El frente común para flexibilizar la regla de gasto se agrieta en la Cámara

El frente común desde el Parlamento de Canarias que buscababa el presidente Fernando Clavijo para proponer al Gobierno de España flexibilizar la regla de gasto comenzó a resquebrajarse en la sesión celebrada ayer en el hemiciclo regional.

Mientras el presidente Clavijo, el vicepresidente Manuel Domínguez y la consejera de Hacienda, Matilde Asián, insistieron en la solución canaria que el Ejecutivo trasladó a los portavoces el pasado 17 de enero en la sede de Presidencia de la capital tinerfeña, desde la bancada de la oposición de izquierdas (PSOE y NC-Bc) se escuchó que la misma «está poco elaborada, carece de informe jurídico» y supone una «cortina de humo para tapar las propias carencias» del Gobierno respecto a su poca inversión en servicios públicos esenciales.

El presidente reiteró que es «injusto» que a Canarias se le aplique la regla de gasto de forma lineal como al resto de comunidades autónomas porque «cumple con todos los indicadores» e «hizo la tarea» impuesta por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, motivo por el que «somos la comunidad autónoma menos endeudada» de toda España. Una tesis compartida por su número dos en el gabinete, el conservador Manuel Domínguez: «Canarias no está pidiendo una medida excepcional, porque cuando otras comunidades entren en vereda tendrán los mismos derechos»

A la consejera Asian le tocó, de nuevo, la parte más pedagógica de la propuesta canaria: una modificación del artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de no aplicar «medidas preventivas, correctivas y coercitivas» a aquellas comunidades autónomas «que se encuentren en situación de equilibrio o superávit estructural y su deuda no supere el límite fijado», que en el caso de las autonomías es el 13 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) regional.

«No tiene razón de ser»

«No tiene razón de ser que con superávit, equilibrio presupuestario y estando por debajo del objetivo de deuda para el conjunto de las comunidades se tenga que coger los 280 millones de las entregas a cuenta y meterlas en el banco, quietitas, y no poderlas destinar a servicios fundamentales ni bajar impuestos. Esto parece que choca», argumentó Asián.

Al respecto, la canarista Esther González recordó que su partido se opuso a la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2012 porque, precisamente, «no discrimina entre las autonomías que cumplen y las que no cumplen» y «prioriza» el pago de la deuda a las entidades financieras Además, incidió en que la propuesta canaria «se olvida de los cabildos y ayuntamientos», motivo por el NC-Bc ha elaborado una solución alternativa a la redactada por el gabinete que preside Clavijo.

También fue crítico el diputado socialista Manuel Hernández, que puso reparos a una fórmula que «modifica una Ley Orgánica a través de los Presupuestos del Estado». Además, ironizó con el hecho de que Asián ha pasado de ser la «ferviente defensora de la regla de gasto», ya que fue la ponente de la Ley de 2012, «a reclamar una flexibilización» de la misma.

Asián replicó la tesis del PSOE recordando que «esta modificación no tiene por qué hacerse mediante una ley orgánica», ya que «de facto» hubo modificaciones en las leyes presupuestarias de 2018 y 2019 «para permitir inversiones financieras sostenibles.

«Se puede hacer», remachó Asián.

Según los datos manejados por el Gobierno regional, el endeudamiento de Canarias asciende al 12,8% de su PIB, cuando la media de las comunidades se sitúa en el 22,3%. Es decir, mientras que Canarias tiene ahora prácticamente la misma deuda que en 2015 (6.672 millones), la del conjunto de las comunidades autónomas se ha incrementado en 56.665 millones de euros.

Además, según los datos de la Consejería de Hacienda, el Archipiélago es la comunidad española con menor deuda por habitante: 3.070 euros por ciudadano frente a los 6.776 euros a que asciende la media del resto del país.

Regla de oro

Asián argumentó también que el artículo 135 de la Constitución exige equilibrio presupuestario y cumplimiento de la deuda, por lo que el Gobierno canario plantea que si una comunidad autónoma cumple esos requisitos no se tomen medidas contra ella por destinar el superávit a inversión.

La reforma constitucional española de 2011 modificó el artículo 135 de la Constitución española estableció en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible.

Esta denominada regla de oro se adoptó cuando los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron crear un Pacto Fiscal Europeo para intentar restaurar la confianza financiera. Para la consejera Asián es «razonable» que más de una década después de aquella crisis, se «flexibilicen» las condiciones para permitir que el superávit pueda destinarse a inversión esencial.

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