El Gobierno de Canarias comprará casas vacías al ‘banco malo’ y fondos de inversión

La Consejería de Obras Públicas está negociando con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocido como el banco malo, e importantes fondos de inversión para adquirir «grandes bolsas de viviendas que tienen cerradas y vacías» con el fin de convertirlas en públicas con destino social, ya sea en régimen de alquiler o venta.

Así lo aseguró el titular del área, Pablo Rodríguez, en sede parlamentaria tras reiterar el constatado fracaso que supuso el anterior Programa de Vivienda Vacía puesto en marcha por el Gobierno del pacto de las flores: se inscribieron 85 casas para 2.000 solicitudes y solo se pudo entregar una.

Estos datos coinciden con los que recogió el informe sobre La situación de la vivienda en Canarias desde una perspectiva social que presentó el Diputado del Común, Rafael Yanes, en la Comisión de Vivienda el pasado noviembre.

Esta «falta de efectividad» del Programa de Vivienda Vacía de Canarias incluido en el Plan 2020-2025 llevó a Yanes a sugerir que el Gobierno regional debería «articular mecanismos de compensación bien a través de incentivos fiscales, o exenciones de impuestos», entre otras medidas, para «potenciar que los propietarios de casas vacías las oferten» en el mercado público.

El Programa de Vivienda Vacía solo pudo entregar una casa de las 2.000 solicitudes que tuvo

Sin llegar a hablar de esas bonificaciones fiscales, Rodríguez insistió en que desde la Consejería «pensamos que habría que priorizar las actuaciones con grandes tenedores, como son la Sareb y los fondos de inversión, porque son los que tienen cientos de viviendas vacías que pueden ofertar y, en estos momentos, ya nos están haciendo llegar listados que estamos estudiando».

Paralelamente, el consejero anunció que «estamos trabajando también para atraer a pequeños propietarios a la creación de una bolsa de vivienda», por lo que están buscando fórmulas que solucionen los temores de estos modestos tenedores: «falta de seguridad a la hora de garantizar que reciben el alquiler y asegurar que no se deteriore su casa».

Por ello, y a propuesta de la portavoz de Vox en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, Paula Jover, el consejero dijo que «no descartamos la posibilidades que la Comunidad Autónoma sea avalista» de estos propietarios para así conseguir que pongan sus viviendas a disposición del Gobierno de Canarias.

Hasta el 31 de julio en Canarias se habían registrado 25.129 demandantes de viviendas de protección oficial

Rodríguez coincidió también con Jover en que posibilitar el acceso a una vivienda es uno de los principales problemas que debe afrontar el Gobierno canario pues, como ella misma dijo, «se ha convertido en un bien de lujo» en las Islas.

«Alquilar una casa en Canarias es imposible para sueldos de menos de 1.800 euros, y la Ley de Vivienda de los llamados progresistas nos ha mandado a un punto retrógrado: los precios han vuelto a subir porque la oferta ha retrocedido», concluyó Jover.

Según datos suministrados por el Instituto Canario de Vivienda, a fecha 31 de julio de 2023 había 25.159 personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida. Sin embargo, el número total de unidades familiares a las que asignó vivienda desde el año 2000 hasta el 31 de diciembre de 2022 fue de únicamente 112. Además, un informe de Corporación 5 estima que deberían construirse 10.000 casas al año en las Islas para paliar la crisis habitacional.

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