El plazo de la convocatoria de ayudas directas a pymes y autónomos de la Comunidad Autónoma finalizó ayer con la presentación de unas 18.000 solicitudes, según los últimos datos del Ejecutivo regional. Hasta el momento se han transferido unos ocho millones de euros a un millar de solicitantes con cantidades máximas que oscilan entre los 2.200 euros a los autónomos sin empleados y los 12.400 euros a pymes y autónomos con asalariados.
El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, aseguró que las estimaciones que había realizado el Ejecutivo cuando puso en marcha estas ayudas eran de que se podían beneficiar de las mismas entre 15.000 y 20.000 pymes y autónomos, por lo que el Gabinete autonómico entiende que se han cubierto las expectativas pese a las quejas que han habido desde el primer momento por colectivos que se han quedado fuera de las mismas, por los criterios utilizados para poder acogerse o por lo engorroso de la tramitación.
En un primer momento el plazo finalizaba el 8 de abril pero éste se amplió hasta ayer 21 de abril. El registro de las Cámaras de Comercio, encargadas de tramitar las solicitudes, era de poco más de 18.000 peticiones en el último día de plazo. Desde finales de marzo ya se comenzaron a dar las primeras ayudas y se ha llegado ya al millar de beneficiados con unos ocho millones de euros ya otorgados. La partida inicial dispuesta por el Ejecutivo para pymes y autónomos es de 84 millones de euros, mientras que otros 80 millones son para el sector turístico con el fin de ayudar a los hoteleros a cubrir el pago del IBI durante el periodo en el que han estado cerrados por la pandemia. Los empresarios turísticos aceptaron la petición del Ejecutivo de esperar a que finalizara el periodo de solicitudes de las pymes y autónomos ante las graves dificultades por las que están pasando.
Julio Pérez reconoció que, aunque la justificación documental era complicada, el hecho de que se hayan presentado 18.000 solicitudes demuestra que la gestión ha sido correcta. “Nunca es suficiente ante la crisis existente pero hay 18.000 pymes y autónomos que recibirán una ayuda económica para salvar la situación”, añadió.
La Comunidad Autónoma espera ahora como agua de mayo los fondos provenientes del Estado, hasta 1.144 millones de euros, también para ayudar a las empresas castigadas por la crisis. Julio Pérez apostó por simplificar el procedimiento de las ayudas estatales de tal manera que se pueda agilizar el trámite y llegue a los beneficiarios lo antes posible.
“Todavía no hemos firmado el convenio y no tenemos establecido el procedimiento porque hay que ver en qué medida es posible introducir los elementos de simplificación que hemos hecho en nuestras propias ayudas”, dijo tras el Consejo de Gobierno. Aquí, reiteró que la idea es aprender de la experiencia, simplificar el procedimiento y tratar de que el dinero llegue a los beneficiarios lo antes posible.
Más agilidad
“Lo que haremos –continuó– será tratarlo a toda velocidad; ver qué Consejería asume la gestión, con nuestras ayudas ha sido Economía pero aquí hay que ver qué es lo que tenemos que contratar o convenir con el Gobierno de España”. El Ejecutivo regional ya ha remitido a Madrid sus aportaciones al convenio que le había enviado el Gobierno central con el fin de firmarlo lo antes posible.
La ampliación de las actividades y sectores que pueden recibir las ayudas, el incremento del tope en las cantidades a recibir y los periodos de pérdidas de facturación han sido cuestiones determinantes demandadas por el Gobierno canario y las organizaciones empresariales. El Consejo de Ministros ya ha modificado el decreto inicial para atender estas peticiones, aunque será cuando se firme el convenio cuando se conocerá el detalle y el procedimiento a seguir.
Con las ayudas de la Comunidad Autónoma se produjeron quejas y protestas por parte de varios colegios profesionales y determinados colectivos de autónomos que no figuraban en el decreto inicial que aprobó el Ejecutivo regional. Asimismo, se puso el acento en las contradicciones y diferencias entre unas ayudas y otras.
