Los grandes municipios aceleran para reducir sus ‘malos humos’

Acaba de empezar el año y ya los ayuntamientos de los municipios más poblados tienen tarea pendiente para el 2023. Con la aprobación el pasado 27 de diciembre del real decreto que regula las zonas de bajas emisiones (ZBE), los consistorios de más de 50.000 habitantes ya no tienen excusas para no cumplir con la Ley de cambio climático y transición energética, que los obliga a tener estas áreas de circulación restringida para vehículos contaminantes. Las nuevas restricciones comenzaban con la llegada del nuevo año, pero la realidad es que la mayoría de ayuntamientos no han cumplido con el plazo y estaban pendientes de la aprobación de las directrices para ponerse las pilas.

Es el caso de los grandes ayuntamientos de las Islas, que ya han pisado el acelerador para cumplir con los compromisos antes de que termine el año, ya que el Gobierno confirmó en octubre que no habrá más prórrogas y tendrá que ser antes de que termine 2023. Tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en la de Las Palmas, muchos de ellos ya habían adelantado trabajo durante el pasado año y tienen sobre la mesa diferentes proyectos y planes de movilidad sostenible para empezar a desarrollar a partir de ahora. Este es el estado de cada uno de los proyectos de los nueve municipios del Archipiélago –ordenados de mayor a menor población– obligados a establecer sus respectivas ZBE.

Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria lleva meses trabajando en varias iniciativas vinculadas a la peatonalización de las zonas más «céntricas» de la capital, en la creación de minimanzanas en donde se reduce al mínimo el tráfico motorizado. «Nuestra ciudad es diferente a Madrid porque no tenemos una almendra central, sino muchos centros, por lo que iremos liberando a los barrios de tráfico», explica el concejal de Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar en el ayuntamiento capitalino, José Eduardo Ramírez, quien asegura que sin las directrices «era imposible» llevar a cabo los proyectos, ya que se desconocían muchas cuestiones, como la obligatoriedad de realizar una consulta ciudadana previa. La primera ZBE de la capital, que se ejecutará en 2023, estará en el barrio de las Alcaravaneras. Se creará alrededor de las calles Pío XII, Pi y Margall, Luis Antúnez e Ingeniero Salinas –en las que seguirá circulando el tráfico–. Sí se cerrarán al tráfico, de este a oeste, las calles Víctor Hugo, Italia, Blasco Ibáñez y Alfredo Calderón, y de norte a sur las calles Valencia, Alemania y Bilbao. «En enero y febrero recogeremos la opinión de los ciudadanos; en los tres meses siguientes nos centraremos en la señalización; en junio instalaremos los censores y cámaras obligatorios; y lo último será elaborar la ordenanza municipal», explica Ramírez, quien reconoce que el último paso, el más largo, facilitará la puesta en marcha del resto de zonas. Las Alcaravaneras solo será la primera, también se crearán zonas de bajas emisiones en los entornos de Guanarteme, La Isleta, Schamann y Arenales –desde Juan XXIII hasta la Plaza de la Feria–. Además, desde el ayuntamiento capitalino defienden contar ya con tres zonas de baja emisión: una, en el barrio histórico de Vegueta –casco antiguo–, donde se ha sacado todo el tráfico, y otras dos en dos de las zonas comerciales más importantes de la ciudad: Mesa y López y Triana, donde también se ha sacado el tráfico. Está prevista una actuación de similares características en otra zona comercial abierta, en este caso en la parte alta de la ciudad, como es Pedro Infinito. Lo que se hará con estos entornos, que son zonas de bajas emisiones de facto, es señalizarlas y acotarlas, también durante este año, para que se conviertan en ZBE según los estándares de la Unión Europea.

