El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno del Estado ha enviado a la Comisión Europea (CE) incluye la creación de un impuesto que grave las emisiones de gases nocivos que genera la aviación. No recoge la lógica excepción de las Islas, donde no hay más remedio que recurrir al avión, por lo que el Ejecutivo autonómico tendrá que volver a dirigirse al central para recordarle la existencia del Régimen Económico y Fiscal (REF).
«La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda exigirá en todo momento que se cumplan los preceptos recogidos en el REF, que en su artículo 4 recoge expresamente que, para ganar en competitividad, se aplicarán reducciones y bonificaciones sobre las tasas de los puertos y aeropuertos canarios con respecto a las que se aplican en el resto del territorio nacional», señaló el departamento que dirige Sebastián Franquis en un comunicado.
Lo cierto es que el documento que Madrid ha remitido a Bruselas no menciona las especificidades del Archipiélago, circunstancia que advirtió el secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo. Para el nacionalista, mantener a las Islas en ese saco, «supone un golpe casi mortal a la economía de las Islas».
En el Ejecutivo canario se mostraron seguros de que se atenderán sus exigencias, «como no puede ser de otra manera, porque está en el REF», señalaron fuentes del Gobierno regional. Fue una de las cuestiones que se puso sobre la mesa en el Consejo de Gobierno celebrado ayer.
También la necesidad de buscar combustibles alternativos, porque, según las mismas fuentes, «la legislación es cada vez más exigente» en el ámbito medioambiental. De hecho, entre los proyectos privados diseñados en Canarias y que aspiran a obtener financiación europea se encuentra uno sobre desarrollo de biocombustibles para la aviación.
Las garantías legales avalan el éxito que tendrán las Islas en su diálogo con Madrid. Pero Clavijo lamentó que la documentación remitida a Bruselas «no deje claro que Canarias tiene que estar excluida». En su opinión, la falta de tacto de Madrid dispara una «alerta» y recordó que CC acumula más de un año advirtiendo de que es necesario exceptuar al Archipiélago de esta medida.
Una semana antes del confinamiento (marzo de 2020), la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, remitió una carta al presidente canario, Ángel Víctor Torres, en la que le aseguró que la figura fiscal que ya entonces se preparaba para gravar el transporte aéreo no afectaría a las rutas con las Islas.
Otra de las medidas fiscales incluidas en el documento remitido por el Gobierno de España a la CE es el pago por la utilización de las carreteras de alta capacidad a partir de 2024 (un céntimo por kilómetro recorrido). El consejero Sebastián Franquis aclaró que Canarias no se incluye en la Red Estatal de Carreteras. La comunidad autónoma, por tanto, «tiene plenas competencias en carreteras y, además, la Ley de Carreteras de Canarias garantiza la gratuidad de estas vías en toda la región».
El artículo 22.2 de esa norma (9/99) señala: «Cada carretera será explotada directamente por su titular y su utilización será gratuita». Suficiente para que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda autonómica dé por sentado la imposibilidad de que exista «una imposición de tasas por el uso de las autovías y vías de alta capacidad de Canarias, ya que forman parte esencial de la red medular de conectividad y transporte de un territorio fragmentado como el del Archipiélago».
La automoción había mostrado su preocupación desde que se conoció la medida. El presidente de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica), Rafael Pombriego, advirtió de que el sector «no soporta ya más presión». Además, aseguró que fabricantes y vendedores están «por la descarbonización, pero rechazó la demonización del uso del vehículo.
Su homólogo en Aconauto, Manuel Sánchez, se mostró convencido desde el principio de la imposibilidad de aplicar esta medida porque sería «antisocial» en una comunidad autónoma en que la renta per cápita por habitante no permite vivir «en muchos casos» cerca del centro de trabajo. A pesar de su convicción, reconoció que todo resultaría más sencillo si documentos de este tipo recogieran las especificidades canarias.
En esa misma líneas, el director de la Cátedra del REF (Régimen Económico y Fiscal), Salvador Miranda, señaló que las «muchas preocupaciones que existen en el momento actual» no deben servir para justificar la continuada omisión del fuero canario en cuantas decisiones se adoptan.
