El Ministerio de Fomento obligará a partir de enero a las compañías aéreas a preguntar al final de la venta de los billetes, y no al inicio como hasta ahora, si los clientes tienen derecho al descuento del 75% por residencia en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El departamento que dirige José Luis Ábalos dará un plazo de dos meses para la adaptación, cuyo coste "necesariamente debería verse reflejado en los precios de los billetes", según advirtió ayer la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Ábalos señaló ayer en el Senado que la decisión se toma tras consultar con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), informa Efe. El ministro responde así a las quejas que han hecho públicas varios colectivos de usuarios y el Gobierno de Baleares, que sostienen que los precios de los billetes entre la Península y los dos archipiélagos han subido de forma presuntamente artificial desde que en el pasado mes de julio el descuento se amplió del 50% al 75%.

Varias de esas denuncias aseguran que las aerolíneas a las que atribuyen esas prácticas se aprovechan de preguntar al viajero si es residente al empezar el proceso de venta para, a partir de ahí, ofrecerle un precio más alto, lo que desviaría en su beneficio el esfuerzo que el Estado hace en subvencionar los billetes. Si la pregunta se realiza al final del proceso, esa tentación deja de existir.

La ALA, integrada por más de 70 compañías regulares nacionales e internacionales que operan en España, se mostró ayer sorprendida por la decisión, toda vez que hasta la fecha "no se ha puesto sobre la mesa un solo caso fraudulento". Así lo expuso su presidente, Javier Gándara, para quien, en base a esa ausencia de pruebas, la medida que pretende instaurar Fomento resulta "desproporcionada" y va "a reducir la transparencia".

En su opinión, no existen casos probados porque todo el proceso de venta de billetes y fijación de precios "está muy auditado por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). De haber existido un fraude, lo habría detectado, como también podría haberlo hecho "cualquier asociación de consumidores".

Es más, el propio Gándara advirtió de que ocultar el precio final contraviene el reglamento de la Comisión Europea (CE) sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos (1008/2008). En el apartado primero del artículo 23, que aborda la "información y no discriminación" la norma comunitaria dice así: "(...) Se indicará en todo momento el precio final que deba pagarse, que incluirá la tarifa o flete aplicable, así como todos los impuestos aplicables y los cánones, recargos y derechos que sean obligatorios y previsibles en el momento de su publicación".

Antecedentes

La primera vez que Fomento comunicó su intención a las compañías aéreas fue en septiembre. Desde entonces, el equipo de José Luis Ábalos ha ido madurando la idea hasta que el pasado lunes giró una comunicación a las aerolíneas informándoles de la puesta en marcha durante el mes de enero y de los dos meses más con los que contarán para adaptar todos los procesos informáticos.

El presidente de ALA reconoció que, "como ocurre con cualquier cambio", este también generará un coste a las empresas que terminará "repercutiéndose en los billetes". No será, a su juicio, lo fundamental, ya que quedará muy diluido entre todas las plazas vendidas. Para Gándara será peor el ruido que se generará para alimentar el desconocimiento general. "¿Qué pasará cuando se dé el último paso y comprueben que no es un 75% menos?", se preguntó.

Con ese ejemplo, el representante de las compañías aéreas alertó de que el descuento no opera sobre las tasas. Es decir, si el coste de un billete es de 100 euros y 20 de ellos corresponden a los precios que se cobran por el uso y el servicio recibido en el aeropuerto, la subvención se aplica sobre 80 euros.

"Nos hemos hartado de pedir ejemplos concretos", reiteró Javier Gándara sobre la inexistencia de pruebas de fraude. "Claro, alguien me puede decir que en invierno es mucho más barato que en verano volar desde la Península a Baleares, pero es que en esos meses de vacaciones la demanda es mucho más elevada", refirió.

Además, el presidente de ALA señaló que contra lo que ocurre en este momento, en el que el precio que se obtiene desde el primer momento por el vuelo no puede variar durante el proceso de compra, no saber hasta el final si conviene o no adquirirlo mantiene al alcance del resto la plaza, con lo que se puede perder o, incluso, cambiar de precio, porque seguirá afectada por las leyes de la oferta y la demanda.

"De momento, tan solo ha sido una comunicación, pero en el momento en que la cuestión se formalice, estudiaremos todas las medidas que tengamos a nuestro alcance", advirtió. La contraposición a la normativa europea será uno de los caminos que explorará ALA.