Lío autonómico con la migración

La crisis migratoria en Canarias, intensificada en lo que va de año por el récord de llegada de migrantes desde las costas africanas en tan corto plazo de tiempo, parece haber puesto aparentemente el problema en el centro del debate político en España. Sin embargo, el enfoque que se le está dando no tiene que ver tanto con un tratamiento integral del fenómeno, cuanto con su derivada política sobre cómo gestionar el reparto de los migrantes entre los distintos territorios del Estado, sobretodo el de los menores no acompañados que llegan a las autonomías fronterizas y muy especialmente a Canarias, que en la actualidad acoge a en torno 5.700 niños, niñas y adolescentes.

La magnitud del problema, que los sucesivos gobiernos regionales y el conjunto de instituciones isleñas vienen denunciado desde hace tiempo y reclamando soluciones efectivas, ha sido reconocido ya por el Gobierno central y por la mayoría de las comunidades autónomas, pero la respuesta está siendo lenta y desvelando la escasa puesta en común y coordinación entre las partes y, a su vez, la ausencia de una política de Estado sobre la gestión de uno de los retos de futuro del país.

Cada vez que el fenómeno migratorio cruza la línea de lo que es el control de fronteras, o la acogida inmediata de las personas que llegan a las costas canarias y otras regiones fronterizas, se convierte en un problema de gestión de reparto de responsabilidades en el que cada comunidad autónoma tiende a mirar para otro lado, sin que el Estado haya sido capaz de puesto remedio.

Algunas de las propuestas e iniciativas que se han puesto sobre la mesa en los últimos meses en esta materia (como la reforma legal para el reparto obligatorio de menores, la financiación estatal de los traslados ya acordados, o incluso el traspaso a Cataluña de las competencias en algunos aspecto de la política migratoria), así como el posicionamiento de determinados gobiernos regionales o partidos políticos al respecto, han abierto un debate que por el momento deja muchas dudas sobre el futuro de la gestión del fenómeno migratorio. Las discrepancias entre Gobierno central y comunidades autónomas, las de éstas entre sí y las que se llegan a producirse internamente en algunos gobiernos regionales de coalición, junto a las dudas sobre la aplicación de algunas de las medidas anunciadas conforman un escenario de ‘lío autonómico’ que atasca cualquier salida coordinada.

De momento, el debate se centra en cómo llevar a cabo esa reforma normativa planteada por Canarias, que forma parte de los acuerdos entre CC y el Gobierno central sobre la agenda canaria, y que acabaría con el manido concepto de la «solidaridad» entre regiones para asumir una cuota de los menores no acompañados que llegan a las Islas y otras regiones receptoras, e implanta el de «reparto obligatorio» entre todos los territorios en base a una serie de criterios.

El Gobierno central mantiene las dos propuestas sugeridas, mediante real decreto o a través de una reforma de varias leyes ahora en vigor, en estudio por parte de sus servicios jurídicos y ha anunciado que antes del 31 anunciará su decisión. Canarias exige rapidez, aunque en ambos casos la medida necesita de la aprobación de las Cortes, tanto si es para convalidar en el Congreso el decreto ley es esta la fórmula elegida, como si lo es para aprobar por las dos cámaras legislativas las reformas legales propuestas.

Vox marca territorio

Pero aquí surge una de las derivadas políticas del asunto. En principio, el PP parece estar dispuesto a apoyar esas reformas, pero no es el caso de Vox, su socio en seis gobiernos autonómicos, que las rechaza. Estas discrepancia entre PP y Vox no tendrían por qué afectar a la mayoría necesaria para la aprobación de la medidas en el Congreso, pero desde el Gobierno central, tal como señaló hace unos días el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se teme que el partido ultra presione a su socio para que también se desmarque.

En el PSOE apuntan en este sentido que el PP está siguiendo la estela de Vox en materia de política migratoria con la mirada puesta en las elecciones europeas de mayo, y que eso podría determinar la posición final de los populares respecto al reparto obligatorio de menores. Y recuerdan que en la ‘agenda canaria’ que los populares pactaron con CC para la frustrada investidura de Alberto Núñez Feijóo, el punto referido a los menores no contemplaba de manera tan expresa como en el posterior pacto con el PSOE las reformas legales. Desde el PP se pone como contrapartida el ejemplo de que solo cuatro comunidades han cerrado ya el convenio con Canarias para el traslado de algunos de los 347 menores que se acordó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en octubre, y que las tres tienen gobierno popular: Madrid, Galicia, Aragón y Cantabria.

