Farnés: "no hay ningún repunte delictivo por el aumento de inmigrantes"

La fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, María Farnés, fue taxativa en sede parlamentaria al aseverar que «no hay un solo delito cometido en las Islas que se vincule al aumento de la llegada de inmigrantes». Y lo dijo no una, sino dos veces. La primera, durante su comparecencia en la Comisión de Gobernación de la Cámara regional y, la segunda, en declaraciones a los medios de comunicación en el patio del Parlamento para ampliar datos sobre la Memoria de la Fiscalía referida a 2022.

«No tenemos ningún dato en la Fiscalía que me permita decir, ni de lejos, que el aumento de la llegada de personas inmigrantes ha supuesto un aumento de la delincuencia. No hay datos y ni yo, ni los fiscales que están en los juzgados de guardia me lo han manifestado ni siquiera en conversaciones informales. No hay ningún repunte delictivo por esta causa», insistió Farnés.

Pero no es ésta la única afirmación de la fiscal superior de Canarias contraria a discursos que, en la últimas semanas, vinculan la inmigración con el aumento de la inseguridad en las calles. Farnés también dijo que «ningún inmigrante es ilegal; son personas en situación irregular» que, además, «necesitan ayuda humanitaria». Además, se mostró proclive a que esta situación "deberá ser compartida, a nivel nacional porque no hay comunidad autónoma que pueda asumir la totalidad" de personas inmigrantes que llegan.

«Se les ve llegar en unas condiciones que, de verdad, hace necesario de que les prestemos ayuda desde todos los ámbitos posibles. Es un problema humano, no delictivo», dijo la fiscal superior.

Una ayuda que es mejorable y que pasa, indefectiblemente, por «tener infraestructuras adecuadas y permanentes, con una plantilla de personal suficiente, para atender las necesidades prioritarias de estas personas tanto médicas como jurídicas. No hay que esperar a que ocurra algo como lo que está pasando ahora, porque las llegadas no van a parar, y ver qué hacemos cuando ocurre».

«Es cierto que lo que está pasando en estos dos últimos meses, sobre todo, ha cogido por sorpresa; no se esperaba un repunte así en El Hierro, por ejemplo. Pero nos tenemos que reorganizar para conseguir refuerzos y atenderlos como se merecen», insistió.

De hecho, Farnés recordó que la Fiscalía General del Estado ha creado una Fiscalía Delegada Autonómica que ya se coordina con las de las dos provincias canarias y que la de Sala y Trata de Seres Humanos y Extranjería “permanentemente viene a Tenerife y a Las Palmas”. Asimismo, anunció que las fiscalías de las dos provincias canarias se reunirán el miércoles con representantes de la Dirección General de Protección del Menor, Policía y expertos clínico-forenses para "agilizar lo máximo posible la atención a estas personas y, por lo que a nosotros respecta, la determinación de edad de los menores no acompañados".

«No hay que esperar a que ocurra algo y ver qué hacemos, porque las llegadas no van a parar»

Durante la explicación en sede parlamentaria de los datos de la Memoria de 2022, Farnés incidió en la necesidad de agilizar las pruebas óseas para determinar la edad y aseguró que en la provincia de Las Palmas se realizaron 454 informes, todos ellos favorables al internamiento en el CIE, y se llevaron a cabo cinco inspecciones, mientras que en la provincia occidental fueron 24 informes favorables y 24 informes desfavorables de internamiento en los CIE, no llevándose a cabo ninguna inspección a la instalación por estar la misma inoperativa y cerrada.

Con caracter general, Farnés advirtió que la situación de la Fiscalía Pública en el Archipiélago es «crítica» por falta de instalaciones y medios personales, lo que se traduce en carencia de psicólogos y asistentes sociales o medios sociosanitarios para atender a personas con discapacidad a las que se da de alta en los hospitales y no regresan a sus domicilios.Tampoco hay peritos expertos en medio ambiente y urbanismo ni están operativas las oficinas de atención a las víctimas de violencia de género.

La Fiscalía alerta sobre ciberacoso y «abandono de menores» por la crisis

La fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, María Farnés, incidió en su comparecencia en la Comisión de gobernación del Parlamento de Canarias en varias cuestiones que tienen que ver con los menores. Si bien dijo que los delitos de violencia a menores en el ábito familiar han disminuído el pasado año con respecto a 2021, sí incidió en otros focos que consideró «muy preocupantes».

El primero de ellos es el referido al ciberacoso y bullying en internet, «incluso casos de violencia sexual a través de las redes sociales».

«Nos preocupa porque esta facilidad que tienen los menores para moverse en las redes sociales está generando conductas delictivas», dijo Farnés.

Para la fiscal superior, «no basta con que protejamos a nuestras niñas; hay que educar a nuestros niños a respetarlas y evitar que este tipo de conductas se reproduzcan».

Y es que, «si al final intervenimos los fiscales y jueces es que los mecanismos previos han fallado, y en el caso de menores es fundamental una educación».

Otro tiron de orejas de Farnés se dirigió a la «lentitud» detectada en la Consejería de Educación al abordar delitos relativos a menores, ya que «la Fiscalía interviene antes que la Consejería cuando, procedimentalmente, debería ser al revés».

Abandono

El otro foco preocupante para la Fiscalía Superior de Canarias en ambas provincias es constatar el «avandono de menores» motivado por el hecho de que «muchas familias han pasado a vivir en la calle» por la crisis económica.

Esta «crisis económica y habitacional» hace vulnerables a los menores, que según farnés se ven más directamenta afectados por situaciones de violencia y de precariedad.

Con todo, en la Fiscalía de Las Palmas descendieron un 76% losprocedimientos relativos al maltrato familiar, 17% de los relativos a la violencia de género y un 58% los abusos sexuales. 

Por lo que se refiere a la de Santa Cruz de Tenerife, se ha pasado de 2.117 diligencias preliminares incoadas en 2021 a 2.269 en 2022 y, de 538 expedientes de reforma de menores incoados en 2021 a 572 en 2022. 

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