldías y las presidencias de los cabildos insulares. Y una vez más, casi como una tradición en vísperas de comicios, la licitación de obra pública local experimenta un notable incremento. Hay que darse prisa para poder inaugurar a tiempo la remodelación de la plaza del pueblo, el asfaltado de ese camino de tierra que tanto reclamaban los vecinos o la mejora de parterres y aceras. Una especie de fiebre estacional que sufren alcaldes, concejales, presidentes y consejeros y que esta vez se agrava por la inflación. La extraordinaria subida de los precios y la consecuente carestía de los materiales de construcción han dado lugar a que muchas licitaciones se queden desiertas, con lo que hay que correr aún más que en ocasiones anteriores por si la búsqueda de una empresa o de un trabajador autónomo dispuesto a ejecutar los trabajos se complica más de lo previsto. Se juntan así varios factores –las prisas por quedar bien ante los ciudadanos, los contratos que en su día resultaron desiertos y se han quedado en cola y el miedo a no encontrar empresas que lleven a cabo el encargo– para que el montante de las licitaciones de las entidades locales esté en Canarias en máximos de los últimos 13 años.

A lo largo de 2022, y en concreto entre enero y septiembre –que es hasta donde abarca la estadística de Seopan, la patronal de las grandes constructoras del país–, cabildos y ayuntamientos, en conjunto, sacaron obras a concurso público por un montante de 493 millones de euros. La cifra por sí sola no dice gran cosa pero es a todas luces extraordinaria. Tanto que para encontrar un ejercicio en el que las corporaciones insulares y municipales hayan licitado contratos de obras por un montante superior a estas mismas alturas de año hay que remontarse a 2009. Ese año, el segundo que discurrió sumido de lleno en la crisis financiera, las entidades locales de la Comunidad Autónoma ofertaron hasta septiembre contratos de obra por un total de casi 505 millones de euros, ligeramente por encima de la suma del actual ejercicio.

492,9

2022

Entre enero y septiembre de este año, cabildos y ayuntamientos, en conjunto, licitaron obras por un montante de 492,9 millones de euros, según la estadística de la patronal Seopan.


504,6

2009

Para encontrar un ejercicio en el que las corporaciones locales sacaran obras a concurso hasta septiembre por un montante superior al de 2022 hay que irse a 2009 (505 millones).


452,8

2021

Las entidades insulares y municipales del Archipiélago licitaron trabajos a lo largo de los nueve primeros meses del año pasado por un total de 452,8 millones de euros.


313,1

2019

A las mismas alturas de 2019, el último ejercicio de bonanza antes del estallido de la pandemia de la covid, los contratos licitados por la Administración local sumaban 313,1 millones.


165,3

Agosto-septiembre

En solo dos meses, en agosto y septiembre, cabildos y ayuntamientos sacaron contratos de obra a concurso por hasta 165,3 millones, casi la misma cuantía que en todo 2015.

Sin embargo, los números de la licitación pública municipal de 2009 están dopados por el controvertido Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta 11.000 millones destinó el Gobierno socialista de entonces para que los ayuntamientos de toda España sacaran adelante inversiones que ayudasen a sostener la actividad y el empleo. Fue aquel momento en el que los alcaldes de medio país rebuscaban en los despachos y cajones de los consistorios para encontrar esos proyectos olvidados que al fin podían ponerse en marcha. No extraña así que se superasen los 493 millones de los nueve primeros meses de este año. De hecho, y dejando a un lado 2009 y el dopaje del Plan E, no es posible encontrar ningún otro ejercicio en la estadística de Seopan en el que las corporaciones insulares y municipales de Canarias licitasen obras entre enero y septiembre por más de esos 493 millones de este año. Se trata, por tanto, de una cantidad histórica.

De modo que la inminencia de la cita electoral y las consecuencias administrativas de la inflación, con esa larga cola de adjudicaciones que no encuentran adjudicatarios, se han combinado para que la licitación de obra local alcance un volumen al que no se llegó ni en los años de la burbuja inmobiliaria, cuando los ayuntamientos ingresaban dinero a espuertas.

Fondos europeos

Podría pensarse que ese extraordinario volumen de licitaciones en la Administración local canaria –los cabildos son entidades locales por más que su ámbito de acción sea insular– obedece, al menos en parte, a la inyección de los fondos europeos. Pero nada más lejos de la realidad.

La patronal de las grandes firmas españolas de la construcción calcula que de los 1.076 millones de euros que suman los contratos de obra licitados hasta septiembre por los cabildos, los consejos baleares y las diputaciones provinciales, apenas un 0,2%, menos de 2,2 millones, tiene el sostén de los fondos comunitarios. De modo que los dineros con que Europa quiere caminar hacia la economía del futuro aún no se notan en la inversión insular.

Y tampoco en la municipal. De los datos que maneja Seopan se desprende que de los más de 6.800 millones a que ascienden los proyectos licitados en lo que va de 2022 por los más de 8.000 consistorios del país, tan solo 46,3 millones de euros, un exiguo 0,68%, se van a costear con cargo a las arcas comunitarias. Así pues, aún habrá que esperar para ver en qué medida los fondos europeos llegan a las entidades locales.

Subida interanual

Por tanto, el factor del NextGeneration no está detrás de este récord de licitaciones de los cabildos y ayuntamientos. Sí lo están la inflación, el reciente historial de contratos desiertos y, claro, las elecciones. Sea como sea, lo cierto es que los 493 millones de euros contabilizados en los nueve primeros meses de este año suponen un incremento de un 9% con relación a los algo menos de 453 millones del mismo período de 2021. Y ello aun cuando 2021 ya fue más que positivo para la obra pública local, entre otras cosas porque muchas licitaciones se quedaron en suspenso en 2020 por la ralentización de la actividad administrativa en lo peor de la pandemia.

Es más, los 453 millones de enero-septiembre del año pasado, precisamente por los contratos que venían arrastrándose del ejercicio anterior, ya marcaron un máximo histórico, cuando menos si se deja el singular 2009 fuera de la comparación. Dicho de otro modo: las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma están en máximos sobre máximos. Solo en los dos últimos meses –agosto y septiembre– licitaron obras por hasta 165,3 millones. Es casi la misma cantidad que, por ejemplo, en todo 2015.

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