La futura Ley Canaria de Costas protegerá el litoral "tanto o más que la estatal"

La futura Ley Canaria de Costas "logrará una gestión más eficaz y eficiente" de los asuntos que afectan al litoral de las Islas pero en ningún modo "rebajará el nivel de protección" que garantiza la vigente legislación estatal.

Ese es el compromiso del consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ante el pleno del Parlamento celebrado este martes: "este Gobierno está tan concienciado como el Ministerio de Transición Ecológica, si no más, en la protección del litoral". De esta manera Rodríguez quiso tranquilizar a los grupos de la oposición, pues tanto la socialista Nayra Alemán como Carmen Hernández de Nc-Bc temen que el futuro texto legislativo sea "más desarrollista que proteccionista".

Rodríguez recordó que los servicios jurídicos del Ejecutivo están ultimando los detalles del recurso que presentará la Comunidad Autónoma ante el Tribunal Constitucional sobre la gestión del litoral y se mostró esperanzado de que al final el conflicto abierto sea favorable a Canarias, tras la sentencia del TC que dio la razón a Galicia sobre la gestión de las costas a esa comunidad en contra de un informe del Consejo de Estado.

"El reconocimiento legal como responsables en exclusiva de esta materia ya está recogido en el Estatuto de Autonomía de 2018, por lo que no cabe discusión ni disputa ante este hecho, pero el decreto de traspaso de servicios y funciones de 2022, con el que no estamos de acuerdo, es insuficiente y por ello reclamamos su revisión", insistió el consejero.

El decreto es "un engaño"

Como se recordará, en la comisión bilateral celebrada el pasado 22 de abril, el Ejecutivo trasladó a los representantes del Ministerio la imperiosa necesidad de acometer esa revisión porque esa norma "es un engaño, ya que no se ajusta a las competencias exclusivas que, desde 2018, son responsabilidad de nuestra Comunidad Autónoma, para asegurar que se respeten plenamente las competencias reconocidas en nuestro Estatuto", apunta Rodríguez. Una posición que no es compartida por el Estado, que mantiene su postura firme al estar respaldada por sus órganos consultivos. Lo mismo que sucede con la Comunidad Autónoma, que blande un informe favorable del Consejo Consultivo.

"Ante esta situación de discrepancia irreconciliable desde el plano político, solo el Tribunal Constitucional puede dirimir y resolver el conflicto que actualmente nos enfrenta", concluyó el consejero ante el Pleno.

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