La fiscal pide cuatro años de cárcel para Concepción por estafa en Islas Airways

El Ministerio Público considera que las presuntas actuaciones ilícitas de los Concepción revelan un delito continuado de estafa agravada o, en su defecto, un delito continuado de fraude en subvenciones. Delitos, en cualquier caso, de los que juzga coautores al empresario y sus hijas, para quienes pide indistintamente el mismo castigo. Para el caso de que se apreciase estafa agravada, la fiscal solicita cuatro años de cárcel, una multa de 50 euros cada día durante 11 meses -unos 16.500 euros- y la imposibilidad de disfrutar de subvenciones, ayudas públicas o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante el tiempo de la condena. Además, la fiscalía solicita para Islas Airways una pena de multa de 11,4 millones de euros. Y para el caso del delito de fraude en subvenciones, que el Ministerio Público formula como alternativa, es decir, que entiende que se ha producido uno u otro, no los dos simultáneamente, la fiscal cree que procedería imponerles a los acusados un año menos de cárcel, tres a cada uno. Sin embargo, y de apreciarse fraude, la multa de 11,4 millones a la aerolínea como persona jurídica se quedaría en 4,5 millones de euros, mientras que los restantes 6,9 millones tendrían que sufragarlos los Concepción.

Una presunta trama

Con todo, las posibles repercusiones para los acusados no se quedan ahí. El Ministerio Público expone en su escrito que la estafa o el fraude cometido desde la cúpula de Islas Airways, siempre a juicio de la fiscalía, obliga a Concepción y sus dos hijas, "conjunta y solidariamente" como responsables civiles directos, a indemnizar al Ministerio de Fomento con 591.039,38 euros por las sumas indebidamente percibidas entre 2008 y 2010 y con algo más de 2,82 millones por las cantidades ingresadas irregularmente en 2011. Por las supuestas ilegalidades cometidas entre 2008 y 2010, Islas Airways es responsable subsidiaria de la indemnización, mientras que es tan responsable civil directa como los Concepción de la indemnización de más de 2,8 millones correspondiente, según la fiscal, a lo ocurrido en 2011. Una doble condición que se explica porque la aerolínea solo es considerada coautora de los presuntos delitos de estafa o fraude cometidos tras la promulgación de la ley de modificación del Código Penal, es decir, a partir del 23 de diciembre de 2010. No en vano, esta modificación acabó con el principio según el cual una persona jurídica, en este caso una empresa, no podía incurrir en delitos.

En su escrito, la fiscal Jezabel Criado expone en detalle las acciones de una supuesta trama integrada por los Concepción, quienes desde el consejo de administración de la empresa, "puestos de común y previo acuerdo", buscaron una fórmula para ingresar cantidades con cargo a los fondos públicos para el descuento a residentes superiores a las que verdaderamente habría correspondido a la aerolínea, hoy ya desaparecida.

Siempre según el relato de la fiscalía, entre 2008 y 2011, y "sistemáticamente", los acusados remitieron a Fomento datos "que no se ajustaban a la realidad", algo que, además, hicieron "a sabiendas" de que la información suministrada a la Dirección General de Aviación Civil -dependiente del Ministerio que hoy dirige Íñigo de la Serna y responsable del control de las subvenciones a los residentes canarios- no era cierta, con lo que "lograron que la entidad percibiera 3.418.922,66 euros que no le correspondían". "El método empleado por los acusados consistía en la manipulación de la información remitida [...] a través de los ficheros de vuelos, en los que hacían constar a sabiendas cantidades superiores a las realmente pagadas por los usuarios beneficiarios de la denominada subvención por residencia", reza la comunicación de la fiscal Criado.

El escrito del Ministerio Público insiste en varios puntos en que el importe de la subvención a los residentes para facilitar sus desplazamientos entre las islas, que es la cantidad que Fomento ha de reintegrar a las aerolíneas, es de un 50% del precio del billete -la mitad del coste- una vez aplicados los descuentos comerciales. La fiscal argumenta que, sin embargo, Islas Airways liquidaba la subvención como si el viajero hubiera pagado el total del billete incluso en los casos de tarifas reducidas o especiales, como, por ejemplo, las que premiaban a quienes se desplazaban frecuentemente con la aerolínea.

En cambio, el propio Miguel Concepción, que aseguró estar "tranquilo" y achacó los problemas judiciales a la compañía Binter, denunciante en su día ante Fomento y también en su día competidora de Islas Airways en el mercado interinsular, no solo afirmó contar con la documentación que acredita la ausencia de delito alguno, sino que también aseguró que todas y cada una de las 14 tarifas que ofrecía la aerolínea estaban autorizadas por Fomento y que, de no haber sido así, sencillamente no se podrían haber ofertado. "No hay dolo en ningún caso", subrayó el empresario, que lamentó lo que a su juicio fue "una campaña de acoso y derribo" que desembocó en 2012 en el cierre de la empresa, que aún tiene retenidos 4,6 millones de euros por otra causa, pendiente de resolverse en el Supremo tras el recurso de Islas Airways contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que habrá de determinar si la aerolínea sobrefacturó o no con el descuento a residentes.