El empresario Miguel Concepción Cáceres, presidente del Club Deportivo Tenerife, reconoció ayer ante tres magistrados de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Tenerife que fue el único autor directo de la estafa que la compañía aérea de su propiedad, Islas Airways, cometió ante el Ministerio de Fomento por el incremento artificial de las cantidades que debía percibir de la bonificación en los servicios regulares de transporte aéreo para los residentes canarios. Es decir, del precio de cada billete facturado, el Estado costeaba el 50% y por parte de los acusados se utilizaba ese descuentos para tratar de engañar a la administración. En su estrategia de defensa, Concepción asegura que sus hijas, Verónica y Eloísa, también procesadas en este caso, se limitaron a transmitir sus instrucciones a empleados para perpetrar el fraude. Es decir, que presuntamente actuaron como meras cooperadoras.
Estos argumentos se recogen en el acuerdo de conformidad al que la fiscal, Jezabel Criado, llegó con los tres abogados defensores. Sin embargo, no aprobaron ese pacto ni el abogado del Estado, que representa al Ministerio de Fomento, ni la acusación particular, que ejerce Binter, la compañía aérea que se consideró perjudicada por las acciones irregulares de su competidora directa en el mercado del transporte aéreo en Canarias entre 2008 y 2011.
La representante de la Fiscalía considera que en este proceso concurre la atenuante de dilaciones indebidas cualificadas, en la medida que la investigación comenzó en el 2011 y llegó al Juzgado de Instrucción un año después. Es decir, que los acusados deben ser reparados de manera parcial en la pena por el retraso que ha sufrido el asunto.
Sin testigos
El juicio penal se inició ayer con la máxima expectación y estaba previsto que la vista continuara hoy y mañana. Sin embargo, el hecho de que la fiscal y los letrados defensores alcanzaran un acuerdo de conformidad (que implicó el reconocimiento de los hechos por parte de Concepción y sus hijas en los términos expuestos al principio), también propició que el abogado del Estado y el letrado de Binter estuvieran conformes con que no tuvieran que prestar declaración numerosos testigos del caso, sobre todo empleados y exempleados de Islas Airways en el momento en que se inició la investigación de los hechos. De esa manera, el juicio se reanudará mañana solo con la declaración de los peritos.
Ayer, Miguel Concepción, Verónica y Eloísa decidieron declarar, pero solo respondieron a una única pregunta de Jezabel Criado, en relación a si se declaraban autores de los hechos tal y como consta en el acuerdo de conformidad alcanzado entre defensa y Fiscalía. Y la respuesta, como es evidente, fue “sí” en los tres casos. El resto de las partes renunciaron a preguntar. Mañana también habrá exposición de los informes finales, en los que se debatirá, por ejemplo, si concurre un delito de estafa agravada y continuada, como sostiene la Fiscalía, o bien un delito de fraude de subvenciones, como plantean Binter y la Abogacía del Estado.
También existen diferencias en las cuantías defraudadas. Para el Ministerio Público, la “sobrefacturación” de Islas Airways que puede considerarse delito asciende a 3,4 millones. Sin embargo, a juicio del abogado del Estado y de Binter, el conjunto de las cantidades irregulares percibidas llegan a 7,4 millones.
¿Qué ha supuesto para Concepción y sus hijas llegar a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público? Si la fiscal pedía cuatro años de prisión para los tres, 11 meses de multa a 50 euros cada día y la devolución de los 3,4 millones de euros al Ministerio de Fomento; tras el acuerdo, la solicitud de pena por parte de Jezabel Criado y las defensas se sitúa en un año de cárcel para el empresario y seis meses para sus hijas; una multa de tres meses a 20 euros cada día para el empresario y una sanción de 45 días a 20 euros cada jornada para Eloísa y Verónica, así como la misma responsabilidad civil (3,4 millones de euros que deben devolver al Gobierno del Estado).
Con esas penas de privación de libertad, ni Concepción ni sus hijas entrarán en un centro penitenciario, ya que la condena no supera los dos años y los tres procesados carecen de antecedentes penales previos. El delito de fraude en subvenciones que proponen el abogado del Estado y Binter contempla tres años de prisión para Concepción, lo que sí implicaría su ingreso en prisión.
La presunta comisión de la estafa por parte del empresario palmero de 66 años, donde sus hijas actuaron como colaboradoras, se produjo en los años en que el país estaba inmerso en una crisis económica internacional, que padecieron de forma muy seria muchas familias canarias y españolas. La cantidad defraudada cada año creció de forma progresiva. Así, en el 2008, el engaño al Ministerio de Fomento con la bonificación de pasajes a residentes canarios fue de 64.445 euros y de 98.575 al ejercicio siguiente. En 2010 se produce un crecimiento considerable, siempre según la Fiscalía, ya que la cantidad estafada subió a 428.019 euros. Y en 2011, se facturaron viajes de residentes canarios hasta posibilitar que Islas Airways ingresara del Estado 2,8 millones, a juicio del Ministerio Público.
¿Qué era Islas Airways?
Islas Airways se constituyó en 2001 de la manos del grupo Santa Bárbara Airlines (Venezuela) y de la empresa Canaria Sociedad Canario Americana de Inversiones SA. Empezó a operar dos años después entre las Islas. Fue adquirida luego por el empresario Miguel Concepción a través del Grupo SOAC. Es a partir de ese momento, en 2007, cuando la compañía inicia una fase de expansión. Se incrementa la flota y se contrata a un equipo de ejecutivos internacionales expertos en aviación que posteriormente, poco a poco, van abandonando la compañía.
¿Cuándo surge el caso que se investiga?
Binter Canarias denuncia ante el Ministerio de Fomento fraude al Estado con las subvenciones para residentes. Fomento, tras investigarlo, acusa formalmente a la empresa en 2012 y el Tribunal Supremo confirma el delito de fraude, dentro de un expediente administrativo de reintegro de la subvención incoado por el Ministerio en 2018. La sentencia obligaba a Islas Airways a devolver 7,5 millones de euros. Los magistrados del Supremo rechazaron en ese momento todos los argumentos esgrimidos por la aerolínea en el recurso de casación de la compañía, para entonces ya en vías de desaparición. El 2011, en paralelo, Fomento inicia también una causa penal contra los responsables de la aerolínea.
¿Como habría sido el fraude?
Ministerio Público sostiene en la causa penal que desde Islas Airways se facturaba al Ministerio de Fomento cantidades superiores a las que realmente se correspondían con la subvención, de modo que el Estado le ingresaba a la compañía aérea tinerfeña más dinero del que realmente correspondía. De esta forma, según la Fiscalía, se habría estafado al erario 3,4 millones entre los años 2008 y 2011. Lo que se traduce en un delito continuado de estafa agravada o, en su defecto, un delito continuado de fraude en subvenciones. En esos años el porcentaje del descuento a los residentes para facilitar los desplazamientos entre las islas, que es la cantidad que Fomento debe luego reintegrar a las aerolíneas, era de un 50% del precio del billete -ahora alcanza el 75%-. Sin embargo, Islas Airways liquidaba la subvención como si el viajero hubiera pagado el 1100% del billete incluso en los casos de tarifas reducidas o especiales, como, por ejemplo, las que premiaban a quienes se desplazaban frecuentemente con la aerolínea.
