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Las reformas en viviendas disparan la economía sumergida en la construcción

La patronal estima que el 30% de la actividad en el sector se desarrolla 'en negro' y apuesta por concienciar a empresarios y clientes sobre los riesgos de esta práctica

Obreros realizando una reforma en el interior de un local.

Obreros realizando una reforma en el interior de un local. TONY HERNÁNDEZ.

La economía sumergida se esconde detrás de los ladrillos y las "chapuzas". El sector de la construcción fue el más castigado por la crisis por lo que las empresas han simplificado su estructura y un gran número de profesionales se ha reconvertido en empresarios. "Muchos de ellos trabajan desde la ilegalidad", afirma Delia Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP). En Santa Cruz de Tenerife, la Federación de Empresarios de la Construcción (Fepeco) estima que cerca del 30% de la actividad en el sector de la subconstrucción está vinculado a la economía sumergida.

La mayoría de los clientes que contrata a una empresa para una reforma se rigen por el criterio del precio, sin tener en cuenta las implicaciones legales del sector. Por esto, Gutiérrez advierte de que antes de contratar a un obrero en negro es importante informarse de los riesgos que conlleva, porque "si los profesionales que están trabajando en una residencia tienen un accidente laboral y están sin seguro, quien les ha contratado es el responsable solidario".

El presidente de la patronal tinerfeña, Óscar Izquierdo, muestra su preocupación por el alto nivel de incidencia que tiene la economía sumergida, y tiene claro que hay que revertir esa situación con políticas de concienciación ciudadana y de solidaridad comunitaria. Además, señala que la experiencia ha demostrado que, por muchos incentivos que se ofrecen a quienes trabajan dentro de la economía sumergida para que vuelvan a la legalidad, no lo aceptan porque "están cómodamente establecidos en el oscurantismo del beneficio egoísta".

Esta actividad ilícita genera un importante daño al sistema, por el impago de impuestos, y a la economía en general pero, además, afecta a los propios trabajadores del sector, porque impide la creación de empleo y no ayuda al crecimiento de las pymes.

Para luchar contra este tipo de fraude, AECP iniciará un programa de trabajo para "educar" a esos empresarios que no cumplen con la legalidad e informarles de los riesgos que ello conlleva. "Ser empresario no es ser albañil sin más, es tener una serie de conocimientos adicionales sobre las obligaciones", sostiene Gutiérrez, quien achaca los incumplimientos a la "falta de información".Por esto, desde la Asociación harán una trabajo de campo y se acercarán a los puntos donde detecten obras irregulares, porque "sabemos de su existencia pero no las podemos cuantificar", expone la presidenta de la AECP.

"Trabajar de forma ilegal puede ser una solución a corto plazo", pero para tener continuidad laboral hay que tener una estructura y estar preparados ante una inspección de trabajo o de Hacienda, porque "los puede hundir", advierte Gutiérrez.

Por su parte, Fepeco pondrá en marcha una campaña de concienciación ciudadana para rechazar la economía sumergida que, a juicio de la patronal, es un comportamiento "insolidario". Por ello, la Federación recomienda que antes de contratar cualquier obra de reforma hay que cerciorarse que la empresa es legal y exigir factura. "Si todos colaboramos, podemos acabar con los insolidarios, para una mayor calidad de vida, a través de una construcción profesional y lícita", apunta Izquierdo.

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