Más de un millar de empresas de la región, 1.106 según los últimos datos de la Agencia Tributaria, no pueden acogerse a la ampliación del plazo para el pago del IGIC. El Gobierno autonómico calcó la medida que el Ministerio de Hacienda había anunciado para el caso del IVA -el gemelo del IGIC en el resto del territorio nacional- y, por tanto, las entidades con una cifra de negocios de más de seis millones de euros quedan automáticamente excluidas de la moratoria. Así pues, muchas cadenas hoteleras y firmas de los sectores de la alimentación y el transporte tienen que seguir liquidando puntualmente el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) por más que la paralización de la economía las haya dejado sin actividad.
La Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional, que dirige el también vicepresidente Román Rodríguez, anunció al rebufo del Estado la ampliación del plazo para el pago del IGIC correspondiente al primer trimestre del año, que ahora puede liquidarse hasta el 1 de junio. La medida, eso sí, deja expresamente fuera, siguiendo el patrón del Ministerio de Hacienda, a las empresas cuya facturación, volumen o cifra de negocios supere los 6.010.121,04 euros anuales. Esto no quiere decir que tengan seis millones de beneficio, sino que los ingresos por su actividad ordinaria, es decir, por la venta de productos y mercancías o por la prestación de servicios, ascienden a más de seis millones. O dicho de otro modo: hay entidades que facturan por encima de ese límite pero que están en pérdidas. En cualquier caso, no podrán beneficiarse de la moratoria ni las 66 empresas que venden por más de 60 millones de euros al año, ni las 259 que facturan entre 20 y 60 millones, ni las 334 que ingresan entre diez y 20 millones, ni otras 447 cuyo volumen de negocio oscila entre los seis y los diez.
Desde el Gobierno de Canarias explican que el aplazamiento de los pagos del IGIC -en realidad se trata de una ampliación del plazo de liquidación, ya que el aplazamiento en sentido estricto, como en el caso del IVA, no podía ser por las limitaciones del programa informático- tiene como objetivo "inyectar" 600 millones de euros de liquidez a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes), de ahí que no estén incluidas las entidades más grandes. En el Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres entienden que estas últimas, por su mayor dimensión y músculo financiero, tienen más fácil acceder al crédito bancario, máxime cuando la crisis actual, y a diferencia de la de 2007, no es financiera.
No obstante, en la decisión de excluir de la medida a las mayores empresas subyace también -y sobre todo- el problema de liquidez que a su vez afronta el Gobierno. En otras palabras: las arcas de la Comunidad Autónoma no pueden prescindir de más ingresos sin caer en los graves problemas de liquidez que el propio Román Rodríguez vislumbra a dos meses vista si el escenario no mejora.
El problema de fondo, sin embargo, es que las empresas isleñas, con independencia de su tamaño, necesitan que se les afloje algo el cinturón para poder cumplir sus obligaciones fiscales, entre ellas el pago del IGIC. En un caso extremo, tal como ilustró el presidente de la división tinerfeña de la CEOE, José Carlos Francisco, no habrá IGIC alguno que liquidar, básicamente porque este depende de la facturación y sin actividad no hay facturación. "Queremos pagar y cumplir nuestras obligaciones, y entendemos que el Gobierno no pueda renunciar a esa parte de ingresos, pero también nosotros necesitamos liquidez", explicó el industrial Raúl García, vicepresidente de Asinca.
Y como muchas industrias, también muchas cadenas hoteleras -el caso más singular porque tienen sus establecimientos cerrados-, firmas de los sectores de la alimentación y el transporte o concesionarios de automóviles, por ejemplo, han de seguir abonando la cuota del IGIC en los mismos plazos que antes de que el coronavirus hiciera estragos en la economía mundial. "No le vemos ningún sentido a marginar a las empresas que facturan más de seis millones, máxime cuando se trata de un aplazamiento, porque pagar se va a pagar en cualquier caso", ahondó el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García.