Santa Cruz de Tenerife. La capital tinerfeña es una de las ciudades españolas con mejor calidad del aire. Un hecho que en ocasiones genera sorpresa. No en vano, Santa Cruz convivió durante décadas con la refinería, con lo que le llevará tiempo quitarse de encima el sambenito del olor a azufre. Pero nada más lejos de la realidad: los alisios bendicen el aire chicharrero, tal como recuerda Carlos Tarife, concejal de Medioambiente del Ayuntamiento capitalino. Sin embargo, los vientos alisios se reviran en verano y hacen aún más insoportables los cada vez más habituales episodios de calima. Pues bien, la idea en el consistorio santacrucero es que su futura –o futuras– ZBE ayude a combatir esos «picos de calima», explica Tarife. Los técnicos municipales de las áreas de Movilidad y Medioambiente están trabajando en el proyecto y el edil está convencido de que cumplirán los plazos: «Tenemos claro el objetivo». No obstante, en la corporación no quieren precipitarse al definir las calles y espacios públicos afectados por la ZBE, entre otras cosas porque no van a limitarse a cumplir sin más la ley, es decir, a cerrar al tráfico una zona del casco urbano y listo. No. Si de lo que se trata es de mejorar en lo posible la calidad del aire, «a lo mejor hay que actuar no solo en el casco, sino también en otros entornos, como pueden ser determinadas zonas escolares o sanitarias», puntualiza Tarife. Zonas como las proximidades del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el centro de salud Doctor Guigou –el llamado Hospitalito– o la populosa calle Tomé Cano. Además, el concejal recuerda que el establecimiento de ZBE exige la puesta en práctica de un sistema de monitorización, de forma que puedan comprobarse la efectividad de las medidas medioambientales y el cumplimiento de las obligaciones que se determinen. Tarife sí cree que la ley estatal patina en una cuestión: la obligatoriedad de que la evaluación ambiental de los proyectos municipales para las zonas de bajas emisiones la lleve a cabo el Gobierno de Canarias. Una imposición que solo se establece para los territorios insulares, esto es, Baleares y Canarias. El concejal entiende que los ayuntamientos con su propio órgano ambiental, como es el caso del de Santa Cruz, deberían encargarse también de la evaluación, y en su defecto el correspondiente cabildo. «Ahí el Gobierno [central] ha errado», considera.

La Laguna. La ciudad de Aguere lleva adelantada la tarea. Desde el año pasado tiene definidas tres áreas para otras tantas ZBE: el casco urbano y los barrios de San Honorato y Camino de la Villa. El Ayuntamiento presidido por Luis Yeray Gutiérrez incluso cuenta ya con los proyectos iniciales en los tres casos. Las medidas que barajan los técnicos de las áreas de Movilidad Sostenible, Tráfico y Medio Ambiente, los tres departamentos implicados, incluyen la reordenación del tráfico; la prohibición de circular por algunas vías; la implantación de la zona verde de estacionamiento; mejoras en las conexiones de guaguas; una mayor peatonalización de espacios; o la supresión del tráfico pesado. Pero eso sí: en el consistorio de la Ciudad de los Adelantados quieren que la instauración de las ZBE cuente con el beneplácito de los vecinos, sobre todo el de los residentes en las zonas afectadas. Por eso la corporación municipal no va a limitarse a sacar los proyectos a información pública, que es a lo que obliga la ley nacional, sino que quiere involucrar a los vecinos, recoger sus inquietudes y sugerencias y, en última instancia, que las distintas zonas de bajas emisiones sean resultado de una «acción comunitaria», precisan desde el Ayuntamiento tinerfeño. De hecho, en los próximos días comenzarán las reuniones con las asociaciones de vecinos y las comunidades educativas de las tres áreas que albergarán las ZBE, empezando por las del Camino de la Villa.

Telde. En algunos municipios las cosas no están tan claras. Es el caso de Telde, donde el plan de movilidad sostenible «está a punto de salir a licitación, pero todavía no hay fecha para ello», por eso hay muy pocos detalles sobre el futuro de la zona. Desde el Ayuntamiento aseguran que el documento incluirá las calles comerciales de San Gregorio y el Casco Histórico como zonas de bajas emisiones, pero poco más se sabe al respecto. Ambas partes céntricas de la ciudad llevan desde hace tiempo peatonalizándose y reduciendo el tráfico «de manera paulatina», pero mucho tendrán que acelerar los responsables de los planes para poder cumplir con los plazos que establece la ley.

