La Ley de Economía Circular hará «pagar más a quien más contamine»

La futura Ley de Economía Circular de Canarias será aprobada por el Consejo de Gobierno «en el primer trimestre» de 2024 y la misma contemplará «un canon de vertidos» para que «pague más quien más contamine», tal y como anunció ayer el consejero de Transición Ecológico, Mariano Hernández Zapata, en la sesión de control al Gobierno del Parlamento de Canarias.

Un canon que tendrá «carácter finalista» pues el mismo servirá a «mejorar las infraestructuras».

Zapata, que compareció a instancias de la diputada del PP Luz Reverón, confesó que la situación de los vertidos al mar de aguas residuales era «preocupante», si bien -y a instancias del diputado de Vox Javier Nieto, que consideró que el consejero se había quedado corto- se autoenmendó aseverando que era «alarmante».

«Con un total de 434 puntos de vertidos al mar en toda Canarias, de los que únicamente 123 están autorizados, y en vista del inmovilismo detectado en el control de aguas residuales, cuya Orden tiene más de 30 años, no vamos a quedarnos de brazos cruzados y vamos a actualizar datos y dar soluciones reales en coordinación con los cabildos y ayuntamientos».

Precisamente, el consejero de Transición Ecológica recordó que «el 75% de los expedientes abiertos» por vertidos irregulares «han sido abiertos a administraciones públicas», pues son las que tienen las competencias.

De los 434 puntos de vertido que hay en Canarias solamente 123 están autorizados

Para la conservadora Reverón, la actual situación se debe a que «el Gobierno del pacto de las flores pasó de puntillas» por este problema, denunciado sistemáticamente por ella misma durante la pasada legislatura, «con la excusa de que era un problema generalizado del mundo globalizado, abandonando a su suerte los vertidos a un litoral que cubre a 80 de los 88 municipios canarios».

«Tenemos un problema y la Unión Europea nos está vigilando», insistió Reverón.

Un problema que el consejero espera sea resuelto por la futura ley, con la que se espera incentivar un mejor tratamiento de las aguas residuales, disminuyendo el número de vertidos al mar y la carga contaminante de los mismos.

Y es que, como dijo, el nacionalista David Toledo, «no nos queda tiempo para perder el tiempo» en la resolución de un problema que no solo afecta a la «fragilidad del territorio» sino, como apuntó Jesús Ramos (ASG), «afecta a la salud de las personas».

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