La reforma fiscal propuesta por el Gobierno central a Bruselas juega, según Miranda, contra el diferencial que consagra el REF. «Cuando se armonice y se establezca una tributación mínima [la habrá en el Impuesto sobre Sucesiones] se habrán barrido nuestros incentivos fiscales, y justo cuando más los necesitamos», explicó el economista y asesor.
La existencia de la ZEC (Zona Especial de Canarias), RIC (Reserva para Inversiones de Canarias) o DIC (Deducción por Inversiones de Canarias), entre otras –todas contenidas en el REF–, tienen por objetivo compensar el sobrecoste que propicia la lejanía y mantener así a las Islas en el mapa inversor.
Desde la atalaya que es la Cátedra del REF, Miranda Calderín estimó que el fuero canario «es una minucia para el Gobierno de España a medio y largo plazo». Soslayado por cuantas necesidades del conjunto de la población española deben cubrirse, no «tienen en cuenta» al diferencial fiscal canario a la hora de tomar decisiones en Madrid.
Si bien estas pueden estar llenas de lógica y servir a los intereses de la gran mayoría del Estado, obvian los de la comunidad autónoma que con más intensidad esta padeciendo la actual crisis, que tiene la tasa de desempleo más elevada (25,4%), la mayor proporción de trabajadores que permanecen afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y en la que solo cuatro de cada diez jóvenes menores de 30 años consiguen un empleo.
Con el agravante de que cada vez que obvian los preceptos del REF, los gobernantes están incumpliendo una norma aprobada en las Cortes españolas, «es más, un estatuto, una ley plus», matizó Salvador Miranda. Tampoco basta, en su opinión, con rectificar, porque eso garantiza la existencia de molestias a los administrados.
De ese modo, el director de la Cátedra del REF se refirió a la «lentitud» con que llegan las respuestas. «Nos encontramos con que muchas veces se adoptan en los últimos días de diciembre modificaciones que pedimos durante dos años», lamentó.
Impuestos
Del gasóleo al patrimonio
- El Gobierno prevé que en el primer trimestre de 2023 entre en vigor la reforma fiscal destinada a aumentar la recaudación mediante un mayor peso de la tributación verde y reduciendo o suprimiendo beneficios fiscales, según el plan de recuperación. En cuanto al impuesto del patrimonio, en el documento se evidencia «la necesidad» de coordinar la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios «para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado». Además, el documento presta atención a la tributación de las actividades digitales, para las que ya se aprobó la ‘tasa Google’. El objetivo es aumentar la recaudación y reducir la brecha existente con la media europea. En este sentido juegan un papel fundamental los beneficios fiscales, que ascienden a 60.000 millones de euros. Tras modificar los beneficios fiscales de los planes de pensiones en el IRPF y el tipo reducido del IVA para las bebidas refrescantes, el Ejecutivo considera no debe tocar el resto. Otro de los aspectos destacables es la revisión de la imposición de los hidrocarburos, lo que afecta esencialmente al gasóleo.
Jubilaciones
Prejubilarse será peor
- La reforma del sistema de pensiones se articula en ocho bloques que irán entrando en vigor en dos tandas: en 2022 y a partir de 2023. En 2022 se prevé aplicar ya la nueva revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, así como los nuevos coeficientes para la prejubilación y los premios de hasta 12.000 euros al año por alargar la edad del retiro. También en la primera mitad de 2022 está prevista la aprobación del nuevo sistema de cotización de autónomos en función de sus ingresos reales, con «un despliegue gradual». Además, en el primer semestre de 2022 se debería aprobar el nuevo modelo para estimular los planes de pensiones de empleo y al final de año el nuevo modelo de factor de sostenibilidad que permita adecuar la cuantía de la pensión a la mayor esperanza de vida. Para el 2023 está previsto completar la separación de fuentes de la Seguridad Social y acabar de trasladar al Estado 14.000 millones de gastos no contributivos que aún se financian con cuotas. También se empezará a aplicar un mayor periodo de cálculo para las pensiones.
