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El coste humano de proteger el planeta

¿Quién mata a los ecologistas?

Los asesinatos de líderes indígenas, ecologistas y defensores de la tierra aumentan, sobre todo en América Latina, donde la Amazonía se afianza como territorio de violenta disputa por los recursos | Autoridades, comunidades y onenegés responsabilizan a las industrias maderera, petrolera, minera y agropecuaria

El asesinato de Paulo Paulino Guajajara se ha convertido en símbolo de la lucha amazónica. | LP/DLP

El cielo sobre la tierra indígena Araribóia, situada en el estado amazónico brasileño de Marañón, era aquella noche de septiembre de 2019 tan lóbrego que parecía fundirse con la omnipresente oscuridad de la selva.

Era medianoche y se acercaba el momento de la caza para cientos de especies en esta reserva de 413.000 hectáreas, un área algo menor que la provincia de Pontevedra y uno de los últimos remanentes de floresta del extremo nororiental de la Amazonía brasileña. Los jaguares iban tras saínos, armadillos y tapires; las cobras, a por roedores. Nubes de mosquitos zumbaban por todas partes. En la frondosa vegetación se escondían los awá, una de las comunidades amazónicas que vive en aislamiento voluntario y se sustenta exclusivamente de lo que la selva ofrece. La organización no gubernamental Survival Internacional la calificó «la tribu más amenazada de la Tierra».

El ciclo de la vida seguía su curso natural, ajeno a la operación de alto riesgo que Laércio Sousa Silva estaba a punto de llevar a cabo junto a otros cinco indígenas guajajaras. Laércio, brasileño de 35 años, media melena azabache y ojos tristes, forma parte de un grupo compuesto por 134 indígenas que se autodenomina «guardianes del bosque» y que expulsan de la reserva a invasores, sobre todo a taladores ilegales y cazadores furtivos.

Vestidos con ropa militar y con el rostro pintado, Laércio y sus colegas portaban algunas armas como autodefensa y realizaban la vigilancia a bordo de vehículos 4x4. De repente, escucharon el rugido de los motores de los pesados camiones que transportan madera: los taladores furtivos estaban allí. Determinados a expulsarlos de una tierra que es de uso exclusivo de los 6.000 indígenas que la habitan pero que en 2019 sufrió un aumento del 113% de la deforestación, los guardianes fueron tras ellos.

Hubo un tiroteo que no causó víctimas, y los madereros, sorprendidos por los guajajara, huyeron a pie por la selva, refugiándose en la oscuridad. Tuvieron que dejar atrás los vehículos cargados con una cantidad ingente de troncos de madera ilegal. Los guardianes decidieron quemarlo todo. Una acción punitiva plagada de peligros y no del todo legal, pero que los guajajara, cansados de ver cómo sus tierras son objetos de pillaje, no estaban —ni están— dispuestos a cesar. «La próxima vez que vengamos aquí también nos los llevaremos maniatados [a los taladores], porque ya no aguantamos más lo que hacen aquí en nuestra tierra», dijo Laércio aquella noche.

Esta asertividad se explica por el sentimiento de abandono e impunidad que sienten muchas comunidades indígenas en buena parte de la Amazonía brasileña. Años atrás, acompañamos a otro grupo de guardianes guajajara en otra reserva de Marañao que también sufre con la tala. Junto a una quincena de indígenas portando arcos, escopetas y machetes, recorrimos áreas arrasadas de selva y ríos invadidos por pescadores ilegales.

«El Estado brasileño era omiso en la fiscalización de nuestras áreas, y por eso montamos el grupo de guardianes. Queremos que esta tierra sobreviva y sea para las futuras generaciones», explica Olimpio Guajajara, coordinador de los 134 guardianes que patrullan la Araribóia y hombre amenazado de muerte.

Asesinato de ‘guardianes de la selva’

En noviembre de 2019, dos meses después de aquella operación que acabó con la quema de los camiones, Laércio volvería a la reserva. Esta vez iba acompañado de Paulo Paulino Guajajara, otro indígena que participaba desde hacía años de las labores de vigilancia junto a su padre, José María. Más joven y corpulento que Laércio, Paulino, de 26 años y padre de un niño de un año, no tenía miedo. Su apodo era Lobo Malo.

«Su madre le decía que no fuera, pero Paulo respondía que la reserva tenía que ser protegida», explica José María, en entrevista telefónica desde una aldea en la Araribóia. Aquel 1 de noviembre de 2019, Paulo y Laércio no estaban patrullando, sino de caza (la carne del saíno es codiciada en la región). Sin embargo, no tardarían en depararse con la presencia de invasores en la Araribóia.

Encontraron cuatro motocicletas aparcadas junto a un sendero y, creyendo que eran de taladores, Laércio y Paulino cortaron los cables de los frenos y de la transmisión. También metieron arena en el motor de tres de las cuatro motos. Decidieron llevarse la cuarta como prueba de que había invasores en esta reserva protegida por la legislación federal, lo que podría ayudar a movilizar a la policía.

Pocas horas más tarde, los dueños de las motos emergieron de la selva. Eran cuatro hombres —tres menores de 25 años y otro de 37— y habían infringido la ley al penetrar sin permiso en tierra indígena. También iban de caza y estaban armados con escopetas, según el sumario del caso, de más de 600 páginas y al que hemos tenido acceso. Furiosos por los daños en sus vehículos, decidieron seguir el rastro de las ruedas de la motocicleta que se habían llevado empujando Paulino y Laércio. A media tarde, localizaron a los dos guardianes, que descansaban junto a un depósito de agua, y les lanzaron una emboscada.

Asesinos a sueldo y ‘vendettas’

Pocos minutos después de una intensa salva de disparos, Paulino yacía muerto como consecuencia de heridas en el corazón causadas por varias balas. Laércio también fue tiroteado en el brazo. «Intentaron matarlo, pero no lo lograron», explica Alfredo Carlos Gonzaga Falcão, uno de los fiscales que lleva el caso. El enfrentamiento dejó un segundo muerto: Márcio Gleik Moreira Pereira, uno de los invasores, que cayó por fuego amigo.

Laércio caminaría durante horas para dar la voz de alarma al padre de Paulino, quien movilizó a la policía para ir a recuperar el cuerpo de su hijo, pues temía que, como había sucedido en otros casos, los dueños de aserraderos que circundan la reserva se hicieran con él, lo descuartizaran y lo trataran como un trofeo de guerra.

El asesinato de Paulo Paulino Guajajara, considerado por los guajajara como una vendetta por sus acciones de protección de la selva, no tardó en ocupar las primeras páginas de la prensa brasileña y de buena parte de los medios internacionales. Las organizaciones indigenistas y ecologistas denunciaron el enésimo homicidio de un defensor del medioambiente en la región. Desde el año 2000, 47 indígenas guajajara han sido asesinados en el estado de Marañón, 18 de ellos dentro de la Araribóia.

«Paulino había recibido amenazas constantes, sobre todo cuando él y otros guardianes decomisaban los camiones de los taladores», explica Gilderlan Rodrigues, coordinador del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), uno de los grupos que da apoyo a los guajajara y que había solicitado su protección a las autoridades. «La presencia de asesinos a sueldo es muy fuerte cerca de la reserva», denuncia.

«Los madereros habían dicho que darían 100.000 reales [unos 20.000 euros] por cada líder de los guardianes que fuera asesinado», dice José María, que clama por Justicia. «O la Justicia resuelve el asesinato de mi hijo, o lo haré yo».

Por el momento, nadie ha sido arrestado. Los dos invasores identificados por la policía como los asesinos han sido imputados, pero alegaron que actuaron en legítima defensa y negaron vínculos con el sector de la tala ilegal. El año que viene debería celebrarse el juicio, según la fiscalía, que no tiene ninguna duda de que el crimen se produjo en el contexto de las continuadas invasiones a la reserva para extraer recursos.

Asesinatos al alza

Los asesinatos de líderes indígenas y activistas medioambientales están aumentando en buena parte del mundo, y las principales causas son la presión por extraer recursos petroleros, mineros, y madereros de áreas protegidas. La expansión de la industria agrícola, sobre todo la soja y la producción extensiva de ganado, también son factores importantes.

Desde 2014, Brasil, Colombia y Filipinas han copado las listas de países donde más activistas mueren cada año, un recuento que realiza la organización británica Global Witness. Perú, la India, y México también están en posiciones destacadas. En 2019, último año del que hay datos, fueron en total 212 las personas asesinadas —casi el doble que cinco años antes— como consecuencia de su afán por proteger la tierra y la naturaleza. Una de ellas fue Paulo Paulino Guajajara.

Europa es el lugar menos letal del planeta, pero, con homicidios registrados en Rumanía, Ucrania, Irlanda y España, el continente no está totalmente libre de esta violencia. En 2017, dos agentes rurales catalanes fueron asesinados a sangre fría en un coto de caza de Aspa (Lleida) por un cazador condenado a 45 años de cárcel. En Extremadura, agentes ambientales han denunciado recientemente que llevan años sufriendo amenazas e incluso ataques contra sus vehículos por la labor que desempeñan protegiendo bosques.

Batalla entre protección y destrucción

En la Amazonía, la mayor selva tropical del planeta y uno de los mayores sumideros terrestres de CO2, la situación de inseguridad es mucho mayor. La región, con un tamaño equivalente a Europa occidental, es estratégica para frenar el cambio climático, pero actualmente se encuentra en un cruce de caminos, en el epicentro de una batalla entre protección y destrucción.

Con la llegada de Jair Bolsonaro, acaso el presidente más antiindígena y opuesto a la preservación del medioambiente desde la dictadura militar (1964-1985), el país ha visto los problemas crecer. La deforestación amazónica se disparó el año pasado y alcanzó su mayor nivel en más de una década. Los expertos alertan de que este año puede ser de nuevos récords de destrucción.

Las reservas indígenas y los parques naturales son áreas preservadas y donde abundan los recursos como oro, madera de ley o yacimientos de agua. Ello las hace muy codiciadas, y no por casualidad se han convertido en los lugares más letales para quienes defienden el medioambiente. En 2019, último año en que hay datos disponibles, el número de invasiones de reservas indígenas aumentó un 135 % respecto el año anterior, según el Cimi. El último episodio grave se produjo a mediados de mayo, cuando buscadores de oro clandestinos penetraron en un área de otra reserva amazónica —la de los yanomamis— y dispararon con armas automáticas contra indígenas y a agentes de la policía. Dos niños de 1 y 5 años fueron hallados muertos días después.

Mortífera Colombia

Otro de los países que ha centrado las atenciones por el repunte de los asesinatos es Colombia. En 2019, fue el lugar más mortífero del mundo para defensores de la tierra y del medio ambiente, con 64 homicidios, es decir, un 30 % del total global.

La abogada colombiana Lourdes Castro, coordinadora de Somos Defensores, un programa no gubernamental formado por varias organizaciones que monitorea la violencia contra defensores de derechos humanos, explica que estos datos se enmarcan en un cuadro de violencia que el acuerdo de paz no ha logrado atajar.

«Hay una falta de implementación adecuada del acuerdo», dice, y critica que el Gobierno de Iván Duque haya incumplido cláusulas importantes del pacto firmado en 2016. Una de ellas es la adopción de medidas económicas que ayuden a comunidades rurales —acaso el sector más olvidado de Colombia y el que más padeció el histórico conflicto armado— a sustituir la producción de cultivos ilícitos (coca) por otros legales.

Algunos de los activistas recientemente asesinados en Colombia son pequeños campesinos que abogaban por expandir la agricultura lícita en áreas donde el narcotráfico tiene una presencia histórica. Pero Castro alerta de que todas las muertes de ecologistas no son atribuibles al negocio de la droga. «Hay un discurso negacionista por parte del Gobierno colombiano que echa la culpa de todo al narcotráfico», critica.

Sectores legales de la economía con grandes intereses en la región, como la extracción de hidrocarburos, también son responsables de las agresiones. Algunas denuncias públicas incluso acusan a empresas de usar grupos de paramilitares vinculados al narcotráfico para expulsar por la fuerza a campesinos de sus tierras.

Destrucción de las selvas

En 2020, pese a la recesión de la economía mundial, la destrucción de selvas tropicales creció el 12% respecto al año anterior, según datos de la organización estadounidense World Resources Institute. Para hacerse una idea de lo acuciante que este tema es para frenar el calentamiento global basta entender que las emisiones de dióxido de carbono por la quema y tala de estas selvas supusieron aproximadamente el mismo CO2 que emiten durante un año entero la suma de los parques automovilísticos de la Unión Europea y EEUU.

Precisamente para defender sus tierras de esta destrucción grupos indígenas como los guajajara han decidido patrullar sus reservas. Para ellos, sus áreas de selva y bosque son como sus casas. Lugares donde están ancladas la cultura, la historia y las raíces del pueblo. Y no se trata solo de identidad; también es una cuestión de supervivencia. De árboles y plantas extraen frutos y medicinas; de la fauna que merodea por la selva obtienen la caza y la ingesta de proteína. Los ríos y sus frescas aguas son zonas de pesca y de recreo. Sin todo ello, su mundo colapsa, y cada vez que alguien tala un árbol o le pega fuego a la selva no solo contribuye al calentamiento global sino que también debilita los cimientos del ecosistema y de las culturas que lo habitan.

Brasil y Colombia, fuera de Escazú

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó recientemente un informe en el que destaca la importancia de la titulación de tierras indígenas como mecanismo para frenar la deforestación. Solo en Brasil, país que posee el 60% de la selva amazónica, los indígenas controlan 237 millones de hectáreas por medio de reservas.

«En América Latina ha habido políticas en materia indígena muy progresistas. Se han titulado millones de hectáreas», explica el experto David Kaimowitz, director del Mecanismo para Bosques y Fincas de la FAO y autor del informe. Pero el modelo, sin parangón en otras regiones selváticas como África o Indonesia, explica Kaimowitz, está en riesgo. «El apoyo público y gubernamental a los indígenas se está reduciendo, y eso los expone a nuevas amenazas».

La crisis climática ha reforzado la atención mundial sobre la protección de las selvas, y eso juega a favor de quienes arriesgan sus vidas para protegerlas. El pasado 22 de abril entró en vigor el llamado Acuerdo de Escazú. Firmado por 24 países de América Latina y el Caribe bajo los auspicios de la ONU, se trata del primer pacto concebido para reforzar la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en el lugar donde más amenazados están sus activistas.

«Es el primer tratado de este tipo que incluye disposiciones para la protección y promoción de los defensores de derechos humanos en temas medioambientales», dijo el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres. Está por ver, sin embargo, cuál será su impacto real, pues todavía no ha sido ratificado por los parlamentos de países clave como Brasil, Colombia o Perú.

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