Los alcaldes critican que el Gobierno les obviara con el decreto de vivienda

El decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda solo lleva cuatro días publicado, pero ya ha empezado a despertar las primeras opiniones. En la Federación Canaria de Municipios (Fecam) prefieren ser cautos y recabar más información antes de emitir una valoración concreta. Lo que si tienen claro los alcaldes es que les hubiera gustado participar en la elaboración del texto. Así lo explicó ayer la presidenta de la Fecam, Mari Brito, tras la celebración del Comité Ejecutivo en La Palma. «Cuando se toman decisiones de este calado, el Gobierno debería celebrar reuniones previas con nosotros, pero en esta ocasión no ha sido así», criticó la representante de los alcaldes.

Al no celebrarse esas reuniones previas y no haber podido aportar sus sugerencias antes de la elaboración, los municipios se encuentran ahora en pleno proceso de «investigación». «Ahora que conocemos el texto estamos recabando informes jurídicos y técnicos que nos ayuden a valorar de una manera conveniente el decreto», apuntó ayer Brito, que no quiso mojarse mucho más sobre el contenido del documento. «En una primera lectura valoramos positivamente la agilización y simplificación de procedimientos, pero hay varias cuestiones en las que debemos profundizar», insistió.

En concreto Brito se refirió a partes del decreto ley que invocan algunos artículos de la Ley del Suelo y que podrían chocar con competencias municipales. «Lo estamos analizando, recabando toda la información», subrayó la presidenta de la Fecam, quien utilizó de ejemplo la Ley del Suelo para insistir en la importancia de contar con los alcaldes para elaborar las normativas. «En ese caso hubo una metodología de trabajo con la consejería y hubo acuerdos y desacuerdo y finalmente una ley en la que hicimos aportaciones y sugerencias», recordó. En este nuevo proceso los municipios sienten que no ha sido así.

Lectura días antes

Aun así, Brito valoró «positivamente» la predisposición que muestra el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, a leer las sugerencias que presente la Fecam después del análisis. Además, la también alcaldesa de Candelaria reconoció que el Ejecutivo autonómico les había permitido leer el texto unos días antes de publicarse, aunque no participaron en la elaboración. Esto choca con la acogida que los cabildos han dado al nuevo decreto ley, incluso aquellos de distinto color político. El vicepresidente y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), aseguró, tras aprobarse la norma, que las peticiones planteadas por la corporación insular a la Consejería se habían recogido en el documento.

En concreto Hidalgo aplaudió tres medidas: la posibilidad de que los cabildos puedan promover la construcción de vivienda protegida, el incremento hasta cinco veces del el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y la regulación del modelo de cohousing.

La presidenta de la Fecam insistió ayer en que los municipios apuestan por avanzar en la construcción de vivienda protegida y sobre todo de promoción pública y recordó que los alcaldes abogan por el cumplimiento del «Plan Canario de Vivienda al que se adhirió la Federación». Sin embargo, insistió en que en el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda «hay algunas cuestiones que hay que analizar desde el punto de vista técnico».

Tras la celebración del Comité Ejecutivo, la alcaldesa de Candelaria también avanzó que los municipios mantendrán una reunión «próximamente» con la Consejería de Turismo del Gobierno canario para comenzar a trabajar en «cuestiones concretas» relacionadas con la regulación del alquiler vacacional en las Islas.

Brito aseguró «coincidir» con la consejera del área, Jéssica de León, en la necesidad de «regular» este tipo de turismo y desmintió que la Fecam no esté de acuerdo con el alquiler vacacional. «Lo que queremos es una regulación de esa actividad», insistió. Según las palabras de la alcaldesa, hay cambios de uso en las viviendas en los que «los ayuntamientos, no tienen seguridad jurídica ni ningún instrumento con el que poder intervenir en esas situaciones». Por lo que recalcó que se debe contar con los «municipios» durante el proceso de redacción de este tipo de normas , «tal y como se ha hecho hasta el momento».

Una vez los municipios valoren y analicen el nuevo decreto ley de medidas urgentes, plantearán consideraciones que «esperan» que el Ejecutivo autonómico tenga en cuenta, pero lo cierto es que la norma ya entró en vigor desde el pasado martes cuando fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Ahora queda que el Parlamento regional convalide el decreto en el plazo de un mes aunque hay voces de la oposición que ya han solicitado al Ejecutivo autonómico que se tramite como un proyecto de ley, lo que abriría la posibilidad a que los partidos presenten enmiendas.

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