El Gobierno británico endurece las medidas para evitar las reclamaciones por enfermedades falsas durante el periodo vacacional de ciudadanos del Reino Unido. Las medidas entrarán en vigor a lo largo de las próximas semanas para garantizar que sean efectivas antes de que comience la próxima temporada estival. Para abordar este problema, desde el Gobierno se ha pedido al Comité de Procedimiento Civil -encargado de fijar las normas relativas a los costes legales-, que estudie trasladar las reclamaciones al régimen de costes fijos recuperables. Así, los turoperadores solo desembolsarían los gastos establecidos según la cuantía de la reclamación y la duración del proceso judicial, pudiendo prever los costes legales y ayudando a los turoperadores a impugnar por vía judicial las reclamaciones fraudulentas, según informa la Embajada del Reino Unido en España en un comunicado.
El Comité ya se ha puesto de acuerdo sobre los cambios que se van a aplicar a esta norma, los cuales entrarán en vigor en breve. El Gobierno se compromete a abordar esta "cultura" de las indemnizaciones, habiendo introducido recientemente una ley de responsabilidad civil que incluye medidas para reducir el número de reclamaciones por latigazo cervical y para permitir a los seguros rebajar las primas.
Otras reformas contemplan la prohibición de las "llamadas en frío" para captar clientes por teléfono y una regulación más estricta de las empresas de gestión de reclamaciones. Hasta ahora, los costes legales derivados de las reclamaciones al seguro por enfermedades contraídas durante las vacaciones no estaban sujetos a ningún tipo de control, por lo que los turoperadores veían con frecuencia cómo crecían de forma desproporcionada con respecto a los daños reclamados. De ahí que muchos hayan preferido resolver las reclamaciones cerrando acuerdos fuera de los tribunales, en lugar de por la vía judicial.
Los expertos del sector consideran que éste ha sido un factor clave en el incremento de las reclamaciones, y que ha creado preocupación por el daño a la reputación del Reino Unido en el extranjero y por la posibilidad de que los turistas británicos se encuentren con unos paquetes vacacionales más caros.
El secretario de Estado de Justicia, Rory Stewart, ha explicado que "reclamar una indemnización por haber contraído una enfermedad durante las vacaciones, cuando no es cierto, es un fraude". Asimismo, señaló que no solo se perjudica al sector del turismo, sino que también "expone a los turistas a una subida de precios". Este comportamiento, aseguró, también daña la reputación de los ciudadanos británicos en el extranjero. "Por este motivo, vamos a introducir unas medidas que persigan a los que incurren en estas prácticas deshonestas", esgrimió.
El embajador británico, Simon Manley, declaró que el problema de las reclamaciones por enfermedad falsas "ha provocado con razón preocupación en España". Las medidas para controlar los costes legales anunciadas por el Gobierno británico, así como los pasos dados a finales del verano pasado, muestran, a su juicio, "la seriedad" con la que se han tomado este problema.
Según la asociación de agentes de viaje británicos (ABTA, por sus siglas en inglés), de 2013 a 2016 las reclamaciones crecieron en un 500%, de 5.000 a 35.000. Y ello a pesar de que los datos de la industria turística sobre la presentación a nivel global de incidencias por enfermedad en resorts vacacionales muestran que, de hecho, ha disminuido en los últimos años.
Desde octubre de 2017, los tribunales han condenado u ordenado a cuatro parejas pagar unos costes legales importantes tras haber presentado unas reclamaciones fraudulentas por enfermedades contraídas durante sus vacaciones. Estos casos fueron acusaciones privadas interpuestas por los tour operadores Thomas Cook, TUI y Red Sea Holidays.
