El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de vivienda del bipartito PSOE-Podemos. Un texto que aspira a ser la primera normativa estatal en la materia y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere llevar al Congreso de los Diputados «cuanto antes» para agilizar su tramitación parlamentaria, tal como avanzó ayer tras la reunión ministerial la titular de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. La idea en el Gobierno central es que la futura ley ya esté en vigor hacia la segunda mitad del próximo año.
La ministra insistió, informó Europa Press, en que la normativa dará «seguridad jurídica» tanto a inquilinos como a propietarios, porque dejará de considerar la vivienda «como un bien de mercado» para pasar a «consagrarla como un derecho», y rechazó que vaya a suponer una retirada de fondos internacionales en el sector. Por el contrario, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) denunció que el anteproyecto, de ponerse en práctica en sus actuales términos, reducirá la oferta de viviendas disponibles en el mercado del alquiler.
Para movilizar la vivienda y evitar los pisos vacíos, el anteproyecto establece recargos del 150% al IBI en la cuota líquida. De esta forma, se abre el abanico del 50% permitido en la actualidad hasta ese 150%. Este recargo máximo se aplicará a viviendas desocupadas durante más de dos años y a propietarios titulares de un mínimo de cuatro viviendas en el mismo municipio. La ministra insistió en que la normativa «permite conciliar los intereses de los inquilinos pero también de los propietarios».
El consejero regional de Vivienda, Sebastián Franquis, destacó la importancia de contar con un mecanismo que facilite el acceso a hogares a precios asequibles a las familias más vulnerables. «Esta ley es de una gran importancia porque al fin se va a legislar sobre el artículo 47 de la Constitución [sobre el derecho a la vivienda], algo que no se había hecho hasta ahora», subrayó Franquis.
Franquis expuso que la nueva ley «convierte el acceso a un hogar en un derecho ciudadano y proclama su función social». «Esta ley va mucho más allá del debate que se ha producido en las últimas semanas de limitar o no el alquiler de la vivienda. Ni crea inseguridad jurídica ni es confiscatorio», aseguró Franquis, que agregó que «es una ley que va más allá, que regula todos los aspectos relacionados con la vivienda, que define con claridad qué es una vivienda vacía, que crea la figura de las viviendas asequibles incentivadas y que mejorará la regulación de los desahucios en situación de vulnerabilidad».