Arona. En el municipio turístico del sur de Tenerife, como en la mayoría a lo largo y ancho de España, aguardaban a que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el real decreto para acelerar los trabajos. Con la colaboración de la Universidad de La Laguna (ULL), en la corporación dirigida por José Julián Mena estudian ya las medidas a implantar en la futura ZBE del eje Los Cristianos-Playa de las Américas. Eso sí, los técnicos de Arona tendrán que afinar con total precisión para que la zona de bajas emisiones no afecte a los accesos al puerto de Los Cristianos. De nada serviría descongestionar una, dos o tres calles si luego se colapsa la entrada al puerto, una infraestructura fundamental para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En todo caso, en el Ayuntamiento sureño están seguros de cumplir los plazos: «Vamos a cumplir».

Santa Lucía de Tirajana. En Santa Lucía de Tirajana no se quedan atrás y ya cuentan con un plan de implementación de zonas de baja emisión (ZBE), cuyas intervenciones se han centrado en dos zonas, enfrente de las oficinas municipales y en la calle Canalejas. El plan se basa en tres ejes. El primero, la adecuación de las vías ciclistas, unos 6,6 kilómetros que se desarrollará por toda la circunvalación de Vecindario. El segundo eje estará enfocado en la adecuación de espacios urbanos para la implementación de zonas e itinerarios peatonales. Por último, el tercer eje está relacionado con las actuaciones de calmado de tráfico en la circunvalación de Vecindario mediante la mejora de señalización y obras sobre las infraestructuras. La idea es disminuir la velocidad de paso de los automóviles, la realización de otras obras para tener pasos de peatones elevados e iluminados, bordillos iluminados en rotondas y el estrechamiento de los carriles. «Ahora sabemos las directrices y podemos adecuarnos a las exigencias y adaptar el calendario», aclara la concejala de Seguridad y Transportes, María de las Nieves García, quien asegura que el objetivo del consistorio es que los cambios para la ciudadanía sean «progresivos».

Arrecife. El municipio de Arrecife, en Lanzarote, al superar los 50.000 habitantes, también tiene que acelerar para cumplir con la normativa estatal. El ayuntamiento no ha perdido el tiempo y ya cuenta con un espacio delimitado para convertirlo en ZBE. Ha aprovechado la obra, ya prevista antes y terminada, de peatonalización de la plaza de la Harinera, para incluirla en el proyecto que se desarrollará en la plaza de Pedro Alcántara, una parte de la calle Francos y calle Marineros Cruz del Mar que apenas tiene tránsito, ni peatonal ni motorizado, a excepción de los aparcamientos que tenía. Se ha optado por dar prioridad al peatón en los puntos de intersección con las calles de tráfico rodado y se han integrado zonas de sombra mediante la plantación de diversa vegetación.

San Bartolomé de Tirajana. San Bartolomé de Tirajana es otro de los municipios de la provincia de Las Palmas que debe ponerse las pilas para cumplir con la norma estatal. Actualmente no cuenta con ninguna ZBE, pero el consistorio ya trabaja en el proyecto de creación de una zona de bajas emisiones en Meloneras que esperan esté totalmente implantada antes de finalizar 2024. Incluye peatonalización, limitación del tráfico motorizado y desarrollo de un centro de control con servicio y software de base de datos de autorizados y no autorizados, entre otras cosas. El proyecto también incluye la puesta en marcha de sensores y medidores de la calidad del aire y del ruido, un sistema de control de infracciones y un sistema de información que permita a los usuarios conocer en tiempo real las plazas de aparcamiento disponibles o los puntos de recarga de vehículos eléctricos que existen.

Granadilla. En Granadilla de Abona, también al sur de Tenerife, van, en cambio, a buen ritmo. La ZBE granadillera abarcará zonas de El Médano, Los Abrigos y San Isidro y estará lista antes de fin de año. De hecho, la licitación del proyecto es inminente, e incluso algunas de las medidas podrían aplicarse en unos pocos meses. Desde el consistorio avanzan, por ejemplo, que los detectores y las cámaras de control de tráfico estarán en funcionamiento antes de mayo. Habrá un sistema automático para el control del acceso de los vehículos a la ZBE, lo que en última instancia permitirá mejorar tanto la fluidez como la seguridad del tráfico. El Ayuntamiento trabaja también para que la movilidad de vecinos y visitantes no se vea reducida, con especial ahínco para potenciarla en el caso de las personas con discapacidad. El objetivo es armonizar los distintos usos de las vías en pos de la salud, la mejora de la calidad del aire y la protección del medio ambiente.

Suscríbete para seguir leyendo