Claves del pacto económico entre Gobierno y Podemos

Podemos quiere que la modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria esté preparada para este mismo año, y así poder dar 'luz verde' a los objetivos de déficit y de deuda planteados por el Gobierno para 2019 sin tener que acudir al Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.

A última hora de este miércoles el partido 'morado' alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Hacienda en el que se recoge la eliminación de derecho a veto que atribuye la Ley de Estabilidad Presupuestaria al Senado para la definición de la senda de déficit, así como un pago a los pensionistas para compensar la subida del IPC de 2018, tal y como contó el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, al término del encuentro.

Preguntada por si sería posible aprobar este cambio antes de someter a votación de nuevo en el Congreso la senda de estabilidad presupuestaria para los próximos años, la portavoz adjunta de Unidos Podemos Ione Belarra ha dicho que "debe darlo".

La modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria en este sentido es el principal acuerdo al que llegaron el Ministerio de Hacienda y Unidos Podemos durante su reunión en la tarde noche del miércoles, de cara a negociar el apoyo de la coalición de izquierdas a la senda de déficit propuesta por el Ejecutivo.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos también ha destacado que entre Hacienda y su grupo hubo un "mayor grado de acuerdo" en otras dos cuestiones que, de todas formas, "todavía no se han concretado", como una posible fórmula para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y la eliminación del copago farmacéutico.

En este primer caso, la fórmula pasaría por una compensación a principios de año que, en una paga única a los pensionistas, cubriría la diferencia entre el 1,6% de subida --aprobada en los Presupuestos de 2018 tras el acuerdo entre el entonces Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy y el PNV-- y la inflación registrada finalmente en ese año.

Belarra ha señalado en la Cadena SER que, en el seno de su formación, tuvo lugar "un debate jurídico bastante amplio" sobre cómo "concretar juríficamente" el cambio en la ley, y ha dicho que "se van a explorar dos vías, la opción de decreto y de proposición de ley". "Creemos que es posible un mecanismo parlamentario relativamente sencillo", ha aseverado.

Sin embargo, al tratarse de una ley orgánica --recoge preceptos establecidos en la Constitución, concretamente en su artículo 135--, su modificación únicamente puede llevarse a cabo con una nueva ley orgánica, bien a través de un proyecto de ley (la iniciativa correspondería al Gobierno) o de una proposición de ley (en este caso, de los grupos parlamentarios o como iniciativa legislativa popular, ILP).

En estos casos, la iniciativa se tramitaría como cualquier ley, debiendo pasar por el Congreso y el Senado pero, a diferencia de una ley ordinaria, debe someterse a una votación final en el Pleno del Congreso en la que debe contar con mayoría absoluta, esto es, más de la mitad de los votos de la Cámara.