La empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) se acogió ayer de forma voluntaria al concurso de acreedores ante el embargo que sufren sus cuentas bancarias por parte de la Justicia, así como de Hacienda y de la Seguridad Social, lo que le impide pagar los salarios a la plantilla. Según la empresa, se trata de la única "herramienta legal" de la que dispone para restablecer el normal funcionamiento de la misma y adaptar los pagos pendientes a la liquidez de la compañía.
SIC llega al proceso concursal después de que se hayan reactivado los embargos derivados de la sentencia del Tribunal Supremo, que le obliga a abonar a la plantilla los salarios acordes con el convenio nacional con efecto retroactiva, que son superiores a las cantidades que se estaban pagando. La empresa y los sindicatos mayoritarios del sector habían alcanzado un acuerdo para fraccionar el pago de los atrasos a la plantilla hasta 2020 y, de hecho, a finales de noviembre SIC había anunciado que, gracias a este acuerdo, se estaba aplicando un plan para sanear la empresa.
En este plan figuraba traspasar la mayoría de los trabajadores a la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad tras la venta a la misma de su cartera de clientes. Sin embargo, esta operación se ha visto entorpecida por los representantes sindicales de la plantilla ya que, en su opinión, se trataba de una subrogación encubierta a una "marca blanca" del entramado de empresas dependientes de Miguel Ángel Ramírez para continuar con la misma política de condiciones laborales y de bajos salarios aplicada hasta ahora.
Un ejemplo de esta situación es la decisión adoptada por el Gobierno canario de retirarle a SIC el servicio de vigilancia de los juzgados de la Comunidad Autónoma, del que se encargará a partir del 1 de enero las empresas Securitas y Prosegur. La decisión se ha adoptado tras las quejas recibidas por parte de los trabajadores por los retrasos reiterados en el pago de sus nóminas.
Intersindical Canaria (IC), sindicato mayoritario del comité de empresa, advierte que Seguridad Integral Canaria se ha visto obligada a acudir al concurso de acreedores precisamente por las dificultades que se le ha presentado en el proceso de cambio de la plantilla de una empresa a otra. De hecho el objetivo de SIC era pasar de 2.518 trabajadores a 265 el 31 de diciembre mediante este procedimiento.
El portavoz de IC, Luis Padrón, cree que la medida de acudir a un concurso de acreedores "no es buena ni mala en sí misma", sino que todo depende ahora de la "sensibilidad social" del administrador concursal que se designe y del juez de lo Mercantil que dirija el proceso. Para la central sindical es necesario que la facturación de la empresa y sus activos se destinen a pagar las nóminas, que acumulan dos meses de retraso y están ocasionando serios problemas a muchas familias.
Garantías
La empresa asegura en el comunicado remitido a los medios de comunicación que la empresa sigue siendo solvente porque su activo es netamente superior a su pasivo y que la intención no es solicitar quita alguna de la deuda que mantiene, sino precisamente garantizar el abono de las nóminas pendientes cuanto antes. Seguridad Integral Canaria lamenta los perjuicios que esta situación está causando a los trabajadores, les pide "perdón" públicamente y espera poder compensarles.
La empresa critica la "intransigencia" de algunos sindicatos por haber provocado "el bloqueo de nuestras cuentas al exigir el abono inmediato de los atrasos, lo que nos ha imposibilitado cumplir con los pagos a la Seguridad Social y Hacienda, que han ejecutado un bloqueo bancario", abocando al concurso de acreedores.
SIC recuerda que las dificultades que sufre se enmarcan en una crisis económica general reflejada en contratos de las administraciones públicas con presupuestos a la baja, la crisis particular del sector de la seguridad privada y la desactivación judicial de la reforma laboral de 2012 "con sucesivas y múltiples sentencias en contra de convenios de empresa previstos en esa ley", añade.
Unión Sindical Obrera (USO) es el sindicato más beligerante con Seguridad Integral Canaria. El secretario general del sector de seguridad, Juan Díaz, critica que la empresa sólo buscaba "tiempo" con el acuerdo del aplazamiento de la deuda y espera que la compañía "desaparezca" ante el grave problema social que está ocasionando a los trabajadores. Por su parte, José Manuel Ojeda, de CCOO, cree que la medida de SIC es un "paso desesperado" porque no le quedaba otra opción. En su opinión, "dada la situación es el mejor paso para la plantilla porque garantiza que haya una solución al pago de las nóminas".
La empresa reitera sus acusaciones a determinados sindicatos, entre ellos USO, a quienes señala por su alineamiento con "intereses de empresas competidoras" y que no entienden la realidad de la compañía.
