Pleno del Parlamento de Canarias | A vista de guirre

Calimas, indignaciones y sirocos

La indignación era lo que se llevaba ayer en la Cámara; en otras jornadas es el sarcasmo, el humor o el historicismo

Patricia Hernández, una de las protagonistas del pleno a cuenta de un cruce de opiniones con Pablo Rodríguez.

Patricia Hernández, una de las protagonistas del pleno a cuenta de un cruce de opiniones con Pablo Rodríguez.

Alfonso González Jerez

Alfonso González Jerez

El pleno parlamentario es tibio y denso como una primavera de calimas. A los grupos les ha dado la prisa y algo está funcionando mal en sus mecanismos internos: retiran preguntas, comparecencias e interpelaciones; no entregan a tiempo proposiciones no de ley. Andan entre abúlicos y asirocados. Luego ocurre cosas extrañas como, por ejemplo, que don Sebastián Franquis, portavoz chambelán del grupo parlamentario socialista, desaparece en cuanto le pregunta lo que desea al presidente del Gobierno y no asoma el hocico hasta la hora de la votaciones, en el segundo día del pleno, aunque a veces se acerca una horita para desintegrarse enseguida. No es que se avecine ninguna crisis. Los grupos, simplemente, no han terminado de hacer la digestión de sus circunstancias poselectorales. Por eso, por ejemplo, todos hicieron ayer al presidente Fernando Clavijo la misma pregunta, sin matices ni contextos: ¿cómo afectará la prórroga de los presupuestos generales del Estado de 2023, decidida por Pedro Sánchez, en los presupuestos canarios y, en general, a la situación económica del país?

Fernando Clavijo, obviamente, respondió a todos lo mismo, aunque en su afán didascálico insistió en que la situación demandaba unidad de todas las fuerzas políticas canarias. Es una mala noticia, es una decisión políticamente incomprensible, hay gastos que se mantendrán -por ejemplo, los derivados de la gratuidad de tranvías y guaguas en las Islas- y otros que podrán salvarse a través de decretos que vehiculen créditos extraordinarios. Las infraestructuras educativas e hidráulicas no tendrán esa suerte. Con mecanismos similares el presidente Clavijo espera que se pueda salvar alrededor de un 60% de las exigencias económicas de la agenda canaria. El PP se quejó mucho. El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, aseguró que estarían al lado del Gobierno, pero repentinamente pegó un chillido acusando al PP - de verdad, fue impresionante- de ser corresponsable de la prórroga presupuestaria, una acusación tan disparatada que dejó mudos hasta a los conservadores. El PSOE charloteó un rato para consumir su turno sin que se notara demasiado. Para Casimiro Curbelo había que hacer algo. Los de Vox recordaron que ya habían profetizado que Pedro Sánchez no cumpliría con Canarias y reprochó a CC, por enésima vez, que se sumara a su investudura. Aquí Clavijo le respondió que Vox, en el Congreso de los Diputados, había votado, como en todas las restantes reivindicaciones canarias, contra la gratuidad del transporte. «Entre el no seguro de ustedes y la posibilidad de un acuerdo con Sánchez que beneficie a Canarias, me quedo con lo segundo», le espetó el presidente a Galván. 

A continuación se corporeizó el portavoz Franquis, muy indignado porque hay más de 500 ancianos en camas hospitalarias cuando ya cuentan con alta médica, a consecuencia del déficit de plazas en centros sociosanitarias. Para Franquis el número 500 debe tener un valor cabalístico, porque cuando eran 450, es decir, cuando gobernaban el PSOE y sus socios de izquierda, no se le escuchó rechistar una palabra al respecto. Raúl Acosta preguntó cómo va la negociación con el Gobierno central sobre los migrantes menores no acompañados y Clavijo reconoció un cambio de actitud de Sánchez: se está avanzando pero todavía dista de estar cerrada. Acosta recibió la noticia impertérrito, como siempre, porque el diputado parece que no siente ni padece, condición hoy día indispensable para militar en la Agrupación Herreña Independiente. Al menos que seas Narvay Quintero. Pero Narvay, instalado en Tenerife hace media eternidad, ya es un herreño honorario. 

