Casi la mitad del dinero invertido por el Gobierno de Canarias en material sanitario para la pandemia está siendo investigado

El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, afirma que "el 47% de los 80 millones de euros invertidos están siendo discutidos en diferentes procedimientos judiciales"

Portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.

Portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. / LP/DLP

El Gobierno canario espera explicaciones "más contundentes" del PSOE sobre los diferentes casos que se investigan relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia del covid. Teniendo en cuenta que, según los datos del portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, el "47% de los 80 millones de euros que se invirtieron en compras de este tipo están siendo discutidos en diferentes procedimientos judiciales". El también viceconsejero de Presidencia se refiere a los tres casos que han salpicado al Archipiélago recientemente: el caso mascarillas , el caso Koldo y el caso Damco. Todos relacionados con contratación pública de suministro de mascarillas y material sanitario durante la pandemia.

Ángel Víctor Torres.

Ángel Víctor Torres. / EP

Cabello entiende que "faltan" explicaciones "contundentes" de gestores anteriores, en relación al PSOE, que estuvo al frente del Ejecutivo regional durante el coronavirus bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres.

El portavoz insistió en la necesidad de "arrojar muchísima transparencia" por parte del Gobierno de Canarias, que tiene "toda la voluntad de hacer ese ejercicio, poner toda la información a disposición y, a partir de ahí, en el ámbito de los partidos, en el ámbito parlamentario, en paralelo, que continúe esa comisión de investigación".

"Todavía nos faltan algunas explicaciones más contundentes que tienen que darse por parte de los anteriores gestores, en especial por parte del PSOE", subrayó en declaraciones a los periodistas para agregar que lo que está haciendo el Gobierno canario actual es "digitalizar todos los expedientes implicados en este asunto, ponerlos a disposición de los servicios jurídicos y de la intervención de la comunidad autónoma".

Y posteriormente decidirán si se traslada a los juzgados "con la voluntad de personarnos o no" en función de si se ha ocasionado un daño a los intereses de la Comunidad Autónoma canaria.