La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) insta al Gobierno central a cambiar la Ley del sector de Hidrocarburos para adecuarla al escenario específico de Canarias. Es una de las condiciones previas que el organismo independiente de defensa de los consumidores pone a la construcción de la regasificadora de Granadilla. En su nuevo rechazo al proyecto de Enagás para el sur de Tenerife en el actual escenario normativo, admite que existen ahorros en un marco legal futuro que considere los sistemas eléctricos y gasista como uno solo en las Islas.
El informe, preceptivo y no vinculante, se remitió el lunes al Ministerio para la Transición Ecológica. La sala de supervisión regulatoria de la CNMC se mantiene en las tesis comunicadas en septiembre de 2017, cuando por vez primera se pronunció en contra de la autorización administrativa expedida por la Dirección General de Política Energética y Minas al operador -Enagás- para la construcción de la planta regasificadora del sur de Tenerife.
Sin embargo, en esta ocasión relata una serie de condiciones necesarias para "garantizar la viabilidad económica y financiera del sistema gasista" en las Islas. Entre ellas, "el desarrollo del tratamiento singular previsto en el artículo 60 de la Ley 34/1998 para el territorio de las Islas Canarias".
El apartado quinto de ese punto de la norma que regula el sector de los hidrocarburos señala: "Las actividades para el suministro de gas natural que se desarrollen en los territorios insulares y extrapeninsulares serán objeto de una regulación reglamentaria singular, previo acuerdo con las comunidades y ciudades autónomas afectadas, y atenderá a las especificidades derivadas de su situación territorial".
Sin embargo, han pasado veinte años sin que ninguno de los sucesivos gobiernos españoles haya promovido esa adaptación de la Ley 34/1998 a las particularidades de Canarias. La CNMC se atiene a la realidad presente y, por tanto, analiza la entrada del gas en las Islas partiendo de un contexto idéntico al del territorio peninsular.
La superficie de la España continental presenta un tamaño en el que cabe analizar el sistema gasista por sí mismo y, de modo paralelo, hacerlo con el eléctrico. Es decir, el incremento de costes de uno no se repercuten en el otro. Una única regasificadora en el sur de Tenerife no constituye en sí misma un sistema, pero en el análisis la inversión impacta en el sistema gasista del país. Las cuentas no salen si no se tienen en cuenta los ahorros que en las Islas supone su utilización frente al gasoil y fueloil que se queman actualmente en la central de generación eléctrica del sur de Tenerife.
La planta a la que llegará en barcos el gas natural licuado (GNL) surtirá a los grupos de ciclo combinado de la central térmica de Granadilla, a las empresas de la zona que lo deseen y a las embarcaciones que atraquen en el puerto adyacente, ya que a partir de 2020 se inicia el proceso para sustituir el actual combustible pesado que utilizan los barcos por gas.
Ese es el proyecto de desarrollo primario. De los tres destinos previstos será la generación eléctrica, la principal protagonista. De ahí que la propia CNMC contemple en su informe de rechazo a la planta de Granadilla un escenario en el que aparecen integrados sistema gasista y eléctrico. Alerta además de que abordar el cambio en la ley "evitará subvenciones cruzadas" entre ambos.
Resultados diferentes
Tras detenerse en varios supuestos en los que se contempla el impacto de la inversión en GNL de manera individual -sin contemplar su utilización masiva para la generación eléctrica- y que reportan cifras negativas, Competencia apunta: "No obstante, un análisis más global y conjunto con el sistema eléctrico arroja (...) un resultado positivo". Es decir, los mismos supuestos proveen números de signo contrario en el caso de que se desarrolle el artículo de la Ley sobre Hibrocarburos que contempla la creación de un marco específico para el Archipiélago.
Competencia detalla que en todos los puntos de partida estudiados se generan tanto valor actual neto como flujos de caja positivos "desde el primer año". La importancia de la redacción de la ley vuelve a ponerse de manifiesto cuando el estudio de la CNMC señala, sin embargo, que con los mimbres legales actuales queda claro que la regasificadora de Granadilla grava al consumidor de gas, pero arroja "beneficios para el consumidor de electricidad".
