Desde que se conoció que CaixaBank negociaba la absorción de Bankia, políticos y empresarios de la Comunidad Valenciana y Cataluña se han batido el cobre presionando por la sede social de la nueva entidad.
Parecían “dos calvos peléandose por un peine”, como dijo Borges de Argentina e Inglaterra cuando la guerra de las Malvinas. Y es que el objeto de deseo es más bien simbólico, como aquel remoto y agreste archipiélago del sur del Atlántico.
Los bancos que protagonizan esta operación han decidido que el domicilio social de la entidad resultante se quedará en Valencia, en donde recalaron por distintos motivos. Bankia, en el marco de la fusión entre Caja Madrid y Bancaja en el 2010, CaixaBank, a principios de octubre del 2017, cuando la fuga de depósitos por el descontrol independentista le aconsejó buscar un puerto seguro en el resto de España. No estaba justificado el temor en unos ni la esperanza en otros, porque el cambio de sede es casi imposible dada la persistencia separatista en la política catalana.
La operación plantea 8.000 despidos con bajas incentivadas y prejubilaciones
CaixaBank, que será la entidad resultante tras engullir a Bankia, no puede volver a Barcelona, al menos por el momento, y le resultaría difícil explicar un cambio a Madrid. Así que Valencia está bien. Es neutra.
¿Qué supone la sede social? En realidad, muy poco. Desde que se trasladó a Valencia, CaixaBank ha celebrado en esta ciudad sus juntas de accionistas y la presentación de resultados. Poco más. No ha habido trasvase de trabajadores desde Barcelona.
Y fiscalmente, el impuesto de sociedades, el de mayor volumen, se paga a nivel estatal, la entidad solo abona en la autonomía valenciana el IAE y actos jurídicos documentados. Lo destacable es la sede operativa, auténtica sala de máquinas y cerebro de toda organización. Pero este pastel parece que se lo van a repartir entre Madrid y Barcelona, donde Bankia y CaixaBank tienen sus servicios centrales. En ellos trabajan 5.300 personas en la actualidad. Son el personal más cualificado y sufrirá recortes porque la fusión está destinada, entre otros motivos, a ganar eficiencia y rentabilidad.
Como también las reducirá en oficinas. En consecuencia, se plantean cerca de 8.000 despidos, con bajas incentivadas o prejubilaciones. El problema es que, tras los despidos del 2018 en Bankia y del 2020 en CaixaBank, el personal a partir de 54 años, no llega a las cifras requeridas. Se queda en 4.600.
