El Gobierno pone el modo escucha para abordar las demandas del 20A

El pasado 20 de abril, miles de personas participaron en las multitudinarias protestas en todas las Islas contra las consecuencias del turismo en forma de bajos salarios, precios inasequibles de los alquileres, imposibilidad de comprar una vivienda propia, servicios públicos tensionados, tráfico colapsado o gentrificación de los núcleos urbanos. El malestar de la ciudadanía vino a demostrar que la idea abanderada por distintos gobiernos de acabar con el modelo económico basado en el binomio del turismo y la construcción no solo había fracasado, sino que sus consecuencias habían empeorado durante los tres últimos lustros.

Lo reconoció el propio presidente Fernando Clavijo en sede parlamentaria diez días antes de las protestas: "no voy a sujetar ninguna pancarta ni voy a pilotar ninguna protesta; no eludimos la responsabilidad de haber sido parte del problema, pero queremos ser parte de la solución y sí creo que esta manifestación es una oportunidad para abrir un período de reflexión". Y en el discurso institucional de entrega de premios por el Día de Canarias, confirmó que había escuchado a la calle: "el cambio ha empezado; es una revisión imparable".

Los cabildos y los municipios liderarán el diseño del cambio de modelo social y económico

Quizás la ciudadanía hubiera preferido medidas concretas, como sucedió cuando el expresidente Román Rodríguez paralizó el tendido eléctrico de alta tensión en los montes de Vilaflor tras la multitudinaria manifestación en contra del año 2022, pero todos los problemas denunciados en las protestas tienen varias aristas y el Gobierno prefirió poner las luces largas. Hasta el momento, las dos únicas propuestas inmediatas no han partido del Ejecutivo: el Cabildo de Tenerife decidió cobrar a los turistas por visitar localidad de Masca desde este verano que está a punto de llegar y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ordenó a los servicios jurídicos municipales un informe sobre la posibilidad de aprobar un gravamen a la pernoctación cuyos ingresos irían destinados al mantenimiento y mejora de las zonas turísticas.

Macrohoteles

El germen de las protestas del 20A se gestó en Tenerife contra el consumo de más suelo que suponen los macroproyectos turísticos del hotel de La Tejita y la urbanización Cuna del Alma, el circuito del motor y la necesidad de poner en marcha una moratoria en todo el Archipiélago. Sin embargo, ni hay moratoria ni ninguna de estas obras se ha paralizado. Es más, ambos proyectos han puesto en evidencia las contradicciones que existen en el PSOE canario, formación en la que cohabitan dos almas: la de la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, que quiere paralizar el hotel de La Tejita, y la del alcalde de Adeje, José Manuel Rodríguez Fraga, que impulsa Cuna del Alma. Incluso la alcaldesa tinerfeña protagonizó encontronazos con el presidente Clavijo, al que instó a comprar la parcela y paralizar la obra. Una pretensión que fue replicada con contundencia: el consistorio municipal puede aplicar el artículo 221.1 de la Ley del Suelo y desclasificarlo sin tener que indemnizar a la empresa promotora. 

Sorteando las críticas de la oposición por no plasmar en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ninguna política concreta cuando ya han pasado más de 40 días desde el 20A, el Gobierno convocó la primera Conferencia de Presidentes de Cabildos de la historia de la Comunidad Autónoma el 30 de abril, diez días después de las protestas. ¿La tarea? Que las corporaciones insulares presenten en el mes de octubre sus conclusiones "más urgentes" en aras a diseñar el futuro económico y social sostenible de Canarias en lo que resta de siglo XXI. Para ello, 45 personas conformaron cinco grupos de trabajo que intentarán dar respuesta a tres grandes retos: la democratización y redistribución de la riqueza en el sector turístico; la transparencia en la ordenación del territorio y la aplicación de una estrategia para el reto demográfico que contribuya a avalar un crecimiento sostenible y ordenado que garantice la convivencia entre el turista y el residente. Días después, se activó un grupo de trabajo con los 47 municipios de la Canarias Vaciada, en el que se crearon varias mesas de análisis para "transformar los territorios rurales en espacios de oportunidades de desarrollo social y económico mediante el acercamiento de talento e ideas al mundo rural". En paralelo el Parlamento encargó, a propuesta del PSOE, a la Universidad de La Laguna (ULL) y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) "un trabajo de investigación sobre el reparto de la riqueza en Canarias a través de las rentas del trabajo".

Ya lo advirtió también Clavijo el Día de Canarias, se trata de "escuchar a todos y contar con todos para, codo con codo, volver a diseñar lo que aspiramos ser", pues "nada ni nadie lo va a parar".

Y en ese "debate sosegado para revisar nuestro modelo económico y social" en el que están "todos", el presidente ha interpelado a la patronal, a la que desde febrero pide que incremente los sueldos de los trabajadores y a la que se propuso beneficiar con bonificaciones a la Seguridad Social a aquellas empresas que eleven los salarios a sus empleados por encima del convenio colectivo. Una medida que, todo hay que decirlo, depende del visto bueno del Ministerio de Hacienda en las negociaciones que se están llevando a cabo para garantizar la agenda canaria. Además, y aunque tampoco depende del Ejecutivo canario, tanto Clavijo como CC abrieron la veda a negociar con la futura Comisión Europea que permita restringir la compra de viviendas a extranjeros no residentes para que bajen los precios.

En este camino en el que se han puesto las luces largas existen contradicciones en el seno del gabinete, pues los días pares tanto el presidente como CC se muestran contrarios a establecer una tasa turística (que su socio del PP descarta) y los días impares proponen incrementar el IGIC a las pernoctaciones en hoteles y establecimientos turísticos.

Y mientras todo esto pasa, la ciudadanía y los colectivos cívicos que promovieron las movilizaciones protestan porque ni una sola medida gubernamental contrarrestó los preocupantes datos socioeconómicos del Archipiélago: "¿dónde están, no se ven, nuestras casas de alquiler?", coreaban los manifestantes que se dieron cita en los alrededores del Teatro Pérez Galdós.

Nuevas normas

En respuesta a ese eslogan, de momento, el Ejecutivo aprobó el decreto de medidas urgentes para poner en el mercado más viviendas, sin consumir más suelo, y en breve la ley que regula el alquiler vacacional. Dos normas con las que se considera que bajarán los precios y hará más accesible a la población encontrar una casa.

La premura ciudadana puede ser justificable frente a la lentitud que suponen los distintos grupos de sabios que buscan soluciones, pero desde el gabinete se insiste en que las respuestas son complejas y nada fáciles. "No hay recetas mágicas", reitera Clavijo y los miembros del Gobierno. Y esa complejidad lo demuestran los propios vaivenes en el seno del Consejo de Gobierno, donde CC se muestra partidario de subir el IGIC a las pernoctaciones mientras que el PP lo rechaza de plano.

Mientras llegan las soluciones, tres de cada diez canarios viven en alquiler con una media de 538 euros de arrendamiento, cuatro de cada diez personas jubiladas no cobra ni siquiera 1.000 euros, casi un millar de personas no tienen un hogar mientras que el 40% de las casas que se vendieron en las Islas fueron a extranjeros. Sin embargo, el turismo logrará que el Archipiélago crezca este año por encima de la media de España: en torno al 2,3%.

Y es que entre enero y abril llegaron y despegaron de los aeropuertos canarios 17,7 millones de pasajeros, 1,7 millones más (10%) de los que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado. En los cuatro primeros meses de este 2024, llegaron 6,49 millones de pasajeros nacionales, medio millón más (508.589, un 8,5% más) que en el mismo periodo del año pasado. Y 11,2 millones de extranjeros, un 11,9% más (1,2 millones).

Tenerife cobrará por acceder a Masca y Mogán estudia poner una tasa turística en su municipio

Los hoteles de la región ya enlazan 35 meses con las tarifas y la facturación en alza, el 56% de los establecimientos de alquiler vacacional incrementó en lo que va de años sus tarifas. A ello se suma que desde mayo de 2023 la oferta de pisos y casas en alquiler residencial cayó en Canarias alrededor de un 24% y el precio medio de los arrendamientos se incrementó en torno a un 9,7% y que, en solo un mes se han dado de alta en Canarias 2.000 licencias nuevas para alquiler vacacional. En estos momentos, y según la Consejería de Turismo, existen en el Archipiélago un total de 66.972 viviendas vacacionales, lo que supone 273.157 plazas.

En paralelo, cuatro de cada diez desempleados canarios son parados perpetuos, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), Cáritas desvela que la institución atendió en 2023 un 17,5% más de personas que en 2019 y el informe Arope confirma que un total de 787.860 canarias y canarios están en riesgo de pobreza o exclusión social y 287.286 personas viven en pobreza severa, además que desde 2015 solo 19.000 personas abandonaron esta situación de riesgo. Crece el número de personas que no puede llegar a final de mes (el salario medio en las Islas es de 10.716 euros, unos 2.200 euros menos que la media nacional) o afrontar gastos imprevistos. Solo el 16% de personas entre 18 y 35 años se han podido emancipar del hogar de sus progenitores y, aún así, deben usar el 90% de sus ingresos para afrontar los gastos de vivienda.

Todos estos elementos conformaron el malestar social del 20A para exigir cambios en la mejora de la calidad de vida. Desde la calle y la oposición se exige rapidez, pero desde el Ejecutivo se cree que este "inicio de un nuevo capítulo" debe ser cocinado a fuego lento.

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