En menos de dos meses, 26.110 canarios con derecho al descuento en la factura de la luz, el conocido como bono social eléctrico, han visto cómo se les reclama el pago completo. El Gobierno de Canarias aseguró ayer que el problema radica en un mal funcionamiento de la plataforma habilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica en la que se registran los perceptores y añadió que el Archipiélago no es la única comunidad autónoma que se ha encontrado con este problema. El Ejecutivo autonómico ya se ha quejado por escrito en varias ocasiones ante el departamento que dirige Teresa Ribera.
El viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo canario, Francisco Candil, recordó ayer que Canarias anticipó la llegada del problema "de gestión desde que entró en vigor la nueva normativa del bono social".
La principal paradoja estriba en que la mitad del descuento para esas personas con bajos ingresos la sufragan las arcas regionales, mientras que el restante 50% corre a cargo de la empresa eléctrica. Sin embargo, en 2017 el Gobierno central -entonces en manos del Partido Popular (PP)-decidió tomar las riendas mediante un real decreto (897/2017) que cambió las reglas.
Los que venían siendo beneficiarios tuvieron de plazo hasta el 9 de octubre del año pasado para acreditar su condición de acreedores al descuento. De no cumplir con ese trámite perdían la subvención. Lo que no esperaban quienes siguieron a pies juntillas las exigencias de la nueva norma es que también se quedarían sin ella. "El Partido Socialista (PSOE) dijo que lo iba a revisar [el real decreto], pero tampoco lo hizo", señaló Candil.
"No son los más necesitados"
El propio integrante del Ejecutivo regional explicó que no es la población considerada vulnerable en riesgo de exclusión social, "los más necesitados" y a los que se paga la totalidad de la factura, la que se ve afectada. Eso es porque sus expedientes los tramitan los servicios sociales de cada ayuntamiento. A finales del pasado año, la consejera regional de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, cifró en 16.000 las familias que se encuentran en esta situación en las Islas.
Quienes se están topando con el problema perciben pensiones de entre 600 y 700 euros. "No son ricos", apuntó Candil, y "tienen derecho a un descuento del 40%". Estos tuvieron que obtener en Hacienda un certificado de sus ingresos, que acreditan que no tienen que realizar la Declaración de la Renta por no llegar al mínimo.
"Cuando la empresa eléctrica introduce los datos, la plataforma informática habilitada por el ministerio no reconoce las certificaciones", detalló el viceconsejero. De tal manera que las solicitudes se rechazan o quedan en suspenso, con lo que el número de beneficiarios del bono social, que llegó a ser de 104.000, desciende de manera vertiginosa.
Las reclamaciones empiezan a amontonarse en la Dirección General de Consumo. El departamento que dirige Ángeles Palmero "ha remitido sendos escritos alertando de esta situación a la Dirección General de Política Energética del Estado y a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Sanidad", indicó el viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Gonzalo Piernavieja, que ayer se reunió con Candil y el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez.
"Nos encontramos con que el 90% de las reclamaciones que llegan a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno canario están motivadas por la imposibilidad del Ministerio para la Transición Ecológica de comprobar los datos de los consumidores. La comercializadora de referencia los introduce en la aplicación informática pero esta responde de manera desfavorable", aseguró el viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, que estima que procede una reunión urgente entre las comunidades autónomas y el ministerio.
El Gobierno de Canarias tenía motivo para pensar que algo no iba bien. Endesa es la principal compañía eléctrica de las Islas y el 21 de diciembre había recibido poco más de 65.500 solicitudes. El ministerio solo había validado como admitidas positivas algo más de 26.600, el 41% del total, mientras que el rechazo recayó sobre otras 38.000.
En aquel momento se atribuyó el 64% de los rechazos a la falta de documentación para acreditar la condición de cliente vulnerable, exactamente la que se intenta introducir y el sistema rechaza. La inadmisión del resto de solicitudes la motivaron, bien no cumplir los parámetros de consumidor vulnerable -25% del total-, o bien la imposibilidad de realizar el cálculo (11%).
