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Ruido eléctrico "necesario"

Aeolican no ve recorrido a la denuncia en Anticorrupción, pero entiende el rechazo a la reforma del sistema eléctrico

La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético "parece un poco de ruido, pero quizá necesario". Así lo estimó ayer el presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), Rafael Martell. Es decir, entiende que no tendrá mucho recorrido judicial, pero también que es necesario alzar la voz contra el recorte de las primas a las renovables diseñado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que dirige José Manuel Soria.

Desde dicho departamento ministerial, su subsecretario, Enrique Hernández Bento, señaló ayer a Canarias Radio que las normas las hacen "los funcionarios, no las consultoras", lo que le llevó a calificar como "disparate" la iniciativa judicial puesta en marcha y avalada por 100.000 firmas de ciudadanos. La denuncia se centra de modo directo en la figura del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, e incide en que el ministerio anunció que contaría con los informes de las consultoras Boston Consulting y Roland Berger para elaborar la reforma. Sin embargo, ambos trabajos llegaron después de aprobada la nueva norma.

Martell coincide en el análisis del subsecretario, pero añade: "Otra cosa es que nos engañaran [el ministerio] diciendo que se basaban en informes que no existían". La coordinadora estatal de la plataforma, Cote Romero, señaló, además, que la contratación de dichas empresas tuvo un coste para las arcas públicas de 600.000 euros.

Hernández Bento, sin embargo, negó que ese dinero se haya tirado. Durante el "año y medio" que los funcionarios del ministerio y del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) emplearon para realizar el trabajo de campo de calcular los "costes medios de inversión" de las "65.000 instalaciones" de generación eléctrica con energías renovables que existen en España.

"En la fase final de ese trabajo se contrató a dos consultoras para que se contraste la metodología que se ha aplicado por mayor seguridad a la hora de determinar si la aplicada es la correcta", explicó el subsecretario. "Durante ese proceso de trabajo (...) hay un intercambio de información", continúa.

En lo que sí coinciden los productores y el Gobierno central es en que la reforma del sistema eléctrico supone un recorte anual de 3.000 millones de euros en las primas. Para el ministerio era de justicia llevar al 7,5% una rentabilidad razonable que con anterioridad se situaba en "el 20%", según Enrique Hernández Bento y que contribuía a incrementar un déficit de tarifa que a punto estuvo de llegar a los 30.000 millones de euros.

De forma diametralmente opuesta entienden la partida los promotores, que realizaron inversiones en base a una rentabilidad que ahora ven recortada y no saben si podrán hacer frente a los créditos con los bancos. Más aún teniendo en cuenta que el porcentaje se revisa cada seis años y está referenciado al bono español a diez años. El rédito que este ofrece más 300 puntos básicos marca el beneficio y los títulos del Tesoro están hoy en mínimos.

José Manuel Soria ha asegurado en más de una ocasión estar acostumbrado a que cada medida que adopta sea llevada a los tribunales, bien por parte de los operadores, o bien de los consumidores.

También en Bruselas

Hace solo cuatro meses, Aeolican y ACER presentaron ante la Comisión Europea (CE) una denuncia contra la normativa española por vulneración de directivas comunitarias y en demanda de una "regulación específica eléctrica canaria" que permita competir en igualdad de condiciones "con el resto de tecnologías".

En el documento de más de cien folios se detalla el agravio que se crea a las empresas del Archipiélago por pagarles con relación al pool energético peninsular. La inexistencia de varias de las tecnologías que aminoran el precio en la Península determina unas retribuciones insuficientes en las Islas.

A ello se añade el mayor abaratamiento que supone generar con renovables en Canarias en relación a la España peninsular. No solo los parques eólicos que están por instalarse y para los que sí se ha aprobado una retribución específica, sino también los que llevan años produciendo.

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