Entonces llegó el segundo emberrinchamiento de la mañana. Casimiro Curbelo preguntó a Pablo Rodríguez sobre las medidas para «impulsar una solución alternativa al colapsado puerto de Los Cristianos». «Yo creo que la gente no es consciente de lo que es el puerto de Los Cristianos», aventuró Curbelo, que a ratos parecía hablar de Gaza. «Los gomeros, como los palmeros y los herreños, llevamos ya muchos años, muchos años esperando una solución, y no llega. ¡Ya está bien!». Para el presidente sempiterno del Cabildo de La Gomera y líder de ASG la solución es el puerto de Fonsalía y punto. El consejero de Transporte ofreció un meritorio espectáculo de gimnasia verbal para brindar, finalmente, algo ya comprometido: una comisión. Desde su escaño Júpiter gomero y tronante lo observaba con un indisimulable desdén. La indignación era lo que se llevaba ayer en la Cámara; en otras jornadas es el sarcasmo, el humor o el historicismo. Patricia Hernández estaba muy indignada, verbigracia, por el desalojo de las 90 familias del Edificio Chasna, en Arona, y le pidió al Pablo Rodríguez que estaba haciendo para solucionar esta situación. Aparte de ponerse a disposición del ayuntamiento de Arona y ofrecerles el programa Prohogar, Rodríguez le recordó a la diputado socialista que las decenas de familias hacinadas en ese edificio abandonado residían ahí «desde el año 2021», y que ni el ayuntamiento de Arona ni el Cabildo de Tenerife -ambos gobernados por el PSOE-hicieron nada al respecto. Ni siquiera incoar expedientes reconociendo la situación de vulnerabilidad social de los afectados -entre los que hay mujeres embarazadas y niños pequeños- para que se puedan beneficiar de programas como Prohogar y de otros ayuntamientos. Lo cierto es que tanto el consejero como la diputada tenían parte de razón. Mientras culminan esos expedientes deben buscarse fórmulas transitorias de acogida en algún recurso habitacional público o privado. Si enferma o fallece algún niño o algún anciano por pasar noches al raso - y hace mucho frío en las medianías de Arona en el mes de marzo- se buscarán responsabilidades. Y con razón. Por último también existe la indignación chaplinesca, de las cuales se pudieron observar dos casos inmejorables. Una la de Gustavo Santana, antiguo preboste de la UGT, después viceconsejero del Gobierno de Ángel Víctor Torres y hoy diputado que sigue disfrazado de almacenista por solidaridad con el proletariado. Santana le preguntó a la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, que se había hecho desde la Presidencia del Gobierno para aumentar el sueldo de los canarios. Santana se refería a la petición que hizo Fernando Clavijo a los empresarios turísticos para que aumentaran los salarios en una coyuntura excepcionalmente buena para el sector. «¿Cómo?», preguntó Santana, «¿Entonces no hizo nada? ¿Esas declaraciones no eran sino humo?». La demagogia barata del exsindicalista no puede encontrar pretexto en la ignorancia. Bien sabe Santana que el Gobierno canario no dispone de capacidad política ni competencias para subir los salarios de ningún sector; incluso el Gobierno central solo puede incrementar el salario mínimo interprofesional. Luego se cubrió de gloria al afirmar que el problema de la economía canaria no es de productividad, sino de salarios y condiciones laborales. Es una muestra del nivel de análisis y compromiso de la élite sindical en Canarias. La otra indignada con vocación payasista fue la diputada de Vox Paula Jover, para la que se están intoxicando con la perversa ideología de género a los funcionarios de la Comunidad autónoma en fementidos cursos de formación técnica. A saber cuántos homosexuales, abortistas o transexuales pueden salir de cualquier programa de formación interadministrativa. Depravados.  

Dos notas finales. Al PSOE le parece bien ahora que no se terminen de entregar las competencias en Costas al Gobierno de Canarias, según establece el Estatuto de Autonomía de 2002. Nayra Alemán cantó maravillas de la ley de costas, que no era desarrollista, sino medioambientalista, y a saber para qué quieren ustedes todas las competencias, malandrines. Esto va a acabar en el Tribunal Constitucional, al que por cierto amagó con ir Ángel Víctor Torres. Qué tiempos. Lo último (lo penúltimo) fue escuchar a Gustavo Matos decir que el Gobierno de Sánchez informa al Gobierno de Canarias hasta de cuántos dátiles se come el ministro de Asuntos Exteriores cuando visita Marruecos. «Además», dijo para perfeccionar el argumento, «los canarios están representados por el Ministro de Asuntos Exteriores…Yo me siento representado por el ministro…¿ustedes no?» Para el PSOE sanchista y sanchistero el autonomismo solo debe defenderse en Cataluña, el País Vasco y Navarra. Para todo lo demás el Gobierno de Pedro Uno, Grande y Libre.

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