Sin formación, con familia a su cargo y más de 40 años en el DNI, es lógico que J.M.R. haya perdido la esperanza de conseguir un empleo. "Llevo más de dos años en el paro, no percibo ningún tipo de prestación por desempleo y no veo que esto vaya a cambiar", asegura. Ha trabajado como albañil, en un comercio, como reponedor, en el transporte, "de lo que haga falta", pero ahora no encuentra nada. "No te queda otra que seguir esperando y coger todo lo que te ofrecen, sea legal o ilegal, eso poco importa".

J. M. R. tiene dos hijos a su cargo y su mujer también está en el paro, "salimos adelante gracias a la familia y a trabajos esporádicos que nos salen, a ella limpiando en casas y a mí gracias también a la familia o a vecinos que te llaman para que les soluciones algún problema casero, lo que todos llaman chapuzas".

Sin embargo, los ingresos mensuales en esta familia apenas llega a los 800 euros, gracias a que su pareja cobra una prestación. "Sabemos que no es legal, pero ¿qué otra cosa podemos hacer?"

Combatir la economía sumergida es, a juicio de José Miguel González, "muy sencillo, aunque complejo. Se trata de generar actividad productiva que permita incrementar el objetivo en la plantilla. Que se utilice más la incentivación que la sanción. Todo ese número de horas, de trabajos que se hacen fuera del marco de la legalidad, si se hacen, es porque son necesarios", asegura.

Viviendo de prestado

La situación de esta familia es crítica, "vivimos en la casa de mis suegros, tuvimos que dejar la que teníamos de alquiler porque no podíamos plantearnos comprar, al menos la hipoteca es algo de lo que no tenemos que preocuparnos". Pero no deja de ser "humillante vivir en esta situación, aunque sea una bendición tener una familia así". J. M. R. asegura que, al menos, "todas las semanas sale algo para poder tirar adelante, si no trabajo yo, trabaja mi mujer, pero nos gustaría tener un contrato para poder cotizar, como todo el mundo".