Trabajo
Fondo tripartito para ERTE
- El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a tener aprobado este año el nuevo sistema de ERTE poscovid. No obstante, no aclara si este nuevo formato ya entrará en vigor en la recta final de este ejercicio o lo hará a partir del 1 de enero de 2022. El resto de las principales políticas referentes al ámbito laboral son la derogación parcial de la reforma laboral del PP, que estará ya en vigor antes de acabar este año, y los cambios en el sistema de prestaciones por desempleo, que lo deja para el año próximo. El nuevo sistema de ERTE poscovid se financiará con un fondo tripartito, una especie de hucha que se irá alimentando con las cotizaciones por desempleo que vayan pagando empresas y trabajadores. Y, cuando el fondo precise de nuevas inyecciones de recursos en momentos de crisis, el Estado plantea añadir el dinero de sus cuentas. Actualmente por cada trabajador se paga el 7,05% para desempleo, el 5,5% a cargo de los trabajadores y el 1,55% de la empresa. Y para facilitar la recualificación de trabajadores vía ERTE, el Gobierno pretende crear un fondo mixto para costear cursos de formación.
Infraestructuras
El pago usar las carreteras
- El Ejecutivo calcula que en 2024 se podría implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías, buscando un acuerdo social y político. El Ejecutivo sostiene que, de acuerdo con la experiencia internacional, de 2 a 3 años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar este sistema de pago por uso a nivel nacional. Esta medida formaría parte de la ley de movilidad y financiación del transporte, con la que el Gobierno pretende introducir los principios de «el que contamina paga» y «el que usa paga». Se espera que en el primer semestre de 2021 se eleve el texto al Consejo de Ministros para una primera lectura y que se apruebe en el segundo semestre de 2023 un sistema de ingresos que garantice fondos necesarios para la conservación de la red viaria. El Ejecutivo espera cierto rechazo inicial de la población, por lo que ve aconsejable unas tarifas asumibles, escalables y progresivas. Asimismo, se contemplan reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos.
Construcción
Más de 400.000 empleos
- El Gobierno estima que el Plan de Recuperación, con fondos europeos que afecta a la rehabilitación energética en el sector de la edificación contribuirá a crear al menos 188.300 empleos directos y hasta 400.000 indirectos en función de la ratio estimada «de 18 empleos por millón invertido en rehabilitación energética». Según el texto presentado a Bruselas, el objetivo es «apoyar la renovación del parque nacional de edificios residenciales y no residenciales, públicos y privados, transformándolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050». Se establecerá un límite medio de coste de actuación objeto de financiación de 15.000 euros por vivienda. Se establecerá como requisito para acceder a la subvención una reducción del consumo de energía primaria no renovable de un 30% como mínimo, o bien, la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética A o B. Ahora solo tienen esa etiqueta las viviendas nuevas. Además se prevén desgravaciones en el IRPF aún por concretar.
Cambio legal
Una nueva ley concursal
- El Gobierno se ha comprometido a remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de reforma de la ley concursal antes de junio. Viene impuesta por la necesaria transposición a la normativa española de la directiva 2019/1023 sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. La directiva europea incluye que las deudas con Hacienda y la Seguridad Social puedan ser objeto de quitas en un proceso concursal (en la actual norma son créditos privilegiados). La vicepresidenta Nadia Calviño no aclara si la nueva legislación modificará el carácter privilegiado de las deudas de una empresa o una familia si hay procedimiento concursal. La reforma es vital, a la espera de que el Gobierno levante la moratoria, derivada de la pandemia, sobre la obligación de declarar concurso de acreedores en caso de insolvencia. Cuando se levante la obligación, muchas empresas con la solvencia deteriorada por la crisis podrían entrar en supuesto concursal al no poder atender sus deudas.
Turismo
Modernizar el turismo
- El Plan de Recuperación incluye una inversión para el Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico de 3.400 millones, poniendo el foco en la sostenibilidad y en las inversiones en digitalización con el objetivo de que el sector gane en competitividad. Contempla varios ámbitos de actuación: la transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad (1.923 millones), el programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico (337 millones), estrategias de resiliencia para los archipiélagos (220 millones) y actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad (1.460 millones). Las inversiones para la transformación del modelo turístico a la sostenibilidad ascienden a 1.923 millones, de los que 681 millones son para 2021, otros 745 para 2022 y 497 para 2023. En este primer ámbito se incluyen cuatro submedidas: la elaboración de la estrategia de turismo sostenible España 2030, planes de sostenibilidad turística en destinos, planes de sostenibilidad social del sector turístico y el sistema de sostenibilidad turística integral.
