La lista Falciani comienza a desplegar sus primeros efectos judiciales en Canarias. La Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas ha formulado acusación contra uno de los cinco canarios que figuran en la lista de presuntos defraudadores fiscales elaborada por Hervé Falciani. Se trata de Santiago Carlos Quevedo Valido, un empresario radicado en Las Palmas de Gran Canaria para el que la fiscal Eva Ríos pide tres años de prisión, 855.945 euros de multa y una indemnización de 427.927 euros.
Esa última cantidad se corresponde con el dinero que el imputado dejó de ingresar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) por la liquidación en 2005 del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), según las conclusiones provisionales de la fiscal delegada en Las Palmas de Delitos Económicos. Por eso acusa al empresario de un delito contra la Hacienda Pública y le exige que repare el perjuicio causado al erario público con esos 427.972 euros de indemnización.
El ministerio público reclama que se prohiba al empresario disfrutar de incentivos o beneficios fiscales y de subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años. Por todo ello solicita la apertura de juicio oral contra Santiago Carlos Quevedo, que es administrador de Megastor Computer Canarias (mayorista y minorista de productos de informática, con sede en la capital grancanaria) y de la compañía alimenticia Batru.
El empresario, de 47 años, no presentó la autoliquidación del IRPF en 2005, con el pretexto de que no había obtenido rentas suficientes para tributar. Según la fiscal, no sólo "omitió" en su declaración "importantes" beneficios, sino que los "ocultó" en dos cuentas de la entidad HSBC Private Bank Suisse, es decir, el banco británico con ramificaciones en Suiza en el que trabajaba Falciani.
El empleado del HSBC, que está entre los principales bancos más poderosos del mundo, filtró en 2008 los nombres de más de 100.000 clientes con fondos opacos y comenzó a colaborar con diferentes Gobiernos, entre ellos el español, que ha logrado identificar a 659 evasores, según publicó el El País en 2013.
En Canarias, la Agencia Tributaria también ha denunciado al médico Eufemiano Fuentes y a su esposa, Cristina Pérez, así como al abogado isleño Juan Arencibia. Ambos casos, que están pendientes de calificación por la Fiscalía de Delitos Económicos, son investigados en Las Palmas de Gran Canaria, igual que el de Quevedo, cuya instrucción la llevó la magistrada Victoria Rosell. Otro canario que aparece en la lista Falciani es el bodeguero de Bandama Sixto de la Coba, aunque esa causa la tramita un juzgado de Madrid al producirse la supuesta evasión fiscal en la capital.
La fiscal explica en sus conclusiones cómo trabaja el HSBC. A Quevedo le abrieron una "ficha BUP" con un código de cliente, el 5090175193, al que iban asociados sus datos personales. Luego le hicieron un perfil con otro número, el 41877TR, que no estaba vinculado a datos específicos y era utilizaba para identificar las dos cuentas del empresario en el banco.
Además, "para proporcionar a sus clientes mayor opacidad", el banco les ofrecía la posibilidad de bloquear el correo, una opción a la que se acogió Quevedo. La fiscal añade que el empresario ocultó una "ganancia patrimonial no justificada" de 972.191 euros. Esa conclusión se basa en la pericial hecha por los técnicos de Hacienda, que calculan en 427.927 euros la cuota debida y no ingresada en el ejercicio 2005.
