Vox tiene que devolver 29.000 euros públicos y Podemos, 61.000

El informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas sobre las elecciones autonómicas del año pasado solo salva a PSOE, CC y PP

Noemí Santana en un pleno del Congreso de los Diputados que hubo de celebrarse en el Senado.

Noemí Santana en un pleno del Congreso de los Diputados que hubo de celebrarse en el Senado. / KIKO HUESCA / EFE

Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

Solo tres –PSOE, CC y PP– de las ocho formaciones políticas con derecho a percibir subvenciones públicas para afrontar el proceso electoral autonómico de mayo del año pasado están pendientes de percibir aún una parte del dinero al que tienen derecho. Entre las segundas destaca Unidas Sí Podemos (USP), que debe a las arcas 61.492,82 euros, mientras que Vox debe reintegrar 29.110,01 euros. 

También Nueva Canarias (NC), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Agrupación Herreña Independiente (AHI), siempre por incorrecciones en el proceso, deben devolver dinero, según el Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones al Parlamento de Canarias de 28 de mayo de 2023 cerrado el 5 de marzo por la Audiencia de Cuentas.

La formación morada tiene que reintegrar todo el adelanto recibido al no lograr ningún escaño

USP tiene que reintegrar la totalidad del adelanto que percibió para sufragar el presupuesto de la campaña electoral. El motivo de ese desajuste no es otro que el de no haber logrado meter a ninguno de sus candidatos en la Cámara autonómica. «USP no tiene derecho a percibir subvención al no haber obtenido ningún escaño», señala el informe firmado por el presidente en funciones del órgano de fiscalización de la comunidad autónoma, Pedro Pacheco.

La formación morada es el caso más complicado de entre todos los operadores políticos. El resto de los que están obligados a devolver parte del dinero percibido al menos tienen los ingresos que se derivan de mantener la representación en el Parlamento de Canarias para poder maniobrar.

En concepto de anticipo

¿Por qué Podemos percibió una cantidad antes de conocerse los resultados? Porque la ley permite tomar los últimos resultados obtenidos –mayo 2019–, en este caso y en el de todos los partidos y coaliciones, para hacer un cálculo aproximado de lo que corresponderá a cada una y anticiparles parte del dinero que, supuestamente, se completará tras el recuento de las papeletas.

El problema llega cuando se produce un hundimiento del tamaño del sufrido por la coalición encabezada por la hoy diputada nacional Noemí Santana. USP pasó de los cuatro representantes con que contó en la anterior legislatura a cero. Eso, como queda dicho en el informe de la Audiencia de Cuentas, conlleva el reintegro de la totalidad del dinero recibido.

Tampoco obtener representación es garantía de que todo esté en orden. A la vista de lo detallado en el documento es fácil deducir que los apuntes contables y el aporte de documentación no pueden contener ninguna fisura. En ese terreno tienen menos probabilidad de errar los aparatos de los partidos más maduros y que más elecciones tienen a sus espaldas.

La inexperiencia y el desconocimiento del proceso motivan la mayor parte de las objeciones

Por el contrario, la inexperiencia se revela como uno de los peores enemigos al que se enfrentan los partidos si no quieren encontrarse frente a sorpresas indeseadas. Lo de USP no tiene remedio porque viene determinado por un factor incontrolable como es el libre ejercicio del derecho al voto por parte de los ciudadanos, pero en el resto de los casos, una mayor pericia en la actuación podría haber ahorrado sustos.

La ultraderecha entró por vez primera en la Cámara autonómica en los últimos comicios. Y lo hizo a lo grande, con grupo propio tras conseguir cuatro diputados. «La factura nº 266/23 de AR Difusión Comunicaciones publicitarias por importe de 1.694 euros, que corresponde a un diseño web creado para las elecciones autonómicas 2023 en catorce autonomías de España, no indica lo que corresponde concretamente a Canarias», señala el informe. Ese es solo un ejemplo que refleja la bisoñez en procesos en los que se mueve mucho dinero y debe justificarse hasta el último céntimo si se aspira a la subvención.

IVA en lugar de IGIC

Tampoco «consta declaración de forma expresa por parte del partido, certificándola en un documento aparte, del número de electores a los que se les ha efectuado el envío directo y personal de sobres y papeletas electorales o de propaganda electoral por cada una de las circunscripciones electorales». La suma de incorrecciones, entre las que se incluyen facturas con IVA –en lugar del IGIC canario– elevan hasta los 29.110,01 euros la cantidad a devolver.

Más experiencia tiene Nueva Canarias (NC) y, sin embargo, habrá de devolver 10.471,79 euros. También por cuestiones como ingresar «62.800 euros procedentes de aportaciones privadas (...) en una cuenta distinta a la electoral». Basta eso para que no puedan considerar «recursos del proceso electoral». 

NC cometió el error de no depositar en la cuenta electoral las aportaciones privadas

La Audiencia de Cuentas señala que así lo mandata «el artículo 126 de la Loreg» (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), norma que data de 1985. No se trata por tanto de un cambio legislativo que pueda pillar a nadie con el pie cambiado. Errores de este tamaño solo son atribuibles a una ausencia grave de experiencia o conocimiento del proceso.

Como también lo es hacer pagos desde una cuenta distinta de la habilitada para las elecciones. Otro de los preceptos que, como este, no admite recurso cuesta al partido que preside Román Rodríguez una reducción de las subvenciones que alcanza los 8.213,93 euros. Así lo recoge el informe.

También gomeros y herreños

En cuanto a la Agrupación Socialista Gomera (ASG), la cantidad a reintegrar a las arcas públicas es de 5.580,58 euros. Entre los gastos de la formación que lidera Casimiro Curbelo que la Audiencia no admite como subvencionables se incluyen 4.716,61 euros dedicados a publicidad exterior. Dicha suma supera el límite que ASG tenía para ese capítulo.

Por último, la Agrupación Herreña Independiente (AHI) debe 2.005,71 euros. Y en este caso no porque la Audiencia de Cuentas detecte movimientos no ajustados al proceso de la campaña electoral. Simplemente el adelanto del 45% percibido por la formación, de 7.310 euros, superó la cantidad final que debe recibir.

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