Canarias compró mascarillas a la trama del asesor del exministro Ábalos

El Gobierno canario pagó 6,8 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL por la compra de 2,7 millones de mascarillas durante la pandemia del covid que se inició en 2020. Se trata de la sociedad vinculada al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, detenido ayer por la Guardia Civil en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción por una supuesta trama de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas. Esta empresa suministró material sanitario a los ministerios de Transportes, que dirigía Ábalos, al de Interior, y a dos comunidades autónomas, Baleares y Canarias.

La contratación se produjo por el trámite de emergencia y el procedimiento de negociado sin publicidad justificado por las circunstancias excepcionales de la crisis sanitaria cuando se ordenó el confinamiento en marzo. En la orden firmada por el entonces consejero de Sanidad en funciones del gobierno de Ángel Víctor Torres, Julio Pérez, se estipula que el comité de gestión de emergencia sanitaria, constituido por el Ejecutivo autonómico, abordó la necesidad urgente de adquirir material sanitario para hacer frente a la pandemia y que éste llegara con premura a las Islas.

«El Servicio Canario de Salud contactó con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, formalizando un pedido de mascarillas protectoras KN95/FFP2 necesarios en la lucha frente al covid-19, siguiendo los cauces establecidos en la situación de emergencia», recoge la orden de contratación, que finalmente abonó a esta sociedad 6,8 millones de euros de los fondos extraordinarios habilitados para comprar material. 

Ábalos, de la trastienda para encumbrar a Sánchez al auge y caída en dos actos

Julio Pérez fue consejero de Sanidad de forma interina desde la destitución de Teresa Cruz poco después de iniciada la emergencia por la pandemia, en marzo de 2020, hasta el nombramiento de Blas Trujillo a finales de junio. Fueron los inicios de la crisis sanitaria, el confinamiento y la emergencia en la compra del material sanitario necesario para hacer frente a una situación inédita. 

El asesor de Ábalos saldrá libre tras negarse a declarar por el cobro de comisiones por las mascarillas

Junto a Pérez fue director del Servicio Canario de Salud (SCS) en este periodo Antonio Olivera, que ha mostrado su sorpresa por la investigación en la que se ha visto envuelta esta empresa porque «siempre funcionó bastante bien, nunca detectamos nada extraño más allá de las comprobaciones de rigor de la documentación y del material que se había comprado», añade.

Olivera recuerda que eran los meses más duros de la pandemia, él estuvo unos tres meses al frente del organismo autónomo sanitario y les llegó desde diversas instancias y contactos empresas que podían suministrar material urgente a la Comunidad Autónoma: «Les pedíamos a las empresas que nos hicieran sus ofertas económicas y de material y éstas eran analizadas, se hacía el pedido y si funcionaban bien se seguía trabajando con estos proveedores. No recuerdo cómo nos llegó esta empresa, los contactos eran muchos y había personas que nos facilitaban proveedores», añade.

Olivera resalta que la empresa siempre cumplió y fue de los proveedores que mejor funcionaron en la etapa más dura de la emergencia sanitaria cuando había problemas para conseguir material para proteger al personal sanitario. «Me ha llamado la atención este lío porque nunca se detectó nada extraño, estaban bien de precio, traían el material ajustado a lo que se había pedido y tampoco pedían dinero por adelantado como hacían otros proveedores», subraya el actual jefe de gabinete del ministro de Política Territorial, el expresidente canario Ángel Víctor Torres. Sin embargo, está acreditado que la empresa entregó más de 800.000 mascarillas que no cumplían con los requerimientos de las autoridades sanitarias, por lo el SCS reclamó su reposición.

El historial delictivo de Koldo García Izaguirre, asesor de Ábalos, en Navarra

Una vez que se conoció que la Comunidad Autónoma de Canarias compró mascarillas a esta empresa ahora investigada, el Gobierno canario ha abierto de forma inmediata una investigación interna para comprobar el alcance de las compras realizadas a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y si hay que delimitar algún tipo de responsabilidad.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción está dirigida por el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional. Según informó la Fiscalía en una nota de prensa, las diligencias practicadas -declaradas secretas- guardan relación con presuntos hechos delictivos asociados a delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, relativos a la adjudicación de diferentes contratos de varias administraciones. Fuentes de la investigación han asegurado que entre los detenidos no figura ningún cargo público, ya que las diligencias se centran sobre el papel como intermediarios de Koldo García y su socio.

Armengol reclamó 2,6 millones de euros por las mascarillas fraudulentas de Ábalos

Se acusa a García y al resto de la trama de cobrar presuntamente comisiones a cambio de adquirir mascarillas mediante una serie de empresas adjudicatarias en plena pandemia. Según fuentes de la investigación, «él proponía compras por parte de empresas concretas, controladas por él». Los contratos, que acababan firmándose con esas empresas, ascienden a más de 50 millones de euros, aunque no se ha desvelado el montante de las comisiones, ya que la causa es secreta. Una de las empresas adjudicatarias era precisamente Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que se describe como una empresa de desarrollo y asesoramiento técnico en proyectos Internacionales de salud, energía, agua e infraestructuras agrícolas. Es a esta sociedad a la que el Gobierno canario compró mascarillas con un contrato firmado en junio de 2020.

20 detenidos

La operación desarrollada por la UCO responde al nombre de Delorme y ha llevado a la detención de 20 personas en varias provincias españolas, entre ellas también la mujer de Koldo, que ha sido posteriormente puesta en libertad y que será citada por el juez, según revelan fuentes de la investigación. En total se han practicado 26 registros, según las mismas fuentes. Entre los arrestados también se encuentra Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol, que es el socio de Koldo García en la supuesta trama investigada.

La empresa clave en la trama del asesor de Ábalos adeudaba 269.000 euros a Hacienda

La Guardia Civil ha reclamado al Ministerio de Transportes documentación en el marco de la investigación por las presuntas mordidas que han llevado a la detención de Koldo García Izaguirre, el que fuera asesor del titular de esta cartera y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Suscríbete para seguir leyendo