Madrid libera fondos para desbloquear el traslado de 339 de los 4.400 menores

Las derivaciones a otras comunidades autónomas de niños y adolescentes migrantes llegados a Canarias sin el respaldo de un adulto se desbloquea tras meses de espera. El Gobierno de España ha aprobado una partida de 20 millones de euros con la que financiará el traslado y atención de 396 menores acogidos en el Archipiélago y en Ceuta. Aunque la cifra inicial de chicos que se iban a derivar desde las Islas era de 360 finalmente serán 339. Algunas regiones, entre las que se encuentra Baleares, han tenido un repunte de menores llegados a sus costas en las últimas semanas y han solicitado reducir la cuota que les fue asignada en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en octubre. Para la atención de los 21 niños que iban a ser trasladados y que se quedarán en Canarias, el Gobierno central ha asignado 1,3 millones de euros. 

Este reparto, enmarcado dentro del Plan de Respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023 que se pactó con las comunidades autónomas el año pasado, apenas sirve para liberar al sistema de acogida canario del peso del 7% de sus usuarios, pues actualmente 4.461 niños están bajo la tutela del Gobierno Canario. Así, cuando que se cerró el acuerdo, el Ejecutivo autonómico calificó la medida como «insuficiente» para dar respuesta a la crisis migratoria que afronta el Archipiélago en solitario. Además, hace años que desde las Islas se reclama una reforma legal que fije un reparto obligatorio entre todas las regiones.

Después de varios meses de espera, la aprobación de este presupuesto permitirá a las comunidades autónomas poner en marcha los dispositivos necesarios para recibir a los menores, pues este es el último paso antes de que reciban el dinero. Estos 20 millones corresponden al segundo y último reparto del crédito de los 35 millones de euros presupuestados el año pasado para el traslado y la atención de los niños y adolescentes no acompañados. La primera remesa, de 15 millones, la recibieron Canarias, Ceuta y Melilla, por ser los territorios que soportan mayor presión.

Además de los 21 menores que se quedan en Canarias, Andalucía, recibirá a 36; la Comunidad de Madrid, 34, y Cataluña, 33. Además, Asturias, acogerá a 32; Galicia, 28; Cantabria, 26; Comunitat Valenciana y Extremadura, 25, cada una; Aragón, 24; Castilla y León, 23; Castilla-La Mancha, 20; Región de Murcia, 19; Navarra y País Vasco, 17, cada una; y La Rioja, cuatro. Baleares dará refugio a diez menores, Ceuta a dos y Melilla no acogerá ninguno en esta ocasión.

El Ejecutivo canario recordó el lunes que todavía está a la espera de poder reunirse con los nuevos ministros para abordar las crisis migratoria y humanitaria. Desde las comunidades autónomas y, especialmente desde Canarias, se ha insistido a la nueva ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones, Elma Saiz, que convoque de forma urgente la Conferencia Sectorial de Inmigración, que fue cancelada in extremis por el exministro José Luis Escrivá. Así, la consellera balear de Familia y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, mostró su solidaridad con el Archipiélago y afirmó que la presión que soporta Canarias «es insoportable». 

Sistema de protección

Los doce menores migrantes que denunciaron ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria haber sufrido presuntos malos tratos y tocamientos de carácter sexual en su centro de acogida han sido reubicados en otros espacios del sistema de protección a la infancia. Los nuevos centros en los que viven desde hace unos días están gestionados por entidades ajenas a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que es la responsable de la casa en la que supuestamente se llevaron a cabo las agresiones. 

Los chicos permanecieron casi una semana en situación de desamparo, fuera del centro que tenía su guardia y del que se fugaron. Desde que salieron de las instalaciones mostraron su negativa ante la posibilidad de volver, porque tenían miedo a sufrir represalias por parte del director y de los educadores denunciados. 

Tras conocerse esta denuncia, el Gobierno de Canarias admitió que su capacidad inspectora de los centros de menores está «sobrepasada» y anunció que contratarán a una empresa externa para que fiscalice el funcionamiento del sistema de acogida.

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