El Estado salda la deuda en carreteras y firmará en enero la adenda para obra nueva

Es la tercera vez que se anuncia, pero solo ahora se puede considerar definitiva. El Gobierno de Canarias dio este martes por zanjado el pleito con el Estado sobre la deuda de más de 1.000 millones en materia de carreteras por la paralización unilateral por parte del Gobierno central de Mariano Rajoy (PP), entre 2012 y 2015, del convenio entonces en vigor, y anunció que las próximas semanas firmará con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que se desplazará a Canarias para ello, la adenda para actualizar el nuevo convenio e incorporar a él los 273 millones que quedan pendientes, que se sumarán a los 1.200 millones de inversión prevista hasta el 2025 aunque prologándose su ejecución dos años más, hasta el 2027.

El Ejecutivo regional hizo esta valoración tras conocer que el Consejo de Ministros aprobó la autorización para llevar a cabo este último paso de la firma de la adenda, que se ha venido aplazando varias veces desde mediados de año en tanto que ambas administraciones cerraban los flecos de cómo resolver los pagos, y de tener la certeza por parte de Canarias que todo la deuda sobre obra programada pero no ejecutada (407 millones) se podrían destinar a gasto corriente y no a amortización de deuda autonómica, como pretendía el Ministerio de Hacienda. Este último objetivo había quedado desbloqueado políticamente el pasado mes de septiembre por parte del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pero hasta ahora no se había cumplimentado el trámite administrativo y autorizados todos los pasos por parte del Consejo de Ministros.

La novedad, destacaron el presidente Torres; el vicepresidente, Román Rodríguez; y el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, es que el Gobierno central adelanta los 134 millones relativos a obra del anterior convenio que estaba ya ejecutada y pagada con fondos propios de la comunidad autónoma, de los 407 que iban a incorporarse a la adenda, y que ésta queda reducida a los 273 millones, cantidad con la que el nuevo convenio quedará fijado de manera definitiva en 1.407 millones. Recordaron en este sentido que el resto de la deuda hasta completar los 1.000 millones que establecieron las sentencias del Tribunal Supremo se van pagando en las anualidades de los sucesivos presupuestos estatales de los últimos años, 100 millones que ya se incluyeron en los del ejercicio pasado, 200 millones en los de 2022 ahora en vigor, y otros 200 millones programados en las cuentas estatales del próximo año que entrarán en vigor el 1 de enero.

Franquis explicó así que “la gran novedad del acuerdo del Consejo de Ministros es que adelanta esos 134 millones de obra ejecutada entre el 2018 y el 31 de diciembre de 2020 y que por tanto a día de hoy estaría saldada la deuda en lo que se refiere a la obra ejecutada”. Por tanto, añadió. “lo que queda pendiente, esos 273 millones, es lo que se incorpora a los 1.200 del actual convenio que pasa a tener 1407 millones, que es lo que va permitir llevara cabo cualquier obra que se pueda llevar a cabo ya sea del convenio anterior como actual”. Según dijo, el total de inversión en carreteras que finalmente recibirá Canarias durante el 2022 será de 419 millones.

“Hoy se resuelve un problema que si hubiésemos ido a la justicia para aclarar su ejecución, podíamos tener un varapalo con respecto a las obras no ejecutadas, porque la sentencia solo se refería a las obras comprometidas y ejecutadas. Por eso los 500 millones estaban garantizados y lo que hemos conseguido es que no vayan a superávit y sea para pagar deuda autonómica, y lo otro lo hemos conseguido con la negociación política e institucional”, resaltó a este respecto el presidente de Canarias. Román Rodríguez, por su lado, destacó que “en el acuerdo de investidura de Sánchez se firmó que se pagarían los 500 millones para gasto ordinario de la Comunidad Autónoma y que se buscaría una fórmula para que lo conveniado y no ejecutado también se transfiriera a Canarias. Hoy podemos decir que se cumple lo que dijimos y no era sencillo. El problema lo crea Rajoy de 2012 a 2015, no lo resuelve el Gobierno de Canarias entre 2015 y 2019, y lo resuelve este gobierno entre 2020 y 2022”.

Nuevo listado de actuaciones

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que gestiona Raquel Sánchez, señala a este respecto que el nuevo texto “incrementa un 22,7% el importe del convenio, suscrito en diciembre de 2018, hasta los 1.473 millones de euros, reajusta las anualidades de los pagos y modifica las actuaciones a financiar con los fondos.” y que “a través de este convenio, el Gobierno de España se compromete a una aportación plurianual para la construcción de carreteras en la comunidad autónoma de Canarias entre 2018 y 2027”, recordando que dicho documento ya fue modificado por una primera adenda rubricada el 18 de diciembre de 2019, para ajustar las anualidades a una planificación más realista de la ejecución de inversiones en el tiempo.

Resalta en este sentido que se redistribuirán los remanentes derivados de la inversión no ejecutada de las anualidades 2020, 2021 y 2022 en las anualidades 2024, 2025, 2026 y 2027, y que modifica el listado de actuaciones objeto de financiación, incluyéndose obras como las mejoras de seguridad en el Túnel de Los Roquillos en Hierro, la circunvalación Carrizal-Ingenio-Agüimes o la segunda fase de la remodelación del enlace GC-1 Ingenio (Las Puntilla-Burrero), en Gran Canaria; el acceso viario al Puerto de Gran Tarajal desde Cuchillete, en Fuerteventura; la variante de Vallehermoso, en La Gomera; la segunda fase del tramo La Grama -Aeropuerto - San Simón, en La Palma; la mejora conexión con Hospital de Lanzarote desde Circunvalación Arrecife, en Lanzarote, o la conexión con Puerto de los Cristianos, en Tenerife. También que se incorpora un nuevo anexo “que contemple las actuaciones incluidas en el anterior Convenio de carreteras de 2006 cuya inversión se ejecute a partir del 1 de enero de 2023, en términos de obligaciones reconocidas”.

Tanto Torres, como Rodríguez y Franquis destacaron el valor político del acuerdo logrado con el Estado a través de la “negociación política” entre ambas administraciones y recordaron las graves consecuencias para Canarias que supuso el incumplimiento del convenio por parte del anterior Gobierno estatal durante la etapa de Rajoy como presidente, insistiendo en las distintas formas de afrontar las crisis por parte de los diferentes ejecutivos estatales. “Las obras estaban adjudicadas a empresas en un acto gravoso que solo se hizo con Canarias. La sentencia fue contundente. Cuando un convenio se firma y hay obras ejecutándose no puedes acogerte a una crisis económica para incumplirlo sin negociar. Incumplía el REF, atacaba a las empresas, hacía peligrar empleo, perjudicaba a la economía canaria y fue pisotear a la comunidad autónoma”, valoró Torres.

Rodríguez, por su lado, aseguró que “el daño fue terrible porque hubo obras que quedaron paralizadas o se atrasaron, pero otras se ejecutaron con recursos propios en un momento en el que los recursos propios eran mínimos”. Recordó el vicepresidente y líder de NC que “esos 500 millones que adelantó Canarias en una etapa crítica se hizo a costa de otras competencias, incluidos los servicios públicos”. “No solo nos quitaron los 500 millones sino que hubo un coste de oportunidad porque había que terminar obras y hubo que quitar dinero a la educación o a la sanidad, hubo un sacrificio para la sociedad canaria y por eso no aceptamos que esos 500 millones fueran para amortizar deuda, porque no tendrían impacto en la vida de los canarios”.  

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