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Los efectos de la crisis redoblan los fraudes a los seguros en el Archipiélago

Las aseguradoras temen un alza de las estafas en 2021 por la falta de liquidez de las empresas

Accidente de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria.

Accidente de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria. LP / DLP

La crisis está provocando un alza en los intentos de fraude a las aseguradoras en Canarias. Las dificultades económicas que están atravesando muchos ciudadanos agudizan el ingenio y algunos tratan de obtener un dinero extra intentando engañar a sus compañías de seguro exagerando las consecuencias de un accidente de tráfico o de algún siniestro ocurrido en sus domicilios. Esta práctica no es nueva pero siempre resurge en época de vacas flacas. Ya ocurrió en la crisis financiera de 2008 y ahora las aseguradoras están empezando a notar en el Archipiélago una tendencia al alza en este tipo de estafas. Sin embargo, avisan de que lo peor podría estar por llegar, ya que temen que a lo largo de este año la dramática falta de liquidez por la atraviesan muchas compañías pueda provocar un incremento de los intentos de fraude por parte de las empresas.

Algo más de dos de cada cien expedientes que tramitaron el año pasado las aseguradoras en las Islas fueron detectados como fraudulentos. Así lo asegura un estudio elaborado por la multinacional Axa. En Canarias el porcentaje está por encima de la media nacional, que se sitúa en el 2,21%. Aunque pueda parecer una cifra bastante baja, se debe tener en cuenta que se trata solo de aquellos engaños que han sido descubiertos y que se traduce en millones de euros en pérdidas para las aseguradoras. La Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) estima que cada año estas empresas pierden 560 millones por los fraudes que se comenten en todo el país.

«Es cierto que cuando se producen situaciones de crisis económica los dos grandes tipos de fraude, el profesional y el ocasional se intensifican», explica Miguel Ángel Vázquez, responsable de prevención y lucha contra el fraude de Unespa. Sin embargo, a diferencia de lo que pudo ocurrir en la crisis anterior, las empresas aseguradoras se encuentran ahora mejor preparadas para intentar combatirlos. «Ha habido un proceso continuado de profesionalización y sofisticación de los mecanismos de lucha contra el fraude», expone y de hecho se utilizan ya herramientas tecnológicas como el Big Data y se aprovecha cualquier información disponible, como la que está alojada en el mando de los vehículos o la alarma contra incendios.

Las empresas repercuten en el resto de pólizas el sobrecoste que generan los fraudes

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Vázquez insiste en que los principales damnificados de los fraudes a las aseguradoras son «el resto de los clientes que sí son honrados» ya que las empresas deben repercutir en el resto de pólizas el sobrecoste que generan.

Aunque los intentos de fraude se incrementaron en 2020 en todas las fórmulas de seguro, las pólizas ligadas a los automóviles siguen siendo las que más se utilizan para este tipo de engaños. «Es el rey del fraude», zanja Vázquez, quien también recuerda que se trata de un seguro obligatorio a diferencia de la contratación de otro tipo de pólizas como la de vida u hogar. Dentro de los expedientes ligados al seguro del vehículo, los que más se prestan al engaño son los que incluyen daños corporales, porque es mucho más difícil de objetivar. «Según las estadísticas que tenemos, uno de cada once siniestros es fraudulento y estos porcentajes no se dan en ningún otro tipo de seguro», señala Vázquez.

Hace una década no era tan usual que las compañías rebatieran este tipo de expedientes. «No era muy común rechazar indemnizaciones de lesionados», valora Vicente Díaz, vicepresidente de Colegio de Mediadores de Seguros de Las Palmas. Sin embargo, ahora considera que la competencia por el precio más bajo que se ha establecido en el sector les hace «mirar más por el dinero y en cuanto ven algún indicio de que pueda haber algo fraudulento, lo pelean».

Díaz también asegura que en el último año se han visto incrementados los relacionados con el hogar. Las caídas durante el confinamiento, los daños derivados por temporales o las averías son los expedientes más utilizados para tratar de engañar a estas empresas. «Muchas veces no sabes cuál es el límite del fraude y la picardía», indica, ya que «te intentan colar cosas leves de poco importe, contándote lo ocurrido de manera diferente para que la compañía pague las facturas». Esto ocurre, por ejemplo, cuando se hacen pasar electrodomésticos ya estropeados como afectados por una subida de tensión o se incluyen más objetos y enseres dañados en una inundación.

El principal delito que se le puede imputar a quienes cometen este tipo de engaños es el de estafa, penado con entre seis meses y seis años de prisión

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Sin embargo, defraudar al seguro no sale gratis en muchas ocasiones. El principal delito que se le puede imputar a quienes cometen este tipo de engaños es el de estafa, penado con entre seis meses y seis años de prisión, en función de la gravedad. Pero en este tipo de operaciones pueden acabarse cometiendo otros delitos como el de falsificación en documento público o el de falso testimonio en un juicio, cuyas penas pueden sumarse, si finalmente quedan demostrados.

El responsable de prevención y lucha contra el fraude de Unespa añade que además en determinados tipos de fraude, –como en los que se simulan accidentes de tráfico de forma reiterada con un mismo grupo de personas–, «es sencillo caer en esquemas del tipo crimen organizado».

Vázquez distingue tres escalas de expedientes fraudulentos: aquellos cometidos de forma individual; los que engañan con apoyo de una segunda persona; y aquellos fraudes reiterativos orquestados por varias personas.

Para Vicente Díaz las tramas que engañan de forma reiterada a las aseguradoras son por ahora algo «anecdótico» en Canarias, donde la mayor parte de los fraudes son cometidos de forma individual. Según los datos de Unespa, las provincias canarias tampoco se encuentran entre los territorios del país con un mayor número de fraudes. Santa Cruz de Tenerife queda en el puesto 47 de 53 provincias y ciudades autónomas, con una tasa de 11 fraudes por cada mil habitantes, mientras que Las Palmas escala hasta el 18, al cometerse siete por cada millar de personas.

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