La lucha contra el blanqueo de capitales, combinada con la barrera idiomática, ha provocado el bloqueo e incluso el cierre de centenares de cuentas corrientes abiertas por ciudadanos chinos en Canarias y en toda España. Según los expertos, las entidades, en virtud de la ley, requieren a los titulares información para determinar el carácter lícito del dinero que mueven y muchos de ellos no cumplimentan dicho trámite; en la mayoría de los casos por las dificultades para entender las comunicaciones. Transcurrido un plazo de dos meses las cuentas se bloquean.
«No es la primera vez», asegura el señor Cai, que regenta un negocio de hostelería en las Islas. Él y otros afectados se retrotraen a hace cinco o seis años para situar el inicio de los encontronazos. Fue entonces cuando se obligó a los bancos a establecer protocolos que desterraran la posibilidad de que el crimen organizado se valiera de ellas para financiar sus actividades delictivas, entre ellas, el terrorismo internacional.
El problema para los ciudadanos chinos se reproduce con las fusiones, porque las entidades resultantes o mayoritarias actualizan los archivos conforme a su propia política antiblanqueo. «Debemos ser conscientes de que periódicamente, y por imperativo legal, se nos va a requerir información sobre nuestras actividades financieras», subraya la experta en prevención de blanqueo y financiación del terrorismo Elisa Hernández, y continúa: «Si nos negamos, puede suponer el cierre de las cuentas».
Hui es un abogado chino que ejerce en el Archipiélago y atiende los problemas que están teniendo varios de sus compatriotas. Asegura que en la mayoría de las ocasiones el origen está en no haber «actualizado la información» cuando el banco lo ha requerido. «Casi siempre porque se les comunica por carta o a través del móvil y no lo entienden», añade.
También explica el señor Hui que el final de este embrollo llega cuando se aporta la documentación y el banco, «como en una semana, desbloquea» la cuenta. «Es necesaria una identificación real del cliente, conocer en todo momento quién está detrás de esa sociedad que abre una cuenta, los bancos no pueden limitarse a dar por bueno al supuesto titular aparente», destaca Elisa Hernández, también vicepresidenta de Aseblac (Asociación de Sujetos Obligados en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo).
Las entidades financieras están obligadas a practicar una identificación real de los clientes
Hasta aquí la teoría, que, en ocasiones, se ve atropellada por la práctica. El señor Cai asegura que a él, «hace seis años», le cancelaron «una cuenta de un día para otro, sin previo aviso». La amplitud de su léxico al narrar sus desventuras es suficiente para desterrar la ignorancia del idioma como origen del problema. El necesario celo que ponen los países occidentales para evitar las actividades que mueven dinero negro choca en ocasiones con «la cultura diferente» que traen de su país algunos migrantes.
«Nosotros enviamos dinero a la familia y a los amigos», subraya Cai. Se hace difícil entender que esos movimientos de dinero tengan que justificarse a cada paso para quienes no tienen entre sus intenciones la de financiar actividades delictivas. En todo caso, lo que no tiene sitio en sus pensamientos es que alguien «va a bloquear primero la cuenta y después va a pedir la documentación», lamenta este emprendedor chino que asegura haber tenido que enfrentarse a esa circunstancia.
Su compatriota Fu, confirma haber recibido una carta hace unos meses además de «hace seis años». También empresario, pero del ámbito de los viajes, puntualiza que el trato no es idéntico en todos los bancos. De hecho, vaticina que aquellos que más difícil se lo están poniendo «se quedarán en poco tiempo sin clientela china». Incluso, confirma que son muchos ya los que deciden cambiar de entidad antes de verse en la tesitura de un eventual bloqueo de sus cuentas. «Antes de que me echen, me voy yo», resume.
Entre los desplantes, el señor Cai relata que no puede sacar dinero del banco con el que tiene firmado un crédito hipotecario. Todos los meses debe realizar una transferencia desde otra entidad para tener cubierto el pago. «También tengo productos vinculados, como seguros de ese banco y ya les he dicho que no pienso renovar la póliza», continúa el empresario, al que sorprende que le hayan «preguntado por qué. Son muy egoístas», lamenta.
Las quejas también se extienden al servicio dispensado a compatriotas suyos que no hablan prácticamente nada de español. «Los empleados se impacientan, el trato no es correcto», afirma.
En su caso, ha hallado un oasis de paz en las aplicaciones para móviles. «A través del teléfono planteas una operación, haces una foto a los documentos y en un día te dicen si es posible o no. Cuando vas al banco, no haces más que rellenar papeles y nadie te dice nada en una o dos semanas», critica Cai.
Elisa Hernández señala que todos los «bancos están obligados a tener una política de admisión de clientes, según el artículo 11.1 del Reglamento contra el Blanqueo». De ahí se deriva la posibilidad de abrir una cuenta y tener «unos días para complementar la información». Si transcurrido el plazo no hemos aportado la documentación requerida, «acabarán cancelándonos la cuenta y poniendo el saldo a nuestra disposición, previo bloqueo de los ingresos, que no de los pagos», explica la experta en prevención de blanqueo de capitales.
Lo que destierran tanto entidades como expertos es que haya una discriminación por nacionalidades a la hora de aplicar la norma. Ahora bien, en la práctica, chinos, rusos y turcos se sienten más fiscalizados que el resto.
¿Se vigila a todos por igual?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dicta las políticas internacionales en materia de blanqueo. En el primer trimestre de este año, se actualizaron los listados de paraísos fiscales, territorios no cooperantes y países sancionados por la Unión Europea (UE). En esta última categoría se encuentra China, junto a otros países, por ser objeto de sanciones financieras internacionales regladas por la UE. Esta circunstancia hace necesaria «la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida», subraya Elisa Hernández, vicepresidenta de Aseblac. En definitiva, la banca puede adoptar medidas más duras con respecto a los ciudadanos de terceros países que tienen la consideración de riesgo geográfico. | J. G. H.
