Relaciones Canarias-Marruecos | Madrid y Rabat negocian la «gestión de los espacios aéreos»

Rechazo frontal de los controladores de Canarias a la cesión del espacio aéreo del Sáhara

Exteriores garantiza a Ángel Víctor Torres que no va a dejar el control de la zona en manos de Marruecos tras la ambigua respuesta a Clavijo en el Senado

Pedro Sánchez saluda al primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch, en una reciente visita a Rabat.

Pedro Sánchez saluda al primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch, en una reciente visita a Rabat. / Efe

M. Á. Montero

Los controladores no quieren ni oír hablar de la mera posibilidad de que España ceda a Marruecos el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental. Y no por corporativismo o por el temor a que se pierdan puestos de trabajo en caso de que la vigilancia del corredor saharaui pase a manos de Rabat. El rechazo frontal del colectivo obedece en realidad a una cuestión de «patriotismo», toda vez que renunciar a la gestión de ese trozo de cielo en favor del país vecino llevaría implícita la renuncia a un pedazo de la soberanía nacional.

Así lo explicó este jueves el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) en Canarias, José Luis Feliú, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez informase al senador Fernando Clavijo de que las conversaciones entre España y Marruecos en lo relacionado con los espacios aéreos ya han comenzado. En una ambigua respuesta por escrito, el Ejecutivo central no aclara sobre qué se está negociando ni los límites –si los hay– de esa negociación. A lo más que llega es a apuntar que las conversaciones «se circunscriben a la gestión de los espacios aéreos y la coordinación entre ambas partes». Es más, el senador había preguntado de forma explícita por el «traspaso de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental», con lo que la tan elemental respuesta del Gobierno no precisamente ayudó a despejar dudas. Más bien al contrario: por un lado, los controladores, esto es, los profesionales que se encargan de dirigir el tránsito de aeronaves, ya se han posicionado en contra de una eventual cesión de la vigilancia del corredor saharaui a sus colegas marroquíes; por otro, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha tenido que salir al paso para negar la mayor y asegurar que no va a producirse ese traspaso de competencias.

Por el corredor saharaui transitan los aviones rumbo Dajla y El Aaiún y vuelos militares de Rabat

La ambigüedad de la respuesta del Ejecutivo estatal a Fernando Clavijo la corrobora el hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tuviese que aclararle a Torres que «no va a haber ninguna cesión». A falta de comunicación o aclaración del Gobierno de Sánchez –este diario intentó sin suerte obtener alguna explicación del Ministerio de Transportes–, fue el propio jefe del Gabinete autonómico quien le pidió a Albares «absoluta claridad» sobre esta cuestión. «Me lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, con el que he hablado, y quiero ser absolutamente claro y contundente: en ningún caso va a haber cesión de los espacios aéreos, de lo que se habla entre los dos Gobiernos es de mejorar la gestión de los espacios aéreos», subrayó Torres. El presidente regional pidió no «tergiversar las cosas», no caer en «alarmismos» y actuar con «transparencia» en lo que tiene que ver con las relaciones con Marruecos. Sin embargo, es justamente el secretismo en torno a la agenda bilateral de Madrid y Rabat lo que despierta recelos tanto en las Cortes Generales como en la sociedad canaria, de lejos la más concernida por los acuerdos a los que puedan llegar ambos países.

Es verdad que el séptimo punto de la Declaración Conjunta suscrita el último 7 de abril por España y Marruecos compromete a ambos Estados a iniciar «conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos». Pero eso es todo: ni una coma más ni una coma menos. Así que si se tiene en cuenta que en el origen de ese compromiso mutuo está el giro copernicano que dio Pedro Sánchez a la histórica postura de España sobre la cuestión saharaui –abrazando la solución marroquí de dar cierta autonomía a los territorios en disputa–, no extraña que partidos como Coalición Canaria o Nueva Canarias tengan la mosca detrás de la oreja.

La eventual renuncia a controlar la zona en favor del país vecino implicaría perder recaudación

Las dudas las resumió este jueves el propio Clavijo, líder de CC y autor de esa pregunta sobre el control aéreo del Sáhara que ha avivado la controversia, con una frase: «Igual un día nos despertamos y resulta que Canarias también es Marruecos». Más allá, el nacionalista puso el dedo en la llaga al hacer hincapié en que «nadie» conoce las condiciones –los límites, los asuntos vetados (si los hubiera), qué obtienen España y por ende las Islas...– de una negociación bilateral envuelta, cabe insistir, en el secretismo. De hecho, el candidato de CC a la Presidencia del Gobierno autonómico en las elecciones del próximo 28 de mayo precisó que si han sabido en la Cámara Alta de este episodio de las conversaciones entre Rabat y Madrid es porque varios senadores le preguntaron directamente al ministro Albares. Y aunque este les transmitió, en palabras de Clavijo, que todo va bien, resulta que en Marruecos se está dando por sentada una serie de conquistas –conquistas para el reino alauí, como la del control del espacio aéreo saharaui– que lo llevaron a hacer la pregunta. «Como también leemos la prensa marroquí, hicimos la pregunta por escrito», ahondó el senador por la Comunidad Autónoma.

Enaire

La vigilancia del espacio aéreo del Sáhara Occidental es responsabilidad del centro de control que Enaire, la empresa pública estatal que se ocupa de la gestión de la navegación aérea en España, tiene en el Archipiélago. Hay otros cuatro centros de control en Barcelona, Madrid, Baleares y Sevilla, pero son los profesionales destinados en Canarias los encargados del corredor saharaui. El tráfico en esta zona es mucho menor que al norte, por donde transitan los aviones hacia la Península y hacia el resto de Europa, y al sur de las Islas, por donde caminan las aeronaves con destino u origen en países sudamericanos. Por esa franja del espacio aéreo saharaui, cuya gestión se encomendó a España en cumplimiento de las resoluciones de la ONU y como potencia administradora de ese territorio –una condición que el país sigue teniendo–, el tráfico se reduce a los vuelos a los aeropuertos de Dajla y El Aaiún y a algún sobrevuelo, es decir, al paso de alguna aeronave en ruta que no tiene ni origen ni destino en el Sáhara Occidental. Eso en el ámbito civil, porque también hay «mucho» avión militar marroquí, puntualiza el portavoz de la USCA en Canarias.

Uno de los centros de control de Enaire.

Uno de los centros de control de Enaire. / LP/DLP

El caso es que Rabat no ambiciona el control de esa franja al suroeste del Archipiélago por cuestiones económicas, lo que no quita que un eventual traspaso de competencias reduciría la recaudación pública en España por cuanto el Estado ya no tendría potestad para cobrar tasas aéreas. Lo relevante para Marruecos es consolidar el control que de facto ejerce sobre todo el Sáhara Occidental. Ocurre, por tanto, como en la cuestión de las aguas, que también está sobre la mesa en las negociaciones bilaterales entre Madrid y Rabat y que también está envuelta de cierto secretismo. Se trata, en definitiva, de ir dando pasos para que a golpe de hechos consumados nadie discuta la soberanía marroquí sobre los territorios en disputa, algo para lo que Marruecos ya cuenta de algún modo con la anuencia de España, o al menos de Sánchez.

«Estamos totalmente en contra; sería ceder un espacio de la soberanía española», agregó José Luis Feliú. No es una negativa digamos laboral –ningún puesto de trabajo en el centro de control aéreo de Canarias depende de la gestión del espacio saharaui, cuyo tráfico tiene poco peso–, es más bien «patriotismo».

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De cada cien aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo gestionado por el centro de control de Enaire en Canarias, tan solo tres lo hacen por la franja correspondiente al Sáhara Occidental. Dicho de otro modo: el tráfico en esa zona apenas representa el 3% de todas las operaciones gestionadas por los controladores destinados en el Archipiélago. Pero la cuestión, cabe insistir, no es económica, no reside en el negocio que reportan las tasas aéreas, sino en la intención de Marruecos de dar un paso más hacia la consolidación del control que de hecho lleva décadas ejerciendo sobre los territorios en disputa. Lograr la soberanía sobre la mitad de las aguas que separan Canarias del litoral saharaui, es decir, convertir el control de facto en un control de iure, le abriría a Rabat las puertas para la ampliación de su plataforma continental y, por ende, le daría derechos sobre las riquezas que reposan en el lecho marino. En el caso del espacio aéreo ni siquiera hay réditos: es cuestión de consolidar su posición de dominio sobre los territorios ocupados a ojo de la comunidad internacional.

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