Canarias pide al Estado el remanente de los fondos europeos para centros de menores migrantes

Las Islas buscan financiación con la que establecer recursos de primera acogida donde los chicos puedan esperar a que se determine su edad

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, junto a Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, junto a Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional / Carsten W. Lauritsen

Clara Morell

Clara Morell

Canarias ha solicitado al Gobierno de España que le permita utilizar el remanente de los fondos europeos de otras comunidades autónomas para abrir centros de acogida a menores migrantes. Bienestar Social cree que contar con estos recursos, que estarían abiertos todo el año, evitará en futuras crisis migratorias situaciones de improvisación por la falta de infraestructuras. Así lo confirmó ayer la responsable de la Consejería, Candelaria Delgado, tras una reunión con el presidente de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, a la que también acudió el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo.

«Igual que el Estado va a contar con dispositivos permanentes para la acogida de adultos migrantes, nosotros queremos tener ese tipo de recursos para quienes inicialmente sean considerados menores y mientras que se espera por el resultado de las pruebas que confirmen la edad», apuntó Delgado. Esta medida vendría no solo a mejorar la preparación del Archipiélago ante nuevas llegadas de menores, sino que debería evitar que niños y adultos confluyan en los campamentos temporales que se instalan en los puertos canarios. 

Investigadores de Amnistía Internacional se desplazaron en octubre hasta los recursos de acogida temprana habilitados en las Islas y encontraron precisamente que «había menores y adultos en los centros», algo que el presidente de esta organización califica como «muy grave» pues «pueden producirse todo tipo de abusos». Por eso, Beltrán recuerda que, como establece la legislación internacional, «el interés del menor debe prevalecer y, en tanto que se esclarezca la edad, deberá ir a un recurso específico». 

Tras esa visita de Amnistía Internacional, el Gobierno regional elaboró un protocolo para agilizar la determinación de la edad y reducir el tiempo que los menores pasan en esos recursos. Beltrán considera que «habrá que esperar para confirmar si ese protocolo ha tenido efectos positivos». Hasta ahora, no obstante, insiste en que «siguen conviviendo menores y adultos» y espera que esta situación «se reduzca pronto».

Precisamente la semana pasada doce menores migrantes denunciaron haber sufrido malos tratos por parte de los trabajadores de un centro gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. En el escrito aseguran haber sufrido agresiones, forcejeos, amenazas y tocamientos. Delgado dijo que este asunto está «bajo investigación judicial» pero que desde la Consejería «se han elaborado los informes que solicitó la Fiscalía y se han realizado inspecciones en los centros».

Reuniones con tres ministerios

Asimismo, el Ejecutivo trasladó que se han pedido reuniones con tres ministerios para abordar la situación de los menores llegados a las costas canarias, que ascienden a 4.461. Los encuentros se llevarán a cabo con los ministros de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; Migraciones, Elma Saiz; e Infancia, Sira Rego. Una de las cuestiones que se quieren poner sobre la mesa es la modificación de la Ley del Menor para hacer obligatoria la acogida compartida de menores migrantes. Desde 2021 solo se han trasladado a 365 menores a otros territorios y se está a la espera de la derivación de otros 339, cantidad que el Ejecutivo ve «insuficiente».

El Gobierno canario enviará el texto de la petición a Amnistía Internacional para tratar de recabar apoyos que den peso a su petición al Estado. En ese sentido, Beltrán se mostró a favor de que la responsabilidad de la acogida sea «compartida» pero matizó que antes de dar su respaldo deberá leer la información legal.