El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha impuesto fianzas que suman un total de 10,5 millones de euros a los cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) que cobraron indemnizaciones millonarias por su salida del grupo, de las que también deberá responder solidariamente el excopresidente de la entidad.
En un auto publicado hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 justifica la imposición de esta medida cautelar porque hay indicios de "criminalidad suficiente" en la actuación de los cuatro exdirectivos imputados, ya que acordaron mejorar sus contratos "en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad", fruto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova.
Estas actuaciones, realizadas supuestamente en colaboración con el excopresidente de NCG, Julio Fernández Gayoso, son constitutivas de un delito de administración desleal o, alternativamente, de apropiación indebida.
El juez Ismael Moreno fija la mayor fianza, de 7,02 millones de euros, al exdirectivo procedente de Caixa Galicia Javier García de Paredes, mientras que el exdirector general de Caixanova, José Luis Pego, deberá abonar 1,92 millones de euros.
Los exdirectivos Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada deberán aportar una fianza de 1,21 millones y 347.920,92 euros, respectivamente.
Esas cantidades, que en principio deberán depositar en el plazo de 24 horas desde la notificación del auto, corresponden a los importes que la Fiscalía Anticorrupción les ha pedido que devuelvan (un total de 7,87 millones), más el tercio de esa cantidad que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Según el juez, los exdirectivos lograron elevadas sumas de dinero al cesar sus actividades en NCG al amparo de las mejoras de los contratos y la interpretación de las causas incluidas en los mismos, que los imputados "efectuaron en su propio interés" con "abuso de las funciones de su cargo" y "pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad".
De esta forma, dispusieron "fraudulentamente" de los bienes de la entidad, añade el juez, en consonancia con los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción.
Precisamente, la Fiscalía se queja de que los imputados, que declararon entre el 15 y el 22 de octubre, "se han limitado a realizar manifestaciones en su defensa" que "están en contradicción con la documental obrante en la causa".
El juez Ismael Moreno ha aceptado la medida cautelar porque es "plenamente razonable apreciar un riesgo de que los querellados se coloquen en una situación de insolvencia que impida o dificulte que un eventual pronunciamiento condenatorio pudiera hacerse efectivo".
De hecho, recuerda que mientras se instruye la causa "conservan tanto su capacidad de actuar, como la libre disposición de sus bienes, con lo cual podrían eludir su posible responsabilidad patrimonial".
Según la querella de Anticorrupción, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Jesús García de Paredes modificaron sus contratos entre octubre y diciembre de 2010, por los que cobraron 18,9 millones de euros por su salida del grupo, de los que deberían devolver 7,87 millones de euros percibidos presuntamente de forma indebida y otras cantidades todavía sin cuantificar.
Anticorrupción afirma que los contratos mejoraban sustancialmente las pensiones a las que tenían derecho y no fueron autorizados por el consejo de administración de la entidad, que fue finalmente intervenida en septiembre de 2011.
El Ministerio Público recuerda que Julio Fernández Gayoso se limitó a informar en diciembre de 2010, durante el primer consejo de administración de la entidad resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, de la suscripción de los nuevos contratos sin especificar las cantidades que implicaban.
