Cinco años tras el cambio de las reglas del ‘juego’ político en Canarias

El nuevo sistema electoral aún no contenta a todos

Todavía hay cosas por desarrollar, como la gestión de las aguas o aeropuertos

Los miembros del Parlamento de Canarias durante la celebración de la aprobación por el Senado del nuevo Estatuto de Autonomía.

Los miembros del Parlamento de Canarias durante la celebración de la aprobación por el Senado del nuevo Estatuto de Autonomía. / EFE

Clara Morell

Clara Morell

Hoy, 5 de noviembre, se cumplen cinco años de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. La modificación supuso un cambio en las reglas del ‘juego’ político en Canarias pues, antes de la misma, los partidos se enfrentaban a elevadas barreras de acceso que perjudicaban a los partidos emergentes y beneficiaban a quienes concurrían por las listas insulares. También se acabó con los aforamientos, se reconocieron las aguas canarias o se «blindó» el Régimen Económico y Fiscal –aunque la efectividad de esta protección todavía hoy es discutida–. Cinco años después, cabe preguntarse si es posible una nueva reforma y, especialmente, qué se necesitaría para lograrla. 

Tan solo el clima de consenso que se creó para la consecusión del nuevo Estatuto de Autonomía dista mucho del actual. Vicente Mujica, que participó en el Foro Cívico Demócratas para el Cambio –iniciativa ciudadana no vinculada a partidos políticos–, recuerda que tuvieron que «hacer un arduo trabajo de concertación» para que se lograra la modificación del sistema electoral. «Inducíamos a que hubiera reuniones e intentábamos que el Estatuto se dejara de usar como arma arrojadiza». 

Acabar con la triple paridad, un sistema electoral que daba mejores resultados a los partidos con una tradición más insularista, fue el principal escollo que se encontró en las negociaciones de la reforma. Aquellos partidos tenían «muy interiorizado» el sistema. Hacer que cayera ese modelo significó reducir un tope regional del 6% al 4% y otro insular del 30% al 15% de los votos. 

«Fue realmente complicado porque incluso en los partidos de ámbito regional e implantación estatal se produjeron debates internos y se necesitó de tiempo para llegar a acuerdos», rememora Mujica. En realidad, el cambio de modelo «no fue sencillo» con «casi ningún partido político» pero, como en aquel momento había una demanda ciudadana «muy potente» al respecto, fueron entendiendo que la reforma era necesaria. El detonante del descontento social en aquel momento fue ver cómo en las elecciones de 2015 el partido Ciudadanos (Cs) se quedaba fuera del Parlamento de Canarias con 54.000 votos por no superar la barrera del 6% autonómica, mientras que ASG lograba tres escaños con solo 5.000 votos al rebasar la barrera insular del 30%.

Aunque dejar atrás la triple paridad supuso toda una revolución, Mujica señala que todavía es preciso «dar más fuerza a la lista autonómica» porque, actualmente, «beneficia que solo accedan los dos o tres partidos grandes». Así, propone una mayor amplitud de esa lista sin aumentar el tamaño del Parlamento: «Ya en su momento dijimos que el Parlamento debía ser de 69 escaños, 21 regionales y 48 insulares». Y es que actualmente, tras la reforma de 2018, se fijó en 61 escaños insulares y 9 regionales (70 en total).

Hay voces que piden aumentar la lista autonómica porque «solo beneficia a los partidos grandes»

En las últimas elecciones regionales, el pasado mayo, también se produjo una polémica similar a la que hubo en 2015 con Cs, aunque en esta última ocasión, la protagonizó Podemos y, de nuevo, ASG. La agrupación morada lograba 35.777 votos y se quedaba fuera, mientras que la agrupación de Casimiro Curbelo entrada al Parlamento con 6.765 votos. «Lo que ocurre es que las cosas pasan rápido y se olvidan. Pero no hay más que acercarse a las fechas de las elecciones y ver la reacción de la gente», señala Mujica.

Pero aunque la reforma del sistema electoral es uno de los aspectos que más debate generó, la ciudadanía canaria también se ha visto beneficiada en otros sentidos tras la modificación del Estatuto de Autonomía. Uno de ellos, por ejemplo, fue la separación de la inversión para Canarias recogida en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de los Presupuestos Generales del Estado, de tal forma que lo reconocido en el REF no quede a expensas de los distintos gobiernos nacionales que se conformen. Para Sebastián Franquis, del Partido Socialista (Psoe), esto supuso un «blindaje». Aunque este punto de vista no es compartido desde Nueva Canarias (NC). Román Rodríguez, presidente del partido, considera que el Estatuto «es positivo pero no suficiente», pues «todavía los Gobiernos se lo pueden saltar», e insiste en la necesidad de que el REF se reconozca en la Constitución.

Otros asuntos positivos del Estatuto, puntualiza Rodríguez, son los referentes a los derechos civiles. Así, opina que «el más interesante» que se ha puesto en marcha es la renta de ciudadanía, porque supuso ayudar a los sectores más desfavorecidos a tener unos ingresos. Este tipo de cuestiones «hay que desarrollarlas, como hicimos con la Ley de Renta Ciudadana en la legislatura pasada», añade.

Por desarrollar quedan cuestiones del «autogobierno» como la gestión de los aeropuertos. Para el presidente de NC «no tiene ningún sentido» que los aeropuertos de Canarias no se gestionen desde las Islas. Una cuestión en la que también insisten desde Coalición Canaria (CC) es que la ley específica de los aeropuertos de Canarias, como Región Ultraperiférica de la Unión Europea, «debe ser una prioridad». Para los nacionalistas, la política tarifaria de Aena implica «un debilitamiento» del interés general de la sociedad canaria, que queda «en segundo plano» frente a particulares intereses económicos y de rentabilidad.

En cuanto a la eliminación de los aforamientos –la condición por la que los miembros del Parlamento no eran juzgados por los tribunales ordinarios que les correspondería–, Franquis recuerda que Canarias fue pionera en «hacerlos desaparecer» y que, por tanto, el Estatuto de Autonomía puso al Archipiélago «a la vanguardia y a la altura de una sociedad como la nuestra». También Román Rodríguez consideró como «una de las novedades más importantes» la supresión de ese trato distinto a los diputados regionales.

CC y NC consideran que hay que avanzar en la toma de decisiones en materia migratoria

Un punto que queda por desarrollar del Estatuto de Autonomía es el de las aguas. Si bien el texto reconoce que «entre los puntos extremos más salientes de las islas e islotes se trazará un contorno perimetral y las aguas que queden integradas dentro de este contorno recibirán la denominación de aguas canarias», hay otros aspectos, como la participación de Canarias en las decisiones que afecten a esas aguas, que quedó en un veremos. En el actual contexto, tanto desde NC como desde CC creen que se debe trabajar en tener mayor peso en las políticas de gestión migratoria.

De visita en los Cabildos

Con motivo del quinto aniversario de la ley de leyes canaria, esta semana se han celebrado las jornadas Un gran salto adelante en Gran Canaria y Tenerife. Unos actos en los que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, puntualizó que «las capacidades financieras deciden si un derecho se queda en el papel o si de verdad se convierte en un derecho social consolidado». En este sentido, dijo que «la unión como pueblo es clave para reivindicar todo lo que conlleva su cumplimiento y pleno desarrollo». Por ello, y para que toda la ciudadanía conozca la importancia del Estatuto, las jornadas serán itinerantes, por lo que están previstas actividades en los cabildos de La Gomera (10 de noviembre), El Hierro (13 de noviembre), La Palma (20 de noviembre), Fuerteventura (22 de noviembre) y Lanzarote (24 de noviembre). | C. M.