La presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores de Las Palmas (AECP), María Salud Gil, ha dicho hoy que los resultados de las obras de adjudicación pública de 2011 son "una vergüenza" y que la administración terminará por matar al sector.
Salud Gil informó que durante 2011 en Canarias, se licitaron obras por un valor inicial de 356.020 millones de euros, un 61,34 por ciento menos respecto al año anterior, cuando ascendió a casi 921.000 millones.
Por administraciones, la central arrojó una cifra negativa del 43 por ciento, frente a un 64 por ciento menos de la local y un 65 por ciento de reducción de la autonómica, según un informe de AECP.
En relación con la provincia de Las Palmas, la reducción inversora llegó a un 60,48 por ciento menos, con 503,294 millones de euros en 2010 frente a 198.889 millones en 2011.
La administración del Estado redujo su participación en Las Palmas en sólo un 6 por ciento, frente a un 62 por ciento la local y un 78 por ciento la autonómica.
En la provincia de Tenerife la licitación se redujo en 2011 un 62 por ciento (157.131 millones de euros por los 417.688 millones de euros de 2010), y la administración autonómica participó con un -50 por ciento, la local con un -68 por ciento y la central con un -75 por ciento.
Salud Gil ha destacado que cuando la administración central muestra una mayor intención inversora en Las Palmas, el Gobierno de Canarias responde con un aumento de la inversión en Tenerife.
Sobre los datos provisionales de adjudicación de 2011 respecto a las obras licitadas en 2011, la AECP observa que un 30 por ciento sigue sin estar adjudicadas y que los cabildos insulares son los que más obra tienen pendiente, con casi un 62 por ciento sobre el total, seguido del Gobierno de Canarias (25%), Estado (19%) y ayuntamientos (19%).
Así, del total licitado el pasado año, 356.020 millones de euros, ya se han adjudicado 204.513 millones y aún queda pendiente otros 106.109 millones de euros.
María Salud Gil ha informado de que el Gobierno de Canarias tiene pendiente de adjudicar en Las Palmas el 65 por ciento de la obras licitadas, por sólo el 4,74 en Tenerife.
"Esta secuencia se viene repitiendo se forma sistemática en los últimos años y, cuando se analiza en profundidad el comportamiento licitador y de adjudicación del Gobierno de Canarias, se produce el efecto un efecto de equilibrio por cuando licita el 66 por ciento de su inversión en Tenerife y adjudica el 51 por ciento de la misma, mientras que licita el 33,60 por ciento en la provincia de Las Palmas y adjudica el 9,89 por ciento", ha subrayado.
Respecto a las empresas canarias, 24 de las 32 obras adjudicadas (el 75 por ciento recibieron el 16,25 por ciento del importe adjudicado) y, en cuanto a las Utes, el 15,63 por ciento de las mismas recayeron en estas últimas, siendo el importe adjudicado del 80,15 por ciento.
"Teniendo en cuenta que el Gobierno de Canarias ha adjudicado el 51,25 por ciento en la provincia de Tenerife, podemos pensar como en otras ocasiones que el patriotismo chicharrero no sólo es digno de admirar sino que urge imitarlo", ha apuntado la presidenta de la AECP.
En esa línea ha asegurado que del total licitado por el Gobierno de Canarias, la isla de Gran Canaria ha recibido 7,6 millones de euros, frente a los 60,6 millones de euros de Tenerife, y que La Palma (3,6 millones de euros) ha recibido casi tanto como Fuerteventura y Lanzarote juntas (4,7 millones de euros).
Así mismo, Salud Gil se ha referido a las "bajas temerarias" que la administración en sus licitaciones, que provocan "la quiebra de las empresas e incentivan la desaparición de las pymes canarias, con un coste financiero en cadena a un año del 50 por ciento del total adjudicado".
"La administración no sólo incumple con la ley de morosidad sino que alienta a los pícaros, a los irresponsables y a los desconocidos a jugar a la subasta administrativa, y lo hace a sabiendas de que las bajas que promueve atentan contra el interés general y constituye un fraude de ley", ha señalado.
