Canarias afea a los nuevos ministros: "Seguimos sin respuestas sobre los menores migrantes"

Canarias sigue sin tener respuesta de la Unión Europea y del Estado para abordar la situación de la migración y, en especial, de los 4.461 niñas y niños tutelados por el Ejecutivo. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este lunes que actualmente el "principal problema" que tiene la isla de Lanzarote en el marco migratorio es, al igual que en el resto del Archipiélago, el de los menores no acompañados. Así lo afirmó en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort. Además, este fue uno de los asuntos principales abordados en el Consejo de Gobierno que se celebró en Lanzarote.

Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz, Alfonso Cabello, expuso que ni la UE ni el Estado están dando una contestación a la urgencia de la crisis migratoria en la Islas y tienen una honda preocupación, pues si bien en noviembre ha bajado la llegada de migrantes en pateras y cayucos, el goteo sigue siendo diario. "Ya estamos en casi 3.500 personas más que en la crisis de los cayucos", afirmó, con 35.410 migrantes llegados a las costas canarias en lo que va de año. En opinión del Gobierno canario, es una crisis humanitaria "de primer nivel" y, en el caso de los menores, donde la custodia pertenece al Gobierno, "ni siquiera" han podido mantener la interlocución con el Estado. De hecho, recordó que estaba convocada una reunión de la Comisión de Infancia y Familia, que se suspendió de manera "unilateral" por parte del Estado, porque se iban a elegir a los nuevos ministros. "Y de los nuevos ministros seguimos sin saber nada", afeó.

El Gobierno de Canarias tramitó a finales de noviembre la solicitud de reuniones a los nuevos ministros de Derechos Sociales, Pablo Bustindoy; Migraciones, Elma Saiz; e Infancia, Sira Rego, para tratar la situación de los 4.461 menores no acompañados tutelados por la Comunidad Autónoma, pero no ha recibido contestación, mientras, se quejó el portavoz del Gobierno, la Comunidad Autónoma sigue haciendo esfuerzos para cuidar a estos niños y niñas. Además, alerta, el estado del mar se va a complicar a final de año "y es fundamental tener una respuesta del Estado" que permita trabajar con en las Islas y también en origen.

Recordó que el CATE de Lanzarote ha estado desbordado y, de hecho, este lunes han seguido llegando embarcaciones . Un grupo de 35 migrantes, todos adultos y de origen magrebí, entre ellos siete mujeres, una de ellas embarazada, logró alcanzar esta madrugada la costa este de Lanzarote, al arribar por sus propios medios al municipio de Teguise. Los vecinos que los vieron desembarcar en una zona comprendida entre el caserío de Caleta Caballo y el pueblo de Soo fueron los encargados de alertar al 112 de su presencia.

Hasta el lugar se desplazó un dispositivo sanitario del SUC y miembros de Cruz Roja, que prestaron asistencia sanitaria y humanitaria a estas personas, a quienes lograron localizar previamente efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, informa Efe. Una mujer embarazada y un hombre precisaron ser traslados al hospital de Lanzarote.

Modificación legislativa

El Ejecutivo canario está batallando por introducir una modificación en la Ley del Menor y establecer un mecanismo de corresponsabilidad del que participen el resto de las comunidades autónomas de forma que no recaiga solo en Canarias la tutela y atención de los niños y niñas no acompañados. Hay que tener en cuenta que desde 2021 hasta la actualidad se han derivado 365 menores a otros territorios y que en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se acordó derivar a otros 339 menores de las Islas a Península, pero todavía no se han llevado a cabo estas derivaciones que, no obstante, el Ejecutivo canario califica de “insuficientes”.

CCOO en contra de que se externalice la inspección en los centros de menores

Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha rechazado la idea que puso sobre la mesa el lunes pasado el Gobierno de Canarias de contratar a una empresa externa que se encargue de la inspección de los centros de menores a cargo de la comunidad autónoma.

CCOO entiende que esta es una forma de "seguir ahondando en el error de ceder a la iniciativa privada algo tan sensible como la custodia de los menores".

En un comunicado, el sindicato opina que, de esa forma, a ese "desacierto" se le suma el hecho de que sea otra organización privada la que se encargue de controlar la gestión diaria de los espacios.

Además, recuerda que en los últimos años "ha venido defendiendo la convivencia de que un servicio básico como el de la atención a los menores sea gestionado directamente por la administración pública, máxima entidad responsable de los menores en acogida y garante de preservar el sistema de bienestar social".

En el anterior Consejo de Gobierno, celebrado el lunes pasado, se habló de la posibilidad de contratar a una empresa para llevar a cabo la inspección de los centros de menores a cargo de Canarias después de conocerse la denuncia de una docena de menores migrantes albergados en un recurso en Las Palmas de Gran Canaria gestionado por Fundación Respuesta Social Siglo XXI.

Alfonso Cabello dijo ese día que se trabajaba en un contrato de inspección externa para conocer "lo que está sucediendo" en estos centros porque admitió que el Ejecutivo se ha visto "desbordado" por la situación.

El sindicato denuncia que la gestión de estos recursos en las islas mezcla ahora dos modelos, lo que contribuye a "aumentar la desigualdad entre los menores acogidos, así como entre los trabajadores que prestan los mismos servicios": por un lado, hay centros administrados directamente por los cabildos y otros que están externalizados.

Ello, critica, "obedece a una política de mínima atención por parte de los responsables políticos en el Gobierno de Canarias y en los cabildos, algo que se viene sucediendo desde hace varias legislaturas".

CCOO considera "vital" que los pliegos de condiciones en las licitaciones públicas "establezcan prácticas y criterios claros en la prestación del servicio, así como controles sobre la gestión económica, laboral y sobre el respeto de los derechos básicos de los menores acogidos".

Al mismo tiempo, entiende que es "imprescindible" que se supervise e inspeccione la gestión de estos centros de menores externalizados, y que se lleve a cabo de forma pública y obedeciendo a criterios de transparencia para "evitar irregularidades y generar confianza en el sistema".

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