Denuncian que España usa los CIE como "cosmética política" para dar seguridad a la UE

Opacos, silenciados y utilizados como maquillaje político. España pone "una sordina" a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que mantiene activos para dar sensación de seguridad a la ciudadanía y a la Unión Europea, según denuncia el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en su informe Internamiento Muteado, que analiza los datos de la Dirección General de la Policía acerca de estos centros, en los que ingresan migrantes con órdenes de expulsión y devolución del país. Las cifras de internamientos en España son relativamente bajas: 2.085 personas en 2023, frente a las 17.203 contabilizadas en 2009 o las 7.000 que hubo entre 2014 y 2019. La mayoría de los migrantes retenidos en estos centros presentaban indicadores de arraigo en España, pues llevaban años viviendo en el país, habían crecido aquí o tenían familiares próximos con nacionalidad española. Por esto, el SJM califica los CIE como un "fracaso" de la política migratoria nacional.

El SJM, red de entidades que trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía y que impulsa la Compañía de Jesús, detalla en su análisis que en los últimos 15 años se ha llevado el internamiento hasta "un umbral relativamente reducido", como si se quisiera "mutear". No obstante, advierte que ha crecido el porcentaje de personas internadas con expedientes de expulsión, a quienes el Ministerio del Interior denomina "cualificados", lo refleja su voluntad de "justificar" el internamiento, dando a entender que se reserva solo para quienes tienen antecedentes penales o policiales. Precisamente, la presencia de este tipo de migrantes hace que el ambiente entre internos sea "hostil", según argumenta la propia Policía Nacional. 

En Canarias, donde el año pasado se batió el récord histórico de llegada de migrantes, con 39.910 personas, solo estuvo operativo el CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, donde fueron recluidos 181 extranjeros, que permanecieron en sus instalaciones una media de un mes. El CIE de Tenerife estuvo inactivo durante todo el año por obras y el de El Matorral, en Fuerteventura, está previsto reacondicionarlo, para lo que se ha consignado una financiación de 4,4 millones de euros. El plan de obras del Gobierno de España pretende aumentar "muy notablemente" el número de plazas de internamiento en varias comunidades, con un presupuesto que supera los 35 millones de euros. "Tamaña fiebre inversora", según el SJM, solo se explica por "cosmética política".

Internamiento injusto y azaroso

El 58,03% de las personas fue internada con una causa de expulsión por mera estancia irregular y una de cada cinco tenía un acuerdo de devolución por entrada irregular en patera o cayuco. La "injusta y azarosa" privación de libertad en los CIE, sostiene el informe, "trunca trayectorias de arraigo y la vida familiar" de las personas con acuerdo de devolución. Por este motivo, el SJM aboga por la suspensión definitiva de estos espacios, aún a sabiendas de que "el presente y el futuro próximo no lleva en esa dirección".

El informe alerta sobre el "déficit recurrente e irresuelto" de las instalaciones, así como de la precariedad de los servicios, poniendo el foco en las "constantes situaciones de violencia que se viven en ellos" y la "falta de transparencia" sobre la gestión de los espacios. Además, pone de relieve que en algunos CIE se sigue obstaculizando la entrada de las entidades de la sociedad civil, de la capellanía y a la orientación jurídica. Además, el análisis apunta que sigue faltando privacidad en las consultas médicas y en las visitas.

Desprotección jurídica

En el caso concreto del CIE de Las Palmas, sostiene el SJM en el dosier, la dirección impide el asesoramiento jurídico sobre extranjería a los internos por parte de abogados que no acrediten la representación como letrados o acrediten la venia de los letrados inicialmente designados. Al ponerse de manifiesto que hay migrantes que proceden de otras islas o que es muy difícil que acudan a verlos sus abogados, sobre todo los designados de oficio, la dirección "se escuda en que el Colegio de Abogados de Las Palmas no ha firmado ningún convenio para la prestación de servicios de orientación jurídica", lo que deriva una mayor desprotección de los internos, que no pueden acceder a ningún tipo de asesoramiento legal para intentar frenar la expulsión o la devolución. 

De los 2.085 internados en 2023 en los distintos CIE de España (cifra que incluye a 64 mujeres), 877 solicitaron protección internacional, 32 menos que en 2022. Según los datos facilitados por la Policía Nacional, el 71,4% de esos internamientos tuvieron causa de expulsión, un 27% de devolución y un 1,9 % de salida obligatoria. El informe del SJM recoge que un 29,7% de las 3.091 expulsiones ejecutadas y un 33,7 % de las 597 devoluciones y salidas obligatorias fueron desde CIE, mientras que un 55% de las salidas de estos centros fueron por ejecución de la repatriación forzosa, el 42,6% por libertad y el 2,6% por otras causas.

Propuestas

Así, dos de cada tres personas internadas por causa de expulsión fueron efectivamente retornadas, mientras que solo es retornada una de cada tres personas internadas por causa de devolución. Si estos datos se miran con perspectiva política o administrativa, concluye el estudio, se diría que "al Estado le resulta más difícil devolver que expulsar" a los migrantes. 

El informe lamenta que a lo largo de 2023 el internamiento estuvo "prácticamente ausente" del debate político, pues no tuvo estuvo presente ni en la Comisión de Interior del Congreso, ni en los programas electorales y ni en la prórroga en 2024 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Por esto, entre sus propuestas finales instan a los diputados a incluir las condiciones de los CIE en su agenda de control al Gobierno, apoyando sus preguntas en sus conocimientos tras visitas a los centros, así como en los informes del Defensor del Pueblo y de las entidades sociales. También pide a los jueces que "extremen el discernimiento" al valorar, conforme al principio de proporcionalidad, la existencia de condenas o sanciones administrativas previas, los indicadores de arraigo y los factores de vulnerabilidad.

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