Génova acusa al Gobierno de tratar a los migrantes como «fardos»

El traslado a la Península de centenares de migrantes como consecuencia del repunte en las llegadas de embarcaciones hacia las Islas ha suscitado malestar en ayuntamientos y comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP), que acusan al Gobierno central de falta de coordinación y de no informarles con suficiente antelación de las derivaciones. El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta de la formación, Borja Sémper, exigió ayer al Ejecutivo de Pedro Sánchez más información sobre los traslados de migrantes y que no se les trate como «fardos» o «paquetes». Misma expresión que utilizó el lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsables de los traslados, destacan que se está siguiendo el «procedimiento habitual» de derivar a los migrantes según su vulnerabilidad a las plazas disponibles en todo el sistema. Según apuntan, cuando se abren nuevos centros con alta capacidad se avisa a las administraciones afectadas por «lealtad institucional», aunque la competencia, insisten, es del Ministerio, encargado también de la financiación de todo el proceso.

Con avisos o sin ellos, lo cierto es que las quejas por los traslados de migrantes son cada vez más frecuentes. La portavoz del Gobierno extremeño, Victoria Bazaga, afirmó ayer haberse enterado en la misma tarde de la llegada de 40 migrantes a Cáceres y 140 a Malpartida de Cáceres, procedentes de Canarias, y pidió al Gobierno «coordinación». El ayuntamiento de esta última localidad aseguró no haber recibido ningún aviso y emitió un comunicado para mostrar su malestar por la «desinformación y la descoordinación». Están preocupados, subrayaron, ante la «desproporcionalidad» de acoger a 140 inmigrantes en un pueblo de 4.100 habitantes que no cuenta con medios ni recursos para atenderles.

«Tierra solidaria»

También levantó ayer la voz la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ante el traslado de más de 300 migrantes de origen subsahariano desde Canarias a un hotel de la barriada almeriense de El Toyo. Vázquez aseguró que Almería es «tierra solidaria», pero indicó que «el ayuntamiento receptor no puede enterarse de dicho operativo dos horas antes de que sea efectivo». A su juicio, es una «deslealtad institucional» no haber contado con el consistorio en la organización y la toma de decisiones.

En su perfil en la red social X –antes Twitter– el diputado del PP por Almería Rafael Hernando acusó ayer al Gobierno de Sánchez de «colaborar» con las mafias «convirtiéndose en el último eslabón de la cadena». «Avión y hotel de lujo en la UE. Y con tus impuestos», añadió en su publicación.

Además de los llegados a Almería, ayer el Gobierno trasladó hasta el municipio malagueño de Torrox a un grupo de unos 240 migrantes de origen subsahariano que se alojaron en un hotel del municipio –el Urban Beach– que actualmente está cerrado al público tras el fin de la campaña de verano. El alcalde de Torrox, Óscar Medina, se unió a las críticas hacia al Gobierno por no haber informado con «suficiente antelación» de la llegada de migrantes al municipio, aunque garantizó que el consistorio pondrá todos los recursos necesarios para ofrecer una correcta atención a los migrantes.

En rueda de prensa en Sevilla, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, aseguró que la comunidad es «sensible» a la realidad de la inmigración y por ello la Junta va a colaborar en «mitigar» este drama humanitario, pero pidió al Ejecutivo central que las actuaciones no se adopten de manera «unilateral».

El objetivo de los traslados es descongestionar los recursos de primera acogida disponibles en Canarias, donde la llegada de pateras está marcando cifras sin precedentes desde la crisis de los cayucos de 2006. Ya son más de 28.400 las personas que han llegado a bordo de 429 embarcaciones. Solo ayer arribaron cuatro barcas, dos a El Hierro, una a Gran Canaria y otra a Tenerife.