Después del maquillaje de las cuentas griegas, la Comisión Europea (CE) no está dispuesta a pasar la más mínima sospecha. En esta ocasión le va a tocar a España pagar su responsabilidad por la ocultación del agujero que acumula en sus arcas la Comunidad Valenciana. Antes de que finalice esta semana, Bruselas lanzará su propuesta de multar al país por manipular las cifras de déficit y deuda de la región levantina echando tierra sobre parte de su gasto sanitario.
Hoy mismo debe entrar en el Colegio de Comisarios la cuestión, que se aprobará formalmente el viernes. La multa máxima que prevé la legislación comunitaria es del 0,2% del producto interior bruto (PIB) del país infractor, cantidad que en el caso de España se acercaría a los 2.000 millones de euros. De cualquier modo, en la capital europea se daba ayer por seguro que la sanción a aplicar se situará muy por debajo de dicho montante.
La siguiente estación de la propuesta de sanción será el Ecofin, órgano que integran los ministros de Economía y Finanzas de los 28 estados miembros de la UE.
De prosperar, como todo parece indicar, la sanción, será la primera que aplica Bruselas haciendo uso de los poderes de los que se dotó para investigar posibles manipulaciones estadísticas en un Estado miembro. Fue precisamente el caso griego, descubierto en 2011 y origen de la crisis de deuda soberana, el que marcó el origen de la crisis de deuda.
El Ejecutivo comunitario lanzó una investigación formal sobre la posible manipulación de las estadísticas de la Comunidad Valenciana en julio de 2014. El objetivo de dicha iniciativa era despejar la deuda de si "por causa de unas declaraciones incorrectas de los gastos habidos en esta Comunidad Autónoma, ya fueran deliberadas o una negligencia grave, se tergiversaron los datos sobre el déficit del Estado español a lo largo de varios años" y averiguar quiénes fueron los responsables.
El periodo investigado es de 23 años, los que van de 1988 a 2011, y se ha centrado en las facturas que la Administración valenciana tenía guardadas en los cajones, es decir, los gastos sanitarios acometidos pero no reconocidos.
Fue en 2012 cuando saltó a la luz la posibilidad de que se estuviesen manipulando las cuentas. El Gobierno español comunicó entonces a Eurostat -oficina estadística comunitaria- de un incremento de cuatro décimas en el déficit de 2011, lo que llevaba la cifra hasta el 8,9% del PIB. En Bruselas saltaron las alarmas, más si cabe por el momento en que se producía, con España al borde del rescate.
También la Comunidad de Madrid se vio en principio envuelta también en la investigación, si bien los inspectores de Eurostat determinaron que el desfase en este caso podía considerarse un caso excepcional.