Sin embargo, esta misma semana se ha producido un episodio claro de discrepancia interna en una de estas comunidades, la aragonesa, entre el PP y Vox, que alimenta en parte la versión de Torres. El vicepresidente de esa región, Alejandro Nolasco, líder de Vox en el territorio, aseguraba que mientras su partido forme parte del Ejecutivo aragonés «no se va a facilitar la entrada a los inmigrantes ilegales desde Canarias» a la comunidad, entre otras razones porque eso formaba parte del acuerdo de gobierno. Esa declaración causó malestar y obligó al líder popular y presidente de Aragón, Jorge Azcón, a un desmentido como jefe del Ejecutivo: ; «No podemos permitir que se queden en Canarias todos los inmigrantes que entran», subrayó.

Lo cierto es que el partido liderado por Santiago Abascal no contempla otra política en relación con los «menas», como despectivamente se refieren a este colectivo, que la de la devolución a sus países de origen, como con los adultos. En Canarias, Vox considera que la distribución obligatoria de menores «favorecerá a las mafias y al tráfico de niños».

Incluso ese proceso aparentemente tan sencillo como la acogida de los 347 menores pendientes de trasladar desde Canarias está siendo un laberinto incomprensible entre las distintas administraciones con el resultado de que aún ninguno de ellos ha salido de las Islas. Los primerod 24 lo harán en los próximos días precisamente con destino Aragón.

Transferencias a Cataluña

Pero el ‘lío’ autonómico sobre la gestión migratoria tiene otros escenarios, como por ejemplo el catalán, donde el acuerdo entre el Gobierno central y Junts per Cataluña (JxC) para la cesión de algunas competencias en esta materia abre muchas incógnitas sobre su incidencia en el reparto de cupos de migrantes llegados a otros puntos de España, incluidos los menores. Aunque el Ejecutivo estatal asegura que esa facultad seguirá recayendo en su ámbito, la falta de clarificación sobre los términos de ese traspaso, que tiene que aprobarse en las Cortes, provoca inquietud en el Ejecutivo canario. Y se da la circunstancia, además, de que, según fuentes gubernamentales, aunque JxC no ha oficializado su posición respecto a la reforma de la ley para el reparto obligatorio de menores, su voto sería en estos momentos de rechazo.

El Gobierno de Pedro Sánchez considera en este marco que está dando ejemplo de su implicación en la crisis migratoria y en dar soluciones a las situación en Canarias. Sostiene que ya lo hizo aumentando los centros de primera acogida y de derivación de adultos a la Península durante la pasada legislatura, lo que está provocando que incluso algunas de esas instalaciones están más saturadas que las canarios –estas con apenas una ocupación del 50%–, y ahora con el claro compromiso de cumplir el pacto con CC sobre el reparto de menores.

Más allá de la constante apelación a la necesidad de que la UE asuma su parte de responsabilidad en esta materia, sobretodo tras la reciente aprobación del Pacto de Migración y Asilo de los 27, el Ejecutivo está poniendo el énfasis en el esfuerzo de coordinación realizado con la creación de la Comisión Interministerial sobre Inmigración, a cuyo mando ha colocado al ministro canario, y en las medidas adoptadas y acordadas con las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales de Migraciones, y de Infancia y Adolescencia.

Por ahora solo ha comprometido 15 millones más este año para distribuir entre las regiones para el reparto de los 347 menores que se acordaron en octubre, pero asume que tendrá que dotar con mucho mayor presupuesto una distribución como la que contemplaría una reforma legal para el reparto preceptivo. La nueva norma obligará a establecer unos criterios de distribución sobre los que todo hace indicar que los distintos territorios entrarán en una guerra de ponderaciones para tratar de llevarse el menor número de menores posible, una actitud que, de confirmarse, iría a la contra de una política de Estado y alimentará la utilización del fenómeno migratorio como un arma política.

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