El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha cansado de esperar la respuesta del Ministerio de Sanidad y ha aprobado los test de antígenos. Desde este jueves —el decreto se publicó ayer en el boletín oficial—, los turistas extranjeros podrán acreditar que no están infectados de la Covid-19 con este tipo de prueba. Es decir, ya no solo son válidas las llamadas PCR, tal como establece la normativa estatal, sino también los test rápidos de detección de antígenos, mucho más baratos. No en vano, el objetivo del Ejecutivo regional es salvar en la medida de lo posible la temporada turística de invierno, una meta difícil de alcanzar si los potenciales visitantes se ven obligados a pagar los hasta 150 euros que cuesta una PCR. Alrededor de 600 euros tendría que desembolsar una familia inglesa o alemana de cuatro miembros, un coste inasumible para miles de hogares.
El Gobierno autonómico ya advirtió la semana pasada al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de que estaba ultimando un decreto para validar los test de antígenos. El Ejecutivo y el propio Torres llevaban semanas pidiendo al Gabinete de Pedro Sánchez que exceptuara a Canarias de la normativa estatal, de modo que los turistas pudieran presentar a su llegada tanto una PCR como un test de antígenos. El Gobierno regional se hacía así eco de las demandas de la patronal turística, que reclamaba una excepción en favor del Archipiélago para evitar el cierre definitivo de centenares de empresas y el despido de miles de trabajadores. De poco serviría que el Reino Unido y Alemania hayan incluido a las Islas en la lista de territorios seguros a los que viajar si luego se les exige a los turistas la presentación de una PCR. Los test de antígenos no solo son más baratos y dan resultados mucho más rápido, sino que, además, tienen el respaldo de las autoridades comunitarias. Sin ir más lejos, este tipo de prueba cuenta con el aval del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, lo que supuso el espaldarazo definitivo a la Comunidad Autónoma en su discusión con el Estado. No obstante, el Ministerio sigue sin exceptuar al Archipiélago de la imposición de la PCR —el Departamento de Illa no respondió ayer sobre si tenía o no conocimiento de la inminente publicación del decreto autonómico y sobre su posición al respecto—, de ahí que Torres haya decidido dar un paso adelante y validar motu proprio los test de antígenos.
Para ello, el decreto del presidente establece el “cierre perimetral” de la Comunidad Autónoma y regula —o más bien complementa— los requisitos que en términos de salud pública deben cumplirse a la entrada a las Islas. Hay que tener en cuenta que Torres y los restantes 16 dirigentes autonómicos son la autoridad competente en la gestión del estado de alarma en sus respectivos territorios. Lo son por delegación del Gobierno central y, por tanto, están habilitados para dictar normas al respecto, como, por ejemplo, para establecer o no el llamado toque de queda, una posibilidad que Canarias no puso en práctica hasta la semana pasada. En definitiva, los presidentes regionales tienen cierto margen de actuación para modular determinadas medidas. ¿Por qué entonces ha esperado tanto el Gobierno de Torres para validar los test de antígenos? Pues porque en ese margen de actuación no entra el régimen de fronteras, materia exclusiva del Estado. Sin embargo, y visto que el Ministerio de Sanidad no parece dispuesto a exceptuar a Canarias de la obligatoriedad de las PCR —con la incertidumbre que ello les acarrea a las empresas y trabajadores de la actividad turística—, los juristas de la Comunidad Autónoma han encontrado un subterfugio.
En el Ejecutivo entienden que el decreto publicado ayer no vulnera competencia estatal alguna; es más, entienden que es el propio Estado, con la delegación en favor los presidentes autonómicos, el que hace posible validar los antígenos. El Gabinete de Ángel Víctor Torres argumenta que el régimen de fronteras comprende “el control del cumplimiento de las normas de acceso” al territorio. Así lo determina el Reglamento europeo. En cambio, “no comprende el establecimiento de los requisitos de salud pública de acceso, sino su mera comprobación”, con lo que el presidente canario puede dictar normas al respecto sin de facto inmiscuirse en competencia ajena. El Ejecutivo isleño interpreta así que el régimen de fronteras que el Gobierno central se reservó en el decreto del estado de alarma abarca el “cumplimiento” de las normas de salud pública pero no su “establecimiento”. Y ahí reside el subterfugio: “La competencia para la determinación de las reglas de sanidad exterior vinculadas a la entrada y salida de viajeros queda bajo la disposición de la autoridad competente delegada”, esto es, el propio Ángel Víctor Torres.
Bajo esa premisa, el Gobierno regional restringe la entrada al pasajero internacional de barco o avión que a su llegada no se someta a control sanitario. Control que incluye una declaración responsable, de modo que las autoridades sanitarias sepan, por ejemplo, dónde va a alojarse; la toma de temperatura; y la prueba diagnóstica que acredite que está libre de coronavirus. Podrá presentar el resultado de una prueba realizada en las 72 horas anteriores a su llegada o bien hacérsela en el mismo aeropuerto o en la misma estación marítima. Y valdrán tanto las PCR como los test rápidos de detección de antígenos debidamente homologados. No estarán sometidos a esta obligación, claro, ni quienes vuelvan a casa, ni quienes vengan por motivos de trabajo, ni quienes lo hagan por cualquier otro motivo de fuerza mayor. Y tampoco los turistas que vayan a alojarse en un hotel, apartamento o similar, ya que para ello deben acreditar a su llegada al establecimiento que han pasado un test de coronavirus, con lo que en su caso basta con hacer constar en la declaración responsable que efectivamente salen del aeropuerto rumbo al hotel. Además, en este último caso son mayoría quienes han contratado la prueba con el turoperador.
Sensu stricto, todo este armazón legal, que estará en vigor hasta el 10 de enero y que en puntos es un copia/pega de la normativa estatal —exceptúa a quienes se desplacen a estaciones de repostaje en inexistentes territorios limítrofes—, no es más que la vía para que el turista extranjero pueda entrar con un test de antígenos y no solo con una PCR (para el régimen de control de los viajeros nacionales se continúa trabajando junto con el Govern balear). Eso sí, sigue siendo el Estado el que debe dar “cumplimiento” a estas normas, según la interpretación del Ejecutivo de la región, de ahí que el decreto haga un llamamiento a la “colaboración” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y exhorte a los servicios de Sanidad Exterior, dependientes de Madrid, a cumplirlas. Cabe puntualizar que hasta la fecha no se ha multado a quienes han llegado a las Islas sin la PCR, sino que se les ha sometido a una prueba —en casos a un test de antígenos—, con lo que de alguna manera el decreto autonómico viene a regular un hecho.
