La Cámara avala el dictamen de la Renta Canaria que busca «romper las barreras» de la PCI

Los grupos del Parlamento de Canarias aprobaron ayer por unanimidad el dictamen sobre el proyecto de ley de Renta Canaria de Ciudadanía, que pretende «romper las barreras» de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), a la que sustituye, para llegar a más personas, sin límite de tiempo de percepción y compatible con otras prestaciones no contributivas.

El dictamen, que ahora pasará a pleno, fue ratificado en la comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Canarias, en la que todos los grupos coincidieron en alabar el consenso que ha suscitado el texto y que se ha traducido en cuestiones como la de cambiar el nombre inicial de «renta ciudadana» por el de «renta canaria de ciudadanía».

Por el grupo Popular el diputado Hipólito Suárez aludió al trabajo «serio y riguroso» para elaborar el dictamen, en el que prevalecieron «las ganas de unidad para un texto con el que nos identificamos todos para ayudar a las personas que peor lo están pasando».

El parlamentario se congratuló de que los grupos que apoyan al Gobierno han aceptado un 80% de las enmiendas presentadas por el PP, que mantiene para el pleno una en la que pide garantizar el presupuesto para que cada municipio tenga como mínimo un trabajador social para aplicar la ley, y que este número sea de cinco en localidades con más de 100.000 habitantes.

Cristina Valido, del grupo Nacionalista Canario, subrayó su interés en «no entorpecer ni poner problemas con un trabajo de máxima colaboración para que la ley salga adelante», pero objetó uno de los ejes principales de la norma, la consideración de la unidad de convivencia como núcleo central sobre el cual pivota el diagnóstico del trabajador social para determinar si una persona tiene derecho o no a la renta. Ello puede motivar que se excluya de la renta a un solicitante porque convive con sus padres o suegros y éstos son los propietarios de un inmueble gracias a toda una vida de ahorros, alertó la parlamentaria. Tampoco entiende que se haya rechazado una enmienda en la que pedía que los solicitantes efectuasen los trámites de forma tradicional y no solo por vía telemática.