La Audiencia Nacional (AN) ha condenado en vía administrativa a Comercial Jesuman por no declarar 2,2 millones de euros de sus supermercados en Canarias. Se trata de establecimientos ubicados mayoritariamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife bajo las firmas Alteza y La Hucha, que es donde esta empresa familiar ha desarrollado su actividad hasta convertirse en una de las importantes del sector de la alimentación, con unos 1.500 empleados en las Islas.
La sentencia, que fue dictada el pasado 16 de octubre por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la AN, ratifica que Jesuman vulneró ocho veces la ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, pues ingresó el dinero en efectivo en el banco e incumplió su obligación de declarar esos movimientos a través del "preceptivo" modelo S-1.
Esas ocho operaciones, que se ejecutaron entre noviembre de 2009 y noviembre 2010, suman en total 2,2 millones de euros y han acarreado a la empresa una sanción de 285.152 euros.
La multa fue impuesta el pasado 9 de julio de 2012 por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, tras considerar que Jesuman era autor de ocho infracciones graves por vulnerar la ley de prevención de blanqueo de capitales. La resolución administrativa fue recurrida por la compañía ante el Juzgado de lo Central número 6 con sede en Madrid, que desestimó la impugnación y confirmó la sanción en todos sus términos. Luego acudieron en apelación a la Audiencia Nacional, cuya Sala de lo Contencioso, bajo la ponencia de la magistrada Isabel García García-Blanco, le ha dado finalmente la razón al Ministerio de Economía y Competitividad al ratificar el fallo de instancia.
Los abogados trataron de dejar sin efecto la multa con varios argumentos principales, entre ellos que el responsable de la infracción no era Jesuman, sino la persona física que había actuado en nombre de la persona jurídica de la compañía. También alegaron que las operaciones fueron hechas por una tercera sociedad que estaba exenta de declarar esos movimientos, incluso apelaron al origen lícito del dinero y al error humano para intentar reducir las sanciones, pues en casos anteriores sí cumplieron con el formulario correspondiente.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia rechaza esos argumentos. El tribunal concluye que los movimientos se efectuaron mediante ingresos en efectivo en la Caja Rural de Canarias "sin haber presentado el modelo S-1". En ese sentido, según la sentencia, "no se puede descartar la autoría de la persona jurídica", ya que actúan en nombre de las personas físicas al ser estas últimas meramente instrumentales de aquellas.
Los magistrados subrayan que Jesuman es una empresa dedicada a la distribución de alimentos "con mucho movimiento de ingreso en efectivo en sus cuentas bancarias", lo que "les obliga a conocer todas las obligaciones relacionadas con la corrección de estas prácticas", las cuales, por lo demás, "se revelan muy comunes y no excepcionales en su actividad".
Eso, sumado a que Jesuman siguió el procedimiento correcto en años anteriores, lleva a la Audiencia Nacional a respaldar la sanción, precisamente por esa "reiteración de movimientos de importantes cantidades mediante ingresos de efectivo en cuentas bancarias", máxime cuando eran conocedores de cuál era el procedimiento legal.
Estafa en Gran Canaria
La sentencia sí otorga la razón a Jesuman en la procedencia lícita del dinero, pero estima que la multa de casi 300.000 euros es "proporcionada y atemperada" a la reiteración de la empresa, pues vulneró la ley hasta en ocho ocasiones.
Esta sanción por infringir la ley de prevención del blanqueo de capitales llega en un momento convulso para Jesuman, cuya cúpula directiva está imputada por una supuesta estafa millonaria en Gran Canaria, que está vinculada a la expansión del grupo en la provincia de Las Palmas a través de los supermercados Cerca. Estos establecimientos cerraron en 2008 y dejaron un reguero de impagos a proveedores. La Fiscalía y las acusaciones particulares creen que todo fue una estrategia orquestada mediante la sociedad Alimencarias para eludir el pago de más de un millón de euros.
La investigación la lleva el Juz-gado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha imputado por estafa a Juan Jesús, José Manuel y José Ignacio, todos hijos de Jesús Hernández Guzman, que fundó el grupo en 1976 y falleció en 2009.
