La jueza confirma que un error técnico impidió grabar el inicio de las investigaciones

La magistrada que instruye el conocido como caso Mediador, que se centra en la existencia de una posible trama entre políticos y empresarios para impulsar proyectos a cambio de dinero, ha confirmado por escrito que un fallo técnico impidió grabar los 40 minutos en los que se sitúa el inicio de las investigaciones.

En concreto, el abogado de Marco Antonio Navarro Tacoronte, quien da nombre al caso, había solicitado que se le facilitara esta prueba al sospechar que se produjeron diversas irregularidades que podrían incluso anular el caso.

El letrado cuestiona la forma en la que fueron requisados los dos teléfonos de los que se han extraído cientos de fotografías, vídeos y documentos, para lo que según afirma habría sido necesario un permiso específico.

También ve irregular la forma en la que se prescindió del anterior abogado que fue quien se vio “obligado” a entregar las terminales que estaban en su poder, pese a su inicial y rotunda negativa por lo que tiene sospechas de que su cliente podría haber sido presionado.

En aquellas jornadas de enero, Navarro Tacoronte fue detenido al denunciar el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Pérez Peña, un cargo de algo más de 2.000 euros en la tarjeta que ambos compartían que se correspondía a un local de alterne.

Tras varios días en los calabozos, la juez luego exigió a Navarro que le entregara otros dos teléfonos al sospechar que contenían pruebas de la existencia del que luego sería conocido como caso Mediador.

La jueza responde que la Sala asignada por el Juzgado de Guardia no permitió la grabación de ninguno de los detenidos por cuestiones técnicas, por lo cual el letrado de la administración de Justicia levantó acta de las declaraciones de Navarro Tacoronte y de la Fiscalía que “fueron transcritas literalmente”.

El abogado defensor del mediador también pide que se repitan las comparecencias del pasado 13 de julio cuando declararon el anterior abogado de Navarro Tacoronte, Plácido Alonso Fumero y altos cargos y técnicos de la Consejería de Agricultura.

En aquel entonces, según los presentes, la magistrada dijo en varias ocasiones que sí existía esa grabación y que se la facilitaría a las partes.

El abogado hace esta petición después de que en julio también se hubiesen producido fallos técnicos en las conexiones en las videoconferencias con los letrados que están fuera de la isla, aunque la jueza rechaza la solicitud al señalar que los investigados sólo respondieron a las preguntas de la Fiscalía, de ella misma y sus respectivos abogados.

En la ronda de declaraciones de septiembre figura el día 21 el administrador de la Unión Deportiva Tetir de Fuerteventura, al sospecharse que el Club de Fútbol era utilizado para blanquear los sobornos.

El principal encausado, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado nacional del PSOE, dimitió como directivo del CD cuando trascendieron las informaciones de que a los empresarios se les exigía ingresar dinero en las cuentas de la UD, paso previo a favorecerles.

En septiembre comenzará la nueva ronda de declaraciones y en concreto el día 13 lo hará el jefe de reintegro de subvenciones del Gobierno canario, como testigo, al igual que otros dos técnicos de la Consejería de Agricultura.

De nuevo se intenta aclarar la concesión de ayudas europeas que en algunos no fueron justificadas pese a lo cual no se llegó a exigir nunca su reembolso, para esclarecer lo ocurrido se llegó a practicar un registro en la sede de la Consejería.

El 20 han sido citados como investigados dos personas quienes recibieron en sus cuentas una transferencia de 7.500 euros de una empresa dedicada al sector de los drones, supuestamente a cambio de facilitar que se asentaran en Canarias y acogerse a los beneficios fiscales de las islas.

Las directivas de la compañía también están imputadas y ya han declarado que se consideran estafadas por los involucrados en el caso.

Un día más tarde lo harán, también como investigados el que iba a ser el administrador de esta compañía de Gómez Rojo en la Zona Especial Canaria (ZEC), Jesús María Pérez Spínola y al inversor madrileño Maximiliano Poveda Sierra, interesado en instalar en las islas tanques de petróleo.

También el día 20 comparecerá como imputado Sergio de Frutos, dueño de un local de alterne en Madrid donde se celebraban fiestas, en cuyo interior han sido fotografiados diversos personajes involucrados en esta trama con prostitutas y consumiendo